/ martes 2 de julio de 2019

Preparan leyes de pueblos indígenas en la capital

Larisa Ortiz Quintero, secretaria de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, adelantó lo anterior y reconoció que este sector sufre para acceder a los servicios de salud y educación

El dictamen de ley secundaria para pueblos indígenas responde a demandas históricas planteadas por las comunidades locales, por ejemplo, que puedan administrar sus cementerios; nombrar autoridades, sin la intervención de partidos; y designar representantes ante la Cámara de Diputados de la Ciudad de México.

Durante una entrevista, Larisa Ortiz Quintero, secretaria de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, adelantó lo anterior y reconoció que no hay indicadores sobre la situación de ese sector poblacional en la capital, pero sufren problemas para acceder a los servicios de salud y educación.

Informó que al llegar al cargo encontró que los indígenas residentes en la Ciudad de México tenían mucha necesidad de ser escuchados, atendidos y fortalecer sus propias iniciativas, porque pueden hacer mucho para empujar su propio desarrollo, pero lo único que han necesitado una ayuda de parte de los gobiernos.

La respuesta de la administración fue la creación de la Secretaría de Pueblos, Barrios, Originarios y Comunidades Indígenas Residentes para responder a sus demandas de acceso a la justicia y por eso se tiene una defensoría que se dedica, entre otras cosas, a las preliberaciones de personas indígenas que están recluidas.

Asimismo, se creó una red de mujeres indígenas de apoyo mutuo, a fin de prevenir y erradicar la violencia entre ellas en los pueblos y comunidades, a partir de una serie de iniciativas que ya tenían y que no habían sido escuchadas.

En cuanto a la ley secundaria de la Constitución local en la materia, explicó que corresponde a los artículos 57, 58 y 59 y que ya existe un anteproyecto de dictamen elaborado por la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas del Congreso local, pero que se someterá a consulta de los interesados para enriquecerlo y se apruebe, a más tardar, el 15 de diciembre de este año.

De los indígenas presos, citó las estadísticas que indican que son de 100 a 150 personas, entre hombres, mujeres y menores de edad, pero las tomó con reservas y más bien prefirió identificar, con más exactitud, cuántas personas son, porque uno de las formas de protección contra la discriminación es negar la identidad.

En otro tema, dijo que se construyen indicadores sobre ese sector porque la discriminación que han sufrido es estructural, de tal manera que no hay datos que señalen en qué situación están porque quien levanta censos olvida preguntar a los entrevistados si son o no indígenas.

El dictamen de ley secundaria para pueblos indígenas responde a demandas históricas planteadas por las comunidades locales, por ejemplo, que puedan administrar sus cementerios; nombrar autoridades, sin la intervención de partidos; y designar representantes ante la Cámara de Diputados de la Ciudad de México.

Durante una entrevista, Larisa Ortiz Quintero, secretaria de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, adelantó lo anterior y reconoció que no hay indicadores sobre la situación de ese sector poblacional en la capital, pero sufren problemas para acceder a los servicios de salud y educación.

Informó que al llegar al cargo encontró que los indígenas residentes en la Ciudad de México tenían mucha necesidad de ser escuchados, atendidos y fortalecer sus propias iniciativas, porque pueden hacer mucho para empujar su propio desarrollo, pero lo único que han necesitado una ayuda de parte de los gobiernos.

La respuesta de la administración fue la creación de la Secretaría de Pueblos, Barrios, Originarios y Comunidades Indígenas Residentes para responder a sus demandas de acceso a la justicia y por eso se tiene una defensoría que se dedica, entre otras cosas, a las preliberaciones de personas indígenas que están recluidas.

Asimismo, se creó una red de mujeres indígenas de apoyo mutuo, a fin de prevenir y erradicar la violencia entre ellas en los pueblos y comunidades, a partir de una serie de iniciativas que ya tenían y que no habían sido escuchadas.

En cuanto a la ley secundaria de la Constitución local en la materia, explicó que corresponde a los artículos 57, 58 y 59 y que ya existe un anteproyecto de dictamen elaborado por la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas del Congreso local, pero que se someterá a consulta de los interesados para enriquecerlo y se apruebe, a más tardar, el 15 de diciembre de este año.

De los indígenas presos, citó las estadísticas que indican que son de 100 a 150 personas, entre hombres, mujeres y menores de edad, pero las tomó con reservas y más bien prefirió identificar, con más exactitud, cuántas personas son, porque uno de las formas de protección contra la discriminación es negar la identidad.

En otro tema, dijo que se construyen indicadores sobre ese sector porque la discriminación que han sufrido es estructural, de tal manera que no hay datos que señalen en qué situación están porque quien levanta censos olvida preguntar a los entrevistados si son o no indígenas.

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