La compra y sustitución de equipo de videovigilancia para el C5 lo dará el gobierno de la Ciudad de México en adjudicación directa a la empresa Seguritech, la cual cuenta con al menos 10 demandas de distintos estados por incumplimiento de contrato.
Lo anterior lo aseguró el diputado de Morena José Alfonso Suárez del Real, quien solicitó al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que explique por qué se cambió de empresa.
El Sol de México solicitó al gobierno capitalino información para saber si existe la adjudicación, licencia o concesión para la empresa, con ubicación en esta ciudad, pero hasta el cierre de esta edición no se tuvo ninguna respuesta.
"Estamos hablando de un sistema que debe avanzar en la tecnología para que sea garante de seguridad, de reacción por parte de los cuerpos policiacos. No queremos que esto afecte un derecho sustantivo como es el de la seguridad", dijo Suárez del real en la Asamblea Legislativa.
Mediante un Punto de Acuerdo, el legislador también requirió exponer las razones por las cuales esos servicios ya no los prestan las empresas que gozaban de la concesión, y que ahora son sustituidas por Seguritech.
Manifestó su preocupación, pues múltiples medios informativos han documentado las irregularidades en las que ha incurrido Seguritech por incumplimiento de contratos, los cuales le han sido otorgados mediante adjudicación directa y cuya información se reserva bajo el argumento de ser de seguridad pública.
Seguritech Privada, S.A. de C.V trabaja en 14 estados, ya que ha aprovechado los problemas de inseguridad que afectan al país para ofrecer sus servicios de monitoreo a través de complejos sistemas de cámaras de videovigilancia.
De acuerdo con el periodista Marcos Vizcarra, del diario Noroeste, de Sinaloa, esta compañía ha obtenido contratos por 22 mil 307 millones 297 mil 718 pesos desde 2007 a la fecha, gracias a que la inseguridad se ha convertido en un negocio muy redituable para esta compañía.
El Sol de México verificó que algunos de los gobiernos para los que trabaja han tenido problemas como es el caso de Oaxaca, en el que la Auditoría Superior de la Federación le hace una observación a la cuenta pública 2011.
Otro ejemplo es el de Guanajuato, debido a que el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, exhortó el 3 de marzo de 2016 al Congreso local a investigar las irregularidades en la adjudicación directa de contratos a Seguritech por un monto de 2 mil 727 millones de pesos. Este caso fue un escándalo en la entidad ya que se gastaron miles de millones de pesos en el programa Escudo que no logró los resultados esperados.
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