/ jueves 14 de octubre de 2021

Metro colapsó por prácticas prohibidas para su construcción: Fiscalía

El vocero de la Fiscalía CDMX señaló que la columna en L12 se desplomó, entre otras cosas, por mala calidad en soldaduras

CDMX. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) tiene ya localizadas a las personas físicas y morales que, por sus acciones u omisiones, provocaron el desplome de una trabe de la Línea 12 del Metro.

La titular de la FGJ, Ernestina Godoy, anunció que solicitará al Poder Judicial audiencias para presentar imputaciones por los delitos de homicidio, lesiones y daños a la propiedad. A partir de ello, el juez notificará y citará a los probables responsables, personas físicas y morales, para dar inicio a su proceso penal.

➡️ Inai ordena a FGR entregar carpeta de investigación del accidente en Línea 12

Sin embargo, la funcionaria habló de la posibilidad de llegar a acuerdos reparatorios entre las personas morales imputadas y familiares de los fallecidos y lesionados.

Durante la presentación de la investigación que realizó la Fiscalía local sobre el desplome de una trabe de la Línea Dorada, la funcionaria afirmó: "Estamos promoviendo este mecanismo, antes de que se inicie un proceso complicado y un largo proceso penal ante los jueces, que podrían tardar años y con ello generar altos costos emocionales y económicos a las víctimas del colapso”.

El 3 de mayo de este año se derrumbó el tramo de esa ruta del Sistema de Transporte Colectivo entre las estaciones San Lorenzo y Los Olivos, donde murieron 26 personas y cerca de 100 resultaron lesionadas.

Explicó que estos acuerdos, previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales e incorporado al sistema de justicia, tiene el objetivo de “privilegiar los intereses de las víctimas en el proceso y encontrar soluciones que impliquen la reparación eficaz y oportuna de los daños causados, sin necesidad de desahogar un largo proceso judicial”.

La fiscal sostuvo que la justicia alternativa ofrece mejores opciones para acelerar la reparación integral del daño a las víctimas, pero se necesita la aprobación del Ministerio Público en la etapa de investigación inicial y del juez de Control en la fase complementaria.

“Es un mecanismo que favorece que las víctimas directas e indirectas sean reconocidas, que se reparen las afectaciones sufridas y que se les brinda apoyos y servicios diversos para recuperar el proyecto de vida”, insistió Godoy Ramos.

Explicó que poner al centro a las víctimas, significa centrar el proceso penal en la reparación de los daños causados, “lo que buscamos es guiarnos por los principios de la justicia restaurativa, donde las necesidades de las víctimas conducen las actuaciones de la autoridad, así el proceso debe ser lo menos revictimizante posible y la reparación del daño debe ser integral considerando todos los aspectos emocionales, patrimoniales, así como el derecho a la verdad”.

Alegó que la sociedad está cansada de casos en los que una y otra vez se deja de lado las necesidades de las víctimas, que son sometidas a años de lucha contra un sistema de justicia rígido y que no prioriza que cada una de las personas afectadas sean reparadas con miras a recuperar su proyecto de vida. “Estos principios, en este caso se materializarán en los acuerdos con las víctimas”.

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Informó que personas morales ya mostraron su deseo de responder a la convocatoria de la Fiscalía local y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceavi), con el fin de aportar recursos a un fondo que garantice la reparación integral del daño para los familiares de los fallecidos y los lesionados en estos lamentables hechos; y que se espera la participación de otras personas morales.

El pasado 26 de julio, Organización Editorial Mexicana publicó que el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Ceavi se había quedado sin fondos debido a la compensación que ha hecho a las víctimas de la L12.

De acuerdo con una solicitud de transparencia realizada por este diario, los cinco millones de pesos que se le inyectaron al fideicomiso público –cuya finalidad es servir como mecanismo financiero para el pago de las ayudas, la asistencia y la reparación integral a víctimas–, ya se habían gastado en su totalidad.

Mala construcción

Ulises Lara López, vocero de la FGJCDMX, fue el encargado de presentar el parte técnico de la investigación, el cual se debió por la casi inexistencia de pernos, soldadura de mala calidad y prácticas prohibidas en los reglamentos de construcción.

