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En el kilómetro 14 de la carretera que va de la Ciudad de México a Toluca y rodeada por los corporativos de Santa Fe se encuentra la cooperativa Palo Alto, una comunidad de 4.6 hectáreas que desde 2002 se resiste a vender sus terrenos a los grandes corporativos y que nuevamente está en riesgo de desaparecer.
Fue creada en los años 70 por trabajadores de minas de arena que se encontraban en ese lugar. Los obreros principalmente llegaron del estado de Michoacán, quienes rentaban un espacio en esa zona; sin embargo, al concluir el trabajo en la mina, estos no tuvieron cómo regresar a sus casas, por lo que se organizaron para constituir la cooperativa y comprar el suelo que ya habitaban. De esa manera lograron acceder a una vivienda y se convirtieron en socios del terreno.
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Pero ahora, un juez ha dado pie al proceso de liquidación de la cooperativa pues algunos socios quieren vender su parte. Sin tener el juicio de liquidación con resolución y sin el padrón de estos socios “disidentes” definido, el juez Quinto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México ordenó realizar una diligencia en la que se inspeccionarán todas las viviendas de la cooperativa.
“La cooperativa Palo Alto tiene 49 años de haberse constituido, el próximo año cumplimos 50. Con la lucha por el terreno se logró comprar de forma legal, y se lograron construir 210 viviendas; sin embargo, a principio de los 90 se da un conflicto social, pues 42 de los 210 propietarios querían su escritura individual para poder vender su parte”, relató Luis Márquez, quien llegó a la cooperativa hace 27 años, tras casarse con una de las hijas de uno de los socios, con quien tiene dos hijos.
Los conflictos legales iniciaron formalmente en el año 2002, luego de que los 42 disidentes le pidieron a un juez que iniciara un proceso de liquidación judicial forzosa, es decir vender todo el terreno que compone Palo Alto. Incluso se formó una comisión liquidadora para poder regular el conflicto entre ambas partes, sin embargo, de acuerdo con Márquez y otros habitantes de Palo Alto, ésta no es legítima ni tampoco los ha buscado para saber sus intenciones de venta.
“Lo que quieren hacer es cobrar 12 por ciento por concepto de honorarios, que son 170 millones de pesos por su gestión de venta. Quieren dividirnos diciendo que las viviendas valen cuatro millones de pesos, o más, y que eso recibiría cada propietario que quisiera vender”, indicó Márquez.
En Cuajimalpa, alcaldía donde se ubica Palo Alto, el precio medio de venta de una casa es de 14 millones 600 mil pesos, según datos del portal Propiedades.com.
GUARDIA NACIONAL
Palo Alto se compone de calles estrechas, puestos de comida desde alitas hasta comida corrida, canchas de futbol, gimnasio mecánico, juegos infantiles, iglesia, tortillería, biblioteca, salón de juntas, baños públicos y hasta una clínica médica.
La diligencia en la cooperativa será acompañada por al menos 50 elementos de la Guardia Nacional. Además, de acuerdo con la orden judicial, se resguardarán los centros de convivencia común, como el centro de distribución de productos Liconsa y la tortillería.
Ante esto, Márquez y Luis Escobar -también habitante de Palo Alto- relataron que esto no se tendría que llevar a cabo, pues en el juicio de liquidación aún no hay resolución para saber qué bienes tiene la cooperativa, además de que no hay un padrón de socios disidentes definido, con el fin de conocer quién vive y en calidad de qué tiene la propiedad, si es arrendatario o cualquier otra figura jurídica.
“No lo hemos aceptado, en el ámbito jurídico hemos interpuesto todos los recursos legales. Incluso este miércoles presentamos un amparo para solicitar la suspensión de lo que se va a hacer (diligencia). No tiene justificación.
“No queremos vender porque ser cooperativista es una forma de vida, porque ellos crecieron ahí y la cooperativa es todo, es un lugar inmejorable”, precisó Márquez.
Enrique Ortiz, coordinador de proyectos de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat y quien estuvo asesorando a la cooperativa en los años 70 en la parte técnica, aseguró que hay interese económicos muy fuertes, ya que el juez ordenó la diligencia cuando los que quieren vender son una minoría.
