El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, lamentó que desde febrero se encuentre en el Senado la ley que busca endurecer las penas a quienes porten armas, pero “no avanza y nosotros estamos viendo que la sociedad se arma”, por ello externó su desacuerdo con la reducción de presupuesto para la prevención del delito a nivel nacional, el cual pasó en los últimos años de dos mil millones de pesos a 300 millones para 2018, cifra que a su juicio no alcanza ni para la Ciudad de México.
Al participar en el Foro Nacional Sumemos Causas por la Seguridad: Ciudadanos + Policías, resaltó la urgencia de hacer adecuaciones al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
“No estamos en contra de la Reforma de Justicia Penal, pero por sí misma no logrará los cambios que se requieren”, consideró.
El jefe de gobierno consideró indispensable que las autoridades “nos pongamos a platicar de aquellas adecuaciones que se requieren”, para no dejar toda la carga a las víctimas y que sea el Estado el que las asuma con responsabilidad.
Al precisar que no le conviene al país una sociedad armada, el mandatario capitalino reiteró la importancia de fortalecer las acciones de prevención del delito y de que los gobiernos estatales refuercen su compromiso para reducir las cifras en esa materia.
En el evento, organizado por la asociación civil Causa en Común en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, refirió que al inicio de su administración había 40 mil personas en prisión, cifra que se redujo a 27 mil actualmente y se ubicará en 25 mil en el primer semestre de 2018.
“Vemos como se están despoblando nuestras cárceles (...) inicié la administración con 40 mil personas en prisión, hoy tenemos 27 mil y el pronóstico es que tengamos 25 mil para los primeros seis meses de 2018”, dijo.
De acuerdo con Mancera, “está bien, qué bueno que vamos a despoblar las cárceles, pero cuál es nuestra acción en materia de prevención? ¿Cuál es el estado de bienestar? ¿Cómo vamos a contrarrestar el hecho de que haya más personas en libertad?”.
El Ejecutivo local llamó a fortalecer los servicios periciales, así como a revisar los presupuestos que se dedican a ese rubro y adelantó que el año próximo se sumarán mil policías más para la seguridad de la población.
En su oportunidad, María Elena Morera, titular de la organización ciudadana Causa en Común, criticó que los partidos políticos tengan secuestrada la agenda de seguridad nacional. Los asesinatos, las desapariciones, las violaciones a los derechos humanos, las extorsiones y los secuestros ya se hicieron parte de la vida de ciudadanos en México.
Uno de cada tres adultos fue víctima de un delito, en tanto que los crímenes de alto impacto van a la alza, es el caso del robo con violencia, que tuvo un incremento en el último año de 38 por ciento. La activista lamentó que la tasa de homicidios pudiera pasar de 12.8 a 24 por cada cien mil habitantes al término de esta administración. “Esta masacre sí la consideramos para nosotros de proporciones bélicas”, expresó.
Al evento acudieron el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson,
