/ domingo 29 de noviembre de 2020

Organizaciones civiles critican plan contra violencia de género

Tres organizaciones civiles analizan el informe sobre los avances en la materia presentados por el gobierno

Representantes de organizaciones civiles defensoras de las mujeres reconocen el esfuerzo del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo por avanzar en algunos temas para prevenir la violencia sexual, pero se requiere de mayor esfuerzo y establecer metas, porque lo que presentó con su informe a un año de la Alerta de Violencia de Género carece de sustento para acabar con los feminicidios y las desapariciones.

Red Nacional de Refugios, Equis Justicia para las Mujeres y Observatorio Cidadano Nacional del Feminicidio en entrevista con El Sol de México hacen un balance de los avances del programa de gobierno sobre la prevención y el acceso a la justicia de las capitalinas víctimas de violencia de género, que la mandataria y la Fiscal de Justicia de la Ciudad de México Ernestina Godoy, en conjunto con la titular de la Secretaría de Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar, dieron a conocer.

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Para Wendy Figueroa, representante de la Red Nacional de Refugios, la administración de la Jefa de Gobierno debe trabajar en dos puntos: “Las acciones son insuficientes, como bien lo dijo Ernestina Godoy, ya que no se ha podido garantizar la integridad y la seguridad de las mujeres, niñas y adolescentes, recordando que la Ciudad de México ocupa el primer lugar en violencia familiar con los delitos presentados de enero a septiembre, el tercer lugar en feminicidios y de éstos solamente 55 por ciento son investigados como feminicidios”.

Cuestionó la falta de información sobre el presupuesto, pues se desconoce hacia dónde va dirigido, sobre todo aquel que está destinado a la protección para prevenir los feminicidios.

Otra tema del que no se habló es sobre los refugios que hay en la Ciudad de México, y esto marcará la línea sobre las medidas de protección para las mujeres: “Se enfatiza la importancia de que sean los agresores los que salgan del domicilio, hasta lo celebraron, primero decirlo, que es un mecanismo de órdenes de protección que ya estaba contemplado en la ley (Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia), lo que nos preocupa y nos parece un foco rojo es que se busque priorizar las órdenes de protección ante los mecanismos de protección que son los refugios y si esto le sumamos que no ha habido una inversión para los refugios, entonces, pareciera ser que se está viendo de una forma unilateral”, expuso Figueroa.

Maïssa Hubert, subdirectora de Equis Justicia para las Mujeres, concordó con la jefa de Gobierno sobre que queda mucho por hacer, pero es importante reconocer el esfuerzo del gobierno, y más porque no se han perdido los espacios en el seguimiento de la alerta ni por la contingencia.

Comentó que a un año de la declaratoria el gobierno tiene muchos problemas estructurales, por ejemplo, no hay metas concretas y carecen sus iniciativas de evidencias del por qué han tomado ciertas acciones, no queda muy claro el problema público que quieren atender y sólo reportan por reportar.

En el caso de Lesvy Berlín, su mamá Araceli Osorio, peleó para que fuera visto como feminicidio / Cortesía | CUARTOSCURO

“Otro problema que veo es que todavía no tenemos mecanismos de seguimiento, por lo mismo porque no hay una meta, finalmente, hay un trabajo tremendo de la Secretaría de las Mujeres y de la Fiscalía también hay muchos esfuerzos, sin embargo, la ventaja de la Alerta de Género es el espacio de coordinación interinstitucional, creo que todavía hay áreas de oportunidades para que las demás secretarías puedan hacerse responsables de trabajar en otras medidas, me parece que es el reto más grande”, recomendó.

Sobre el Registro de los Agresores, expuso que no están a favor de este tipo de medidas, primero porque también va en contra de ciertos derechos de personas imputadas: “Por eso es la crítica de que no queda claro cómo esto va a ayudar para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres y no es la medida que mejore la investigación de esos delitos”.

En cambio para María de la Luz Estrada, coordinadora general del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el proceso para brindar acceso a la justicia a las víctimas de feminicidio y desaparición va demasiado lento y peor porque ya pasó un año desde que se trabajó en el protocolo y aún no ha sido publicado.

“Si bien la Fiscal dice que toda muerte violenta se inicie investigando como feminicidio, porque eso es lo que hemos pedido, y es un protocolo que tenemos desde hace un año, y no lo han publicado. Apenas este viernes vamos a discutir qué es lo que va a asumir el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo y la Fiscal Ernestina Godoy”, platicó.

Estrada duda que pronto se pongan en operación el Banco de Datos-ADN de los delincuentes, pues deben modificar el marco legal y ese va a ser todo un problema, espera que las autoridades vayan a la par con la ley. También le pareció que todavía son pocas las abogadas (140) que están en los Ministerios Públicos, pidió incrementarlas.

Señaló que la Fiscalía de Feminicidios apenas recibió sus instalaciones, pero están carentes de estructura con personal especializado.

