/ sábado 2 de abril de 2022

Protestan contra construcciones en la Roma Norte

Señalan que las empresas no los toman en cuenta para levantar grandes edificios de departamentos

Vecinos de la colonia Roma Norte pusieron a la calle de Coahuila como un ejemplo de las construcciones irregulares que hay en la zona y durante un recorrido con medios de comunicación señalaron al menos nueve edificaciones, seis terminadas, una de ellas en plena obra, otra con suspensión de actividades y una más todavía en proyecto.

En protesta por esta situación, realizaron el cierre parcial de la Avenida Cuauhtémoc, a la altura de la estación del Metro Hospital General, donde leyeron su pliego petitorio en el que exigieron respetar el procedimiento de Publicitación Vecinal (establecido en la Ley de Desarrollo Urbano) y las consultas públicas para grandes construcciones (establecidas en la Ley de Participación Ciudadana y la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, ambas locales).

Propusieron a las autoridades cambios a las ley en la materia, en la que se establezca la suspensión de 15 a 20 años las autorizaciones de construcción sobre predios en los que se han otorgado permisos ilegalmente; demandaron la destitución de Andrée Lilian Guigue Pérez, directora general de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente.

Responsabilizaron a la funcionaria de brindar facilidades a proyectos de construcción que atentan contra el medio ambiente y dañan los mantos freáticos del subsuelo, con lo que compromete el derecho humano al agua esta explotación del agua, dijeron, provoca hundimientos desiguales en la ciudad y aumenta los riesgos ante posibles sismos e inundaciones.

Posteriormente, realizaron una manifestación a partir de ese punto, sobre la calle de Coahuila, la cual culminó en la esquina con Manzanillo, a una cuadra de Avenida Insurgentes.

La primera obra que señalaron como irregular fue la de Coahuila número 28, cuyo terreno fue expropiado para construir vivienda social, pero, aseguraron, un hijo del exprocurador Ignacio Morales Lechuga se apoderó de él para construir un edificio de viviendas de lujo.

Los vecinos afirmaron que hay una falla geológica en ese predio, a pesar de lo cual la constructora insiste en levantar un inmueble ahí, lo cual pone en riesgo a las casas vecinas. La obra está actualmente en suspensión de actividades.

De ahí, los inconformes pasaron al número 59, un edificio terminado, pero que denunciaron hubo irregularidades en su construcción, lo mismo señalaron en los correspondientes a los números 104 y 193, que se construyeron durante el confinamiento y sin que contaran con la publicitación vecinal.

En la esquina de Coahuila y Medellín comentaron que había un edificio el cual fue demolido y ahora se prepara la construcción de otro, que muestra una lona con una publicitación vecinal, pero que no tiene los datos completos.

El recorrido terminó en la esquina de Coahuila y Manzanillo, donde mostraron un inmueble que está en construcción y aseguraron que los albañiles carecen de las prestaciones sociales.

Finalmente, invitaron nuevamente a funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México a sostener un diálogo público, abierto a los medios de comunicación, para presentarles estas y otras construcciones irregulares, a fin de obtener una respuesta a sus demandas.

Vecinos de la colonia Roma Norte pusieron a la calle de Coahuila como un ejemplo de las construcciones irregulares que hay en la zona y durante un recorrido con medios de comunicación señalaron al menos nueve edificaciones, seis terminadas, una de ellas en plena obra, otra con suspensión de actividades y una más todavía en proyecto.

En protesta por esta situación, realizaron el cierre parcial de la Avenida Cuauhtémoc, a la altura de la estación del Metro Hospital General, donde leyeron su pliego petitorio en el que exigieron respetar el procedimiento de Publicitación Vecinal (establecido en la Ley de Desarrollo Urbano) y las consultas públicas para grandes construcciones (establecidas en la Ley de Participación Ciudadana y la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, ambas locales).

Propusieron a las autoridades cambios a las ley en la materia, en la que se establezca la suspensión de 15 a 20 años las autorizaciones de construcción sobre predios en los que se han otorgado permisos ilegalmente; demandaron la destitución de Andrée Lilian Guigue Pérez, directora general de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente.

Responsabilizaron a la funcionaria de brindar facilidades a proyectos de construcción que atentan contra el medio ambiente y dañan los mantos freáticos del subsuelo, con lo que compromete el derecho humano al agua esta explotación del agua, dijeron, provoca hundimientos desiguales en la ciudad y aumenta los riesgos ante posibles sismos e inundaciones.

Posteriormente, realizaron una manifestación a partir de ese punto, sobre la calle de Coahuila, la cual culminó en la esquina con Manzanillo, a una cuadra de Avenida Insurgentes.

La primera obra que señalaron como irregular fue la de Coahuila número 28, cuyo terreno fue expropiado para construir vivienda social, pero, aseguraron, un hijo del exprocurador Ignacio Morales Lechuga se apoderó de él para construir un edificio de viviendas de lujo.

Los vecinos afirmaron que hay una falla geológica en ese predio, a pesar de lo cual la constructora insiste en levantar un inmueble ahí, lo cual pone en riesgo a las casas vecinas. La obra está actualmente en suspensión de actividades.

De ahí, los inconformes pasaron al número 59, un edificio terminado, pero que denunciaron hubo irregularidades en su construcción, lo mismo señalaron en los correspondientes a los números 104 y 193, que se construyeron durante el confinamiento y sin que contaran con la publicitación vecinal.

En la esquina de Coahuila y Medellín comentaron que había un edificio el cual fue demolido y ahora se prepara la construcción de otro, que muestra una lona con una publicitación vecinal, pero que no tiene los datos completos.

El recorrido terminó en la esquina de Coahuila y Manzanillo, donde mostraron un inmueble que está en construcción y aseguraron que los albañiles carecen de las prestaciones sociales.

Finalmente, invitaron nuevamente a funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México a sostener un diálogo público, abierto a los medios de comunicación, para presentarles estas y otras construcciones irregulares, a fin de obtener una respuesta a sus demandas.

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