En el Congreso de la Ciudad de México se analiza la propuesta de imponer ocho años de prisión a quien expida certificados de Covid-19 apócrifos, debido a que se ha detectado que en sitios como la plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico, se falsifican estos documentos.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Legislativo local, Nazario Norberto Sánchez, urgió a sancionar esa actividad ilícita.
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Propuso imponer de cuatro a ocho años de prisión, así como una multa de 26 mil pesos a 179 mil pesos a quien expida, venda o haga uso de certificados o constancias médicas alteradas o que contengan información falsa que ponga en peligro la salud de otras personas. El proyecto de decreto adiciona un artículo 339 Bis al Código Penal vigente, para detener esa actividad ilícita.
Señaló que reportes muestran que los resultados de las pruebas apócrifas se venden en las calles del Centro Histórico entre 700 y 800 pesos, aunque pueden encontrarse hasta en 500.
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