“Ni siquiera se ha cumplido con la recomendación del protocolo para las necropsias con perspectiva de género”, después de que el Instituto de Ciencias Forenses realizó mal la investigación en el feminicidio de Lesvy Berlín, quien fue asesinada en la UNAM en mayo de 2017.

Las tres observaron que todavía están desorganizadas las instancias, y la información dada a un año del decreto de la Alerta muestra que sólo atienden la violencia sexual.

Representantes de organizaciones civiles defensoras de las mujeres reconocen el esfuerzo del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo por avanzar en algunos temas para prevenir la violencia sexual, pero se requiere de mayor esfuerzo y establecer metas, porque lo que presentó con su informe a un año de la Alerta de Violencia de Género carece de sustento para acabar con los feminicidios y las desapariciones.

Red Nacional de Refugios, Equis Justicia para las Mujeres y Observatorio Cidadano Nacional del Feminicidio en entrevista con El Sol de México hacen un balance de los avances del programa de gobierno sobre la prevención y el acceso a la justicia de las capitalinas víctimas de violencia de género, que la mandataria y la Fiscal de Justicia de la Ciudad de México Ernestina Godoy, en conjunto con la titular de la Secretaría de Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar, dieron a conocer.

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Para Wendy Figueroa, representante de la Red Nacional de Refugios, la administración de la Jefa de Gobierno debe trabajar en dos puntos: “Las acciones son insuficientes, como bien lo dijo Ernestina Godoy, ya que no se ha podido garantizar la integridad y la seguridad de las mujeres, niñas y adolescentes, recordando que la Ciudad de México ocupa el primer lugar en violencia familiar con los delitos presentados de enero a septiembre, el tercer lugar en feminicidios y de éstos solamente 55 por ciento son investigados como feminicidios”.

Cuestionó la falta de información sobre el presupuesto, pues se desconoce hacia dónde va dirigido, sobre todo aquel que está destinado a la protección para prevenir los feminicidios.

Otra tema del que no se habló es sobre los refugios que hay en la Ciudad de México, y esto marcará la línea sobre las medidas de protección para las mujeres: “Se enfatiza la importancia de que sean los agresores los que salgan del domicilio, hasta lo celebraron, primero decirlo, que es un mecanismo de órdenes de protección que ya estaba contemplado en la ley (Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia), lo que nos preocupa y nos parece un foco rojo es que se busque priorizar las órdenes de protección ante los mecanismos de protección que son los refugios y si esto le sumamos que no ha habido una inversión para los refugios, entonces, pareciera ser que se está viendo de una forma unilateral”, expuso Figueroa.

Maïssa Hubert, subdirectora de Equis Justicia para las Mujeres, concordó con la jefa de Gobierno sobre que queda mucho por hacer, pero es importante reconocer el esfuerzo del gobierno, y más porque no se han perdido los espacios en el seguimiento de la alerta ni por la contingencia.

Comentó que a un año de la declaratoria el gobierno tiene muchos problemas estructurales, por ejemplo, no hay metas concretas y carecen sus iniciativas de evidencias del por qué han tomado ciertas acciones, no queda muy claro el problema público que quieren atender y sólo reportan por reportar.

En el caso de Lesvy Berlín, su mamá Araceli Osorio, peleó para que fuera visto como feminicidio / Cortesía | CUARTOSCURO

“Otro problema que veo es que todavía no tenemos mecanismos de seguimiento, por lo mismo porque no hay una meta, finalmente, hay un trabajo tremendo de la Secretaría de las Mujeres y de la Fiscalía también hay muchos esfuerzos, sin embargo, la ventaja de la Alerta de Género es el espacio de coordinación interinstitucional, creo que todavía hay áreas de oportunidades para que las demás secretarías puedan hacerse responsables de trabajar en otras medidas, me parece que es el reto más grande”, recomendó.

Sobre el Registro de los Agresores, expuso que no están a favor de este tipo de medidas, primero porque también va en contra de ciertos derechos de personas imputadas: “Por eso es la crítica de que no queda claro cómo esto va a ayudar para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres y no es la medida que mejore la investigación de esos delitos”.

En cambio para María de la Luz Estrada, coordinadora general del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el proceso para brindar acceso a la justicia a las víctimas de feminicidio y desaparición va demasiado lento y peor porque ya pasó un año desde que se trabajó en el protocolo y aún no ha sido publicado.

“Si bien la Fiscal dice que toda muerte violenta se inicie investigando como feminicidio, porque eso es lo que hemos pedido, y es un protocolo que tenemos desde hace un año, y no lo han publicado. Apenas este viernes vamos a discutir qué es lo que va a asumir el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo y la Fiscal Ernestina Godoy”, platicó.

Estrada duda que pronto se pongan en operación el Banco de Datos-ADN de los delincuentes, pues deben modificar el marco legal y ese va a ser todo un problema, espera que las autoridades vayan a la par con la ley. También le pareció que todavía son pocas las abogadas (140) que están en los Ministerios Públicos, pidió incrementarlas.

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