Conforme avanza la emergencia sanitaria por el coronavirus Covid-19 en México se van abriendo nuevos frentes de debate: cómo van a amortiguar el impacto económico las pequeñas y medianas empresas, cómo se va apoyar a las trabajadoras del hogar o las personas que reciben ingresos al día, si la salud privada debe hacer pruebas y a qué costo, entre otros tantas. Ahora se suma a la mesa el tema sobre el pago de rentas en viviendas y locales comerciales.
José es arrendador de un departamento en la colonia El Coyol, alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. Hasta ahora no sabe si le condenará a su inquilino, un enfermero de 35 años con empleo estable, el pago de la renta durante los meses que dure la contingencia sanitaria. "Si sus ingresos se llegan a ver afectados, podría optar por perdonar la renta, afortunadamente no dependo en su totalidad del alquiler, pero habrá otros arrendatarios que no tendrán posibilidad de suprimir el pago", reflexiona.
Y efectivamente, Daniel, un joven de 29 años con empleo fijo, que por ahora no verá su sueldo afectado y trabajará desde casa, ya recibió la noticia de su casera de que no podrá condonarle a él y el resto de inquilinos de un inmueble en la colonia Vallejo, Gustavo A. Madero, el pago del alquiler. "No, no puedo hacer eso. También tengo gastos fuertes, nosotros ya somos personas de la tercera edad y dependemos únicamente de las rentas del edificio", le dijo la señora Gloria, de 62 años, que es su casera.
En España, el segundo país de Europa con la peor crisis causada por el Covid-19 después de Italia, han empezado a surgir a cuentagotas casos de arrendadores solidarios que han comunicado a sus inquilinos que suprimirán el cobro del alquiler durante el periodo que dure la emergencia sanitaria.
Al respecto Leonardo González, analista de bienes raíces de Propiedades.com, dice en entrevista que el sector inmobiliario en Europa tiene una regulación más sólida, por ello se pueden permitir ese tipo de iniciativas, mientras en México el arrendamiento es casi informal.
Medio centenar de organizaciones de la sociedad civil y una treintena de académicos y activistas lanzaron un pliego petitorio a nivel nacional, dirigido al gobierno federal, a los estados y al sector bancario, a través del cual demandan que durante la contingencia por el Covid-19 que ya vive México y que se prevé se agrave para abril y mayo, se garantice el derecho a la vivienda de todas las personas, en especial aquellas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.
"Esta situación impactará de manera significativa a distintos sectores de la población, pero sobre todo a las personas que sufrirán despidos, a personas trabajadoras informales o en situación precaria, y a quienes verán reducido su salario", consideraron.
El documento, dado a conocer de manera pública ayer, exige que se adopten cuatro medidas: suspensión de desalojos en todo el país y asegurar que ningún particular aproveche la situación de emergencia para llevarlos a cabo a través de presiones indebidas, decretar la suspensión del pago de las rentas de inmuebles usados para viviendas o pequeños negocios familiares y de los préstamos hipotecarios para los hogares que pierdan o vean reducidos sus ingresos, dar alternativas de vivienda a quien no tenga dónde resguardarse durante la jornada de sana distancia y suspender cortes de servicios domésticos de agua y saneamiento, así como establecer medidas urgentes de salubridad e higiene en asentamientos humanos en condiciones precarias.
EN LA CIUDAD
Hasta ahora ni el gobierno de México ni los estados han comunicado planes orientados a cumplir con estos objetivos. En la Ciudad de México la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó por ahora condonar o aplazar el cobro de impuestos a las pequeñas y medianas empresas.
Como informó El Sol de México, son 44 mil pymes y 250 mil empleados, en cálculos conservadores de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en pequeño los que se verán afectados por la crisis sanitaria que se espera y que incluso estarían en riesgo de quebrar.
Organizaciones de todo el país y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad Autónoma de México, del Instituto Tecnológico Autónomo de Monterrey, entre otras instituciones educativas y de investigación del país mencionan que "las afectaciones económicas por la contingencia pudiesen llevar a muchas personas a no estar en condiciones de pagar los alquileres de sus viviendas e incluso de los inmuebles usados para negocios familiares así como en su caso, realizar el pago de préstamos y créditos hipotecarios sobre sus viviendas y/o negocios".
"También, al igual que en otras jurisdicciones del mundo (como Estados Unidos, España e Italia), debe declararse la moratoria al pago de préstamos o créditos hipotecarios, paralizando el cobro de deudas e intereses durante la contingencia a personas, familias y negocios pequeños. Bajo esta lógica, es importante que el Infonavit adopte medidas similares con el mismo objetivo y así evitar que personas trabajadoras pierdan los beneficios de los que ya sean titulares Lo mismo debe realizarse frente a préstamos y créditos hipotecarios de instituciones bancarias privadas", añaden.
