La audiencia de vinculación a proceso de los imputados por el colapso de la Línea 12 del Metro fue nuevamente aplazada, esta vez para el lunes 6 de junio, decidió esta tarde el juez del caso, José Luis Palacios.
La decisión fue criticada por los asesores jurídicos de los afectados, Antonio López Mendoza, Teófilo Benítez y Christopher Estupiñán, ya que no se ha respetado el derecho de las víctimas a una justicia pronta y se privilegió el derecho de la debida defensa.
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Por la mañana, Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCM), había adelantado que durante esa audiencia iba formular imputación en contra de ocho personas físicas y los representantes de dos personas morales por los delitos de homicidio, lesiones y daño culposo.
Sin embargo, la ausencia de uno de los probables responsables, Juan Antonio Giraldo, por motivos de salud llevó primero a un receso de 10 minutos para que el juzgador valorará qué era lo qué procedía y fue así que decidió aplazar la audiencia hasta la fecha señalada.
Esta es la cuarta ocasión que la audiencia de vinculación se difiere, luego de que estaba programada para que iniciara a las 10:00 horas y a la misma asistieron 50 personas aproximadamente, entre las víctimas, sus representantes, imputados y abogados.
Otro motivo de aplazamiento de la audiencia, fue el hecho de que se presentó una abogada nueva de uno de los exfuncionarios, Guillermo Leonardo Alcázar, quien fuera director responsable de Obra, la representante legal alegó que no conocía el expediente y por eso solicitaba diferir la sesión .
Los representantes de las víctimas opinaron que esto era aparentemente una estrategia de la defensa del despacho de Gabriel Regino, defensor de Enrique Horcasitas y otros cinco exfuncionarios. "La verdad es que parece que se ponen de acuerdo para enfermarse un día o dos días antes de la audiencia y así diferirla", señaló Estupiñán.
En su oportunidad, Antonio López Mendoza criticó que el tiempo que duró la reunión y el debate fue para pretender justificar el aplazamiento de la audiencia, en perjuicio del derecho de las víctimas a una impartición de justicia pronta y expedita y sin escuchar los argumentos de los asesores jurídicos.
Junto con Teófilo Benítez, informó que le dijeron al juez que si bien había una persona enferma, también es verdad que hay muchas víctimas que tienen el derecho a la salud y a darle una prontitud y celeridad a este caso, pero el juez, aseguró, se inclinó más hacia los argumentos de ellos.
"Pueden ser muchas estrategias para un lado y para el otro, sin embargo nosotros nos vamos a mantener en la misma postura y haremos imputaciones hacia un Dolo eventual en la próxima diligencia", advirtieron los abogados.
Ante esto, Gabriel Regino rechazó que el aplazamiento de las audiencias sea una de sus estrategias, porque es un proceso complejo, que involucra muchas de las partes y en las que hay una completa irregularidad.
Insistió en que no hay que olvidar dos cosas: "si el mantenimiento es parte fundamental de la investigación ¿dónde están los responsables del mismo?; y si la fiscalía afirma que la Línea 12 estuvo mal construida ¿dónde están las empresas constructoras y dónde están las empresas supervisoras?", no hay, precisó, nadie de ellas en este proceso, que al parecer obedece más a una intención política.
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Añadió que han pedido a la FGJCM que les permita acercarse a las víctimas para pactar un acuerdo reparatorio, como al que llegó Carso a través de CICSA, y la respuesta ha sido no darles autorización bajo ningún argumento.
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