Equipos de medición de gases que costaron millones de pesos están prácticamente condenados a la basura; personal experimentado y capacitado ahora desempleado y una infraestructura ociosa, es el saldo de una decisión arbitraria e inconstitucional de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), que dejó fuera de la jugada a verificentros con todo listo para operar y cumplieron con los requisitos que les pidieron.
Un ejemplo es el local ubicado en la Calzada de las Águilas, número 969, colonia Los Alpes, delegación Álvaro Obregón, que hasta el 30 de diciembre del año pasado estuvo en plena actividad, y hoy está desolado.
Al frente del Centro de Verificación Vehicular A0 9041, César Juárez Romero no dudó en afirmar que la asignación de nuevos locales fue una jugada corrupta para beneficiar a políticos y amigos con un negocio muy jugoso, pues todos los vehículos en la capital tienen que someterse a una medición de gases y por cada uno se cobra 524 pesos.
Visiblemente molesto, el apoderado legal recorrió casi con una mezcla de rabia y tristeza ese local, mostró los avances que tiene, al contrario de los nuevos negocios, como es la Alerta Sísmica y los paneles solares que alimentan de energía eléctrica a las instalaciones, donde hay cinco líneas, pero, aseguró, puede llegar a siete.
En entrevista, recordó como el año pasado, entusiasmado y confiado llevó sus proyectos para mantenerse en el mercado con los dos verificentros de los que está a cargo, el otro se ubica en la delegación Cuauhtémoc con la matrícula CU 9023, y aseguró que cumplió con todos los requisitos estipulados en la convocatoria.
El rechazo a los proyectos, opinó, fue arbitraria y trivial, pues la Sedema alegó que se le habían entregado copias fotostáticas de los documentos que le pidieron y cuando se los regresaron descubrió que estaba el proyecto original sellado de recibido y un holograma que daba fe de su autenticidad.
En segundo lugar, que le faltaba el ejercicio fiscal 2017, cuando sí lo tiene, y que no estaba la forma en que la instalación afectaba a los vecinos, lo cual negó.
“Con estas decisiones que tomaron estos políticos, les valió gorro los trabajadores de este sistema, aparte de que perjudicaron a los empresarios que invirtieron dinero en todos estos sistemas para que al último los dejaran fuera. Yo creo que no se vale”, reclamó Juárez Romero.
Afirmó que con los equipos que tiene, los cuales le costaron 10 millones de pesos, puede dar el servicio, pero absurdamente la Sedema condicionó los permisos a comprar los mismos aparatos, pero nuevos.
A LOS TRIBUNALES
Ante esto, que calificó de injusticia, decidió recurrir a los tribunales para impugnar la resolución y los casos son llevados por el abogado José Luis Rivera Escalante, quien interpuso cuatro juicios de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y dos juicios de amparo ante juzgados federales administrativos, los cuales fallarían en seis meses aproximadamente.
Agregó que se han perdido casos, porque hay “línea”, pero otros se ganan con el argumento de que no se valoró adecuadamente la nulidad, cuando cumplieron con todos los requisitos, por lo que cerrarlos es condenarlos a la ruina económica.
El argumento legal que esgrimió es que se respeten los derechos legítimamente adquiridos, que se han ejercido por más de 20 años, “no se respeta el derecho humano a la propiedad ni al ejercicio a la libertad de trabajo”.
El entrevistado coincidió con su abogado de que todo fue arreglado para dar entrada a verificentros nuevos que son amistades de Tanya Müller y Miguel Ángel Mancera, titular de la Sedema y exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, respectivamente, quienes no tienen experiencia alguna y no saben lo qué van a hacer.
Finalmente, aseguró que algunos de los nuevos concesionarios ganaron los permisos sin siquiera tener el terreno para montar el verificentro, mientras que otros que ya contamos con toda la infraestructura nos rechazaron.
