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En el Congreso de la Ciudad de México, activistas de la mano de la Comisión de Equidad de Género elaboran una iniciativa conocida como la Ley Sabina, la cual implica reformas al Código Civil y Penal locales, con el fin de garantizar que las madres de familia reciban pensión para sus hijos, por parte de los deudores alimentarios.
Algunas de las problemáticas que pretenden resolver con las reformas es que las madres de familia tengan acceso inmediato a las pensiones una vez que la autoridad judicial les otorgue la guarda y custodia, que haya una forma de medir los ingresos de los padres conforme a su estilo de vida y no necesariamente a través de los registros de la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público, y que la desatención por parte de los padres deudores hacia los menores sea considerada como una forma de violencia a la mujer, por mencionar algunos puntos.
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Por parte de la sociedad civil también existe la propuesta de tipificar el hecho de que los padres de los hijos abandonen a las mujeres cuando ellas estén embarazadas, así como que ellos asuman los gastos en las pruebas de paternidad, cuando así se requiera en el proceso. Otra medida que solicitan es que el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad de México sea completamente público, es decir que cualquier persona pueda ver su nombre y foto.
La iniciativa será presentada por la diputada de Morena Ana Francis López Bayghen, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, quien ha sostenido reuniones con la principal impulsora de la Ley Sabina, Diana Luz Vázquez, de modo que será una propuesta elaborada de la mano de la sociedad civil. Prevén que se presente la próxima semana, con el fin de que el dictamen suba al pleno en septiembre, en el próximo periodo ordinario.
En la Ciudad de México, durante 2021, el Poder Judicial registró nueve mil 816 solicitudes de alimentos en los juzgados familiares, de las que 8 mil 690 fueron tramitados por las madres, mil por los padres y 126 por otros familiares con la guarda y custodia de los menores. En los primeros dos meses de 2022, hay un registro de mil 371 solicitudes de alimentos.
La diputada Ana Francis López Bayghen expuso que, a partir de un acercamiento con el colectivo “Patrulla feminista”, que recorre los estados de la República para exhibir a deudores alimentarios, iniciaron las pláticas con ellas y con otras organizaciones, para trabajar el tema. Lo primordial es que los menores tengan acceso a lo que les corresponde.
En entrevista con El Sol de México, la legisladora expuso que si bien podría pensarse que a quienes se afecta más es a las madres, al fin y al cabo son los niños y niñas a las que se les niega el derecho ya sea a su manutención o al tiempo de cuidado, porque la mamá que no tiene dinero para sus alimentos, por omisión del padre, tiene que trabajar más y dejar a los menores con familiares o en otros espacios donde se encarguen de él.
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“Dos de cada tres señores no pasan la pensión alimenticia, entonces estás hablando de que no es un tema de que estos otros señores se hicieron tarugos, sino que es un problema sistémico. Esto quiere decir que, de alguna manera, el Estado no ha sido eficiente en perseguir que las mujeres y los niños no pierdan ese derecho”, afirmó.
Explicó que deben revisarse cuáles son las razones por las cuales el Estado no ha sido eficiente. Con ese fin, realizarán mesas de trabajo con sociedad civil, legisladores y expertos en la materia.
Diana Luz Vázquez, impulsora de la Ley Sabina, comentó que la Ciudad de México ha sido pionera en temas de derechos humanos de defensa de la niñez, pues fue la primera entidad con un registro de deudores alimentarios; sin embargo, consideró que éste “se quedó corto”, porque no es completamente público.
“Hemos trabajado la propuesta con la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso de la Ciudad de México, en un sentido primero de hacer visible el padrón, igual a lo que ocurre con el Registro de Agresores Sexuales que puedes consultarla con nombre apellido y fotografía. Tenemos el registro de violentadores políticos con nombre y apellido, que es del INE, entonces ¿no sería superior hablar de visibilizar a estos agresores de infancias?”, opinó.
Agregó que el calvario jurídico de las madres es inagotable en los juzgados familiares, porque hay casos de más de 10 años que buscan una sentencia definitiva de pensión alimenticia. Una de las trabas más recurrentes ocurre cuando el padre no tiene un trabajo fijo ni salario; en ese sentido, expuso que la nueva legislación debe considerar las pensiones de acuerdo a un estudio del estilo de vida del progenitor, de manera que no sea una limitante el hecho de que no se encuentren sus aportaciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Detalló que, en las pruebas de ADN para reconocimiento de paternidad, deben aplicarse exámenes socioecómicos, de manera que el gasto sea asumido por el padre en los casos que se compruebe que la madre no tiene la solvencia.
Y en el caso del Código Penal, destacó la necesidad de que se legisle sobre la violencia que cometen los hombres al abandonar a mujeres embarazadas, porque el abandono es al infante.
