En seis meses se debe tener lista la reubicación, reconstrucción así como la recuperación de los damnificados por el sismo del pasado 19 de septiembre, así como sus viviendas, mientras que la transformación de la Ciudad de México estará lista en cinco años.
Lo anterior es lo que propone la Ley del Programa para Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la CdMx presentada ayer ante el pleno y que fue elaborada de manera conjunta con el gobierno de la Ciudad de México, el mandatario local Miguel Ángel Mancera, y el diputado Leonel Luna.
Entre los puntos a destacar está el diseñar una estrategia de solución de vivienda permanente para afectados a través de distintos mecanismos definidos en una política pública clara y transparente, redensificación, venta de terrenos propios de la ciudad, incentivos fiscales y facilidades administrativas, créditos blandos para construcción de vivienda unifamiliar, apoyos directos a personas de muy escasos recursos.
La iniciativa, dijo el legislador en la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa, se plantea como objetivo general no solamente reconstruir la Ciudad de México sino transformarla a partir del potencial económico, humano y social de las personas que la habitan.
Detalló que la primera fase consiste en preservar la integridad física, la salud y la vida de las personas y realizar el diagnóstico de los daños. En el segundo objetivo se apoyará a las personas para su reubicación si fuera el caso, la reconstrucción o recuperación de sus inmuebles.
También se propone la creación de la Plataforma Ciudad de México, que registrará cada uno de los inmuebles y personas afectadas para garantizar que reciban el apoyo correspondiente.
Por su parte la diputada del PAN Margarita Martínez Fisher urgió a la publicación inmediata, electrónica, en lugar visible en un portal digital los procedimientos de revisión de inmuebles y la relación de las evaluaciones de manera georreferenciada, entre otros, para dar transparencia a los apoyos. Las bancadas de los otros grupos parlamentarios se adhirieron a la petición.
Sobre el tema, el diputado Mauricio Toledo presentó una iniciativa para pedir una reforma al código penal para que se castigue con hasta 11 años de cárcel por robo de bienes y donaciones para damnificados y que se agraven las penas a funcionarios que lucren con apoyos y donaciones.
Denuncia penal
Un grupo de académicos y personalidades entre los que están Federico Reyes Heroles, María Amparo Casar, Jacqueline Peschard y Edna Jaime, entre otros, así como ciudadanos que resultaron afectados por el sismo presentaron una denuncia penal.
El centro de la denuncia, explicó para El Sol de México el abogado Luis Pérez de Acha, son las personas que fallecieron, en algunos casos, según el Ministerio Público, por responsabilidad en la que han incurrido las autoridades, las empresas constructoras.
El delito sería homicidio culposo al no haber realizado las tareas de supervisión ni cumplido con responsabilidades de la ley o porque actuaron violando las leyes y la pena, de encontrarles culpables sería mayor a los 10 años de prisión.
