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Brenda tenía 17 años cuando enfrentó una situación de violencia que la orilló a denunciar. No era el caso típico en que el agresor es la pareja de la mujer; el suyo se trataba de un agresor que ni siquiera era su amigo, sino un compañero de universidad que comenzó insistiéndole por teléfono pues quería conquistarla a través de 80 llamadas en sólo unos minutos, hasta caer en amenazas.
Miguel, su agresor, se aparecía en todos lados. La encontraba en el Metro, la buscaba afuera y adentro de la escuela, le mandaba mensajes con palabras altisonantes, pero el miedo la invadió cuando la siguió hasta su casa, con lo que ya no tenía ningún lugar seguro para evadirlo. Brenda decidió denunciar, pero señaló que no le hicieron caso.
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Ante la improcedencia de la denuncia, la única medida por la que se pudo proteger fue una de protección que le impidió al agresor acercarse a ella por un periodo de seis meses. La orden la obtuvo después de que visitó a un juez directamente, en el Reclusorio Norte, quien les señaló que, al no haber pasado más allá de miradas y mensajes “no se podía proceder”; sin embargo, fue un paso para que bajo la intervención de una abogada accediera a una medida de protección para que Miguel no se acercara a ella durante un periodo de seis meses.
En 2022, las medidas de protección en materia penal ordenadas por jueces para mujeres que sufren violencia en la Ciudad de México aumentaron 84 por ciento con respecto a 2021, y en algunas medidas específicas, llegaron a los números más altos del último año.
Según cifras del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX (TSJCDMX), de enero a mayo de 2021, se ordenaron dos mil 507 medidas, mientras que en este año fueron cuatro mil 613 en el mismo periodo.
Las medidas de protección tienen una duración máxima de 60 días, prorrogables hasta por 30 días y en caso de no cesar la violencia, las medidas de protección se mantienen vigentes con una revisión trimestral que justifique su permanencia.
Una de las medidas con las mayores cifras es la “Prohibición para asistir o acercarse al domicilio de la víctima directa o indirecta, así como acercarse al lugar de trabajo, estudio o cualquier lugar que frecuente”: en mayo alcanzó su número desde 2021, con 206 medidas.
El auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima llegó a su número más alto también en mayo de este año, con 30 casos. Antes de ese número, el mes con más medidas de este tipo fue abril, con 21 casos.
La medida “prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos” también obtuvo en 2022 las cifras más altas en el número de mujeres beneficiadas: durante 2021, el número más alto fue de 179; en 2022 llegó a 237 en marzo y 208 en mayo.
En entrevista con El Sol de México la Jueza Trigésima Novena Familiar del Tribunal Superior de Justicia local, Reyna Concepción Mince Serrano, señaló que la pandemia generó una serie de actos al interior de los hogares en donde fue más perceptible la violencia. Además, hay un mayor manejo de la información que está al alcance de las víctimas.
"lo primero que se realiza es tener una entrevista con ella, escucharla y dedicarle el tiempo para que ella expresa cuál es la situación que está enfrentando y qué es lo que ella espera", dijo.
Expuso que acuden al día hasta cinco mujeres, en su mayoría son canalizadas ante agentes del Ministerio Público. Registran entre cinco y 10 medidas de protección a la semana, aunque es variable, y los actos que más preocupan son intimidación y golpes en contra de mujeres.
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