Ayer durante la comparecencia del coordinador de la Autoridad del Espacio Público (AEP), Roberto Remes, ante diputados de la Asamblea Legislativa hubo un consenso: que la contraprestación que pagan las empresas que operan los parquímetros al Gobierno debe ser mayor.
Lo anterior, luego que el pasado 22 de mayo El Sol de México informó que son cuatro las empresas que se quedaron con 70% de mil 523 millones 214 mil 832 pesos que generó Ecoparq de 2012 a 2017, y el resto fue para el Gobierno.
El coordinador de Morena en la Asamblea, César Cravioto, comentó que no está mal que un privado opere los parquímetros, pero que los permisos y concesiones deben estar diseñados para beneficio de la ciudad y no del particular.
El líder del PVEM en la Asamblea, Xavier López, secundó al decir que los parquímetros no representan un negocio para los vecinos, pero sí para las empresas , que son Operadora de Estacionamientos Bicentenario; Movilidad y Parqueo (ahora Mojo Real Estate); Nueva Generación de Estacionamientos y Copemsa.
Los vecinos de Polanco y San José Insurgentes, Virgilio Passoti y Hugo González, respectivamente, también acusaron que la división de 70% de recursos para la empresa y el resto para el gobierno debe ser ajustada en beneficio de los vecinos.
Los 13 polígonos de Ecoparq que están en operación fueron implementados por un Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR), que es otorgado por la Oficialía Mayor con base en la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público.
El propio Roberto Remes, coordinador de la AEP, planteó que los permisos o concesiones para operar parquímetros pueden darse primero con la declaratoria de necesidad de un servicio que permita luego realizar una licitación pública en la que se busquen las mejores condiciones para el gobierno capitalino.