Modifican atención a víctimas de trata en la capital

Después de ocho años, la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas de la Ciudad de México, sufrió una actualización para integrar a nuevos organismos públicos con el objetivo de contar con un programa de atención integral para atender este delito con un enfoque en los derechos humanos.

Con esta nueva actualización se incorporó a las instancias de reciente creación como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión de Búsqueda de Personas y el Sistema Integral de Derechos Humanos, además de incorporar a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.

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Los cambios dan más claridad en los mecanismos e instancias competentes para la elaboración de políticas en la materia, y crea un Programa de Atención Integral a Víctimas para la Ciudad de México, atendiendo además a víctimas indirectas, personas ofendidas y testigos, con enfoque diferencial, especializado, intercultural, de derechos humanos y perspectiva de género.

Aunque el proyecto fue presentado en agosto de 2020 por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a la Comisión de Víctimas, dirigida por el diputado Emanuel Vargas, apenas el 4 de febrero de 2021 fue aprobado con 54 votos a favor.

Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que busca continuar avanzando en el fortalecimiento institucional que garantice la prevención y la atención integral centrada en las víctimas de los delitos en materia de trata de personas.

“Con el fin de ampliar los enfoques de atención a las víctimas y para atender de manera más efectiva el combate al delito de trata de personas en todas sus modalidades”, se lee en la justificación.

Se estableció, además, como objetivos particulares la distribución de competencias y formas de coordinación, bajo los principios de oportunidad y debida diligencia, para la protección y asistencia a las víctimas de los delitos de trata de personas.

Asimismo, se deberán elaborar programas de formación, profesionalización y capacitación de los funcionarios que participen en los procesos de prevención y de atención a víctimas, con enfoque en derechos humanos y perspectiva de género e intercultural; y establece, finalmente, las bases para la evaluación y revisión de las políticas, programas y acciones por parte de autoridades e instituciones.

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