La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) emitió una recomendación dirigida a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía de Justicia, ambas locales, por cometer actos de tortura el 15 de abril del 2022, durante la detención ilegal de dos mujeres que tenían ocupada la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el Centro Histórico.
El organismo acreditó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) vulneró los derechos de Magdaeva Tamara Soberanes Flores y Karla Itzel Tello Iglesias, quienes se encontraban en el inmueble ubicado en la calle República de Cuba 60, cuando los elementos policiacos realizaron un cateo, con la intención de recuperar el inmueble.
Según las pruebas recabadas por la comisión, al momento de la detención, las mujeres no fueron informadas sobre los motivos de ésta, además de que sufrieron golpes, amenazas e insultos por parte de mujeres policías.
Incluso, cuando las trasladaban el Ministerio Público a bordo de una patrulla, una de las uniformadas que las detuvo jaló del cabello a Magdaeva y metió sus dedos en la boca, para evitar que continuara gritando.
Ya en el Ministerio Público al que las trasladaron, al hacerles una revisión física, las hicieron desnudarse, para tomarles fotografías. Bajo pretexto de la inspección, policías de investigación introdujeron sus dedos a las partes íntimas de las víctimas, esto a pesar de que Magdaeva Soberanes les dijo que estaba menstruando.
En abril de 2022 se inició una investigación en la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos por el delito de ejercicio abusivo de funciones en el ámbito de la procuración de justicia, derivado de las agresiones que recibieron las mujeres.
La recomendación de la CDHCM insta a la Fiscalía y a la SSC a inscribir a las dos mujeres, víctimas directas, y a otras nueve personas familiares de ellas, consideradas víctimas indirectas, en el Registro de Víctimas de la Ciudad de México en un plazo no mayor a 180 días naturales.
De acuerdo con la Ley de Víctimas de la CdMx, la inscripción en dicho registro permite a las personas acceder a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para la reparación integral del daño. También les da derecho a mecanismos y procedimientos que permita a las víctimas acceder a la justicia.
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En un plazo que no exceda los 90 días naturales a partir de haber aceptado la recomendación, la SSC y la Fiscalía deberán instruir a sus respectivas direcciones de asuntos internos para iniciar los procedimientos administrativos correspondiente y, si es el caso, sancionar a las policías implicadas.
En cuanto a la Fiscalía, en un plazo no mayor a 365 días naturales contados a partir de que acepte la recomendación realizará un acto público de reconocimiento de responsabilidad, dirigido a las víctimas directas. En el mismo periodo presentará el informe sobre patrones y modalidades de tortura.
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