Este diario publicó el 7 de septiembre pasado los resultados del dictamen final del colapso de la Línea 12 que la empresa noruega DNV y el gobierno local dieron a conocer, donde se concluyó que el desplome fue resultado del pandeo de las vigas por la falta de pernos.

"Los resultados de los análisis indicaron que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de las vigas norte y sur facilitada por la falta de pernos funcionales en una longitud significativa", destacó.


Te recomendamos el podcast ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music

CDMX. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) tiene ya localizadas a las personas físicas y morales que, por sus acciones u omisiones, provocaron el desplome de una trabe de la Línea 12 del Metro.

La titular de la FGJ, Ernestina Godoy, anunció que solicitará al Poder Judicial audiencias para presentar imputaciones por los delitos de homicidio, lesiones y daños a la propiedad. A partir de ello, el juez notificará y citará a los probables responsables, personas físicas y morales, para dar inicio a su proceso penal.

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Sin embargo, la funcionaria habló de la posibilidad de llegar a acuerdos reparatorios entre las personas morales imputadas y familiares de los fallecidos y lesionados.

Durante la presentación de la investigación que realizó la Fiscalía local sobre el desplome de una trabe de la Línea Dorada, la funcionaria afirmó: "Estamos promoviendo este mecanismo, antes de que se inicie un proceso complicado y un largo proceso penal ante los jueces, que podrían tardar años y con ello generar altos costos emocionales y económicos a las víctimas del colapso”.

El 3 de mayo de este año se derrumbó el tramo de esa ruta del Sistema de Transporte Colectivo entre las estaciones San Lorenzo y Los Olivos, donde murieron 26 personas y cerca de 100 resultaron lesionadas.

Explicó que estos acuerdos, previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales e incorporado al sistema de justicia, tiene el objetivo de “privilegiar los intereses de las víctimas en el proceso y encontrar soluciones que impliquen la reparación eficaz y oportuna de los daños causados, sin necesidad de desahogar un largo proceso judicial”.

La fiscal sostuvo que la justicia alternativa ofrece mejores opciones para acelerar la reparación integral del daño a las víctimas, pero se necesita la aprobación del Ministerio Público en la etapa de investigación inicial y del juez de Control en la fase complementaria.

“Es un mecanismo que favorece que las víctimas directas e indirectas sean reconocidas, que se reparen las afectaciones sufridas y que se les brinda apoyos y servicios diversos para recuperar el proyecto de vida”, insistió Godoy Ramos.

Explicó que poner al centro a las víctimas, significa centrar el proceso penal en la reparación de los daños causados, “lo que buscamos es guiarnos por los principios de la justicia restaurativa, donde las necesidades de las víctimas conducen las actuaciones de la autoridad, así el proceso debe ser lo menos revictimizante posible y la reparación del daño debe ser integral considerando todos los aspectos emocionales, patrimoniales, así como el derecho a la verdad”.

Alegó que la sociedad está cansada de casos en los que una y otra vez se deja de lado las necesidades de las víctimas, que son sometidas a años de lucha contra un sistema de justicia rígido y que no prioriza que cada una de las personas afectadas sean reparadas con miras a recuperar su proyecto de vida. “Estos principios, en este caso se materializarán en los acuerdos con las víctimas”.

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Informó que personas morales ya mostraron su deseo de responder a la convocatoria de la Fiscalía local y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceavi), con el fin de aportar recursos a un fondo que garantice la reparación integral del daño para los familiares de los fallecidos y los lesionados en estos lamentables hechos; y que se espera la participación de otras personas morales.

El pasado 26 de julio, Organización Editorial Mexicana publicó que el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Ceavi se había quedado sin fondos debido a la compensación que ha hecho a las víctimas de la L12.

De acuerdo con una solicitud de transparencia realizada por este diario, los cinco millones de pesos que se le inyectaron al fideicomiso público –cuya finalidad es servir como mecanismo financiero para el pago de las ayudas, la asistencia y la reparación integral a víctimas–, ya se habían gastado en su totalidad.

Mala construcción

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