La Comisión Técnica que preside el proceso de transición de la Procuraduría General de Justicia a Fiscalía encontró múltiples fallas en el actuar de la dependencia, entre ellas en el área de mediación, donde las víctimas e imputados pueden llegar a acuerdos mediante la justicia restaurativa.
Esto ocurre principalmente en casos familiares, laborales, civiles o delitos no graves.
La PGJ cuenta con 20 Unidades de Mediación, 18 de están en las coordinaciones territoriales, una en las oficinas centrales y otra enfocada en atención de adolescentes.
En ellas laboran 95 facilitadores, 99 auxiliares en procedimientos de justicia alternativa, 98 orientadores, 43 psicólogos, 71 trabajadores sociales, 28 responsables de unidad y 14 de apoyo.
Pese a la gran cantidad de personal con el que cuentan estas 20 Unidades de Mediación, su operación no es la deseada, debido a “la ausencia de una política de orientación o un plan de comunicación entre la ciudadanía sobre los beneficios que trae consigo los mecanismos alternativos de solución de controversias”.
En un informe de la Comisión Técnica–al que El Sol de México tuvo acceso- se indica que a esto se agrega que “la falta de un plan de persecución criminal y de un sistema interno de control y medición del mismo ha hecho que la utilización de las Unidades de Mediación sean un asunto discrecional del MP”.
