En el primer año en el que la Ciudad de México convirtió el fideicomiso Uber en una aportación establecida por ley logró recaudar 203 millones 47 mil pesos de las apps que ofrecen este tipo de viajes particulares.
La administración capitalina pasada creó en 2016 un fideicomiso para que Uber depositara 1.5 por ciento del valor de cada viaje realizado, sin embargo al ser privado estaba protegido por el secreto fiduciario, por lo que la entonces Secretaría de Movilidad no podía dar a conocer las aportaciones realizadas.
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Pero hace un año, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, informó a los diputados locales que el fideicomiso desaparecería por dicha opacidad. “Uno de los compromisos de esta administración fue extinguir ese fideicomiso. Desde el inicio nos pareció que no debió de haberse hecho de esa manera”, aseguró.
Así fue que el actual gobierno a cargo de Claudia Sheinbaum Pardo terminó el fideicomiso y reguló la aportación. Desde enero de 2020, Uber, Cabify, DiDi y Beat deben pagarle al gobierno mensualmente 1.5 por ciento del cobro total antes de impuestos por cada viaje iniciado en la Ciudad de México.
El dinero que logró en 2020 mediante este impuesto es mayor al promedio obtenido en los años anteriores. De acuerdo con datos de Uber, de 2016 a 2019 pagó en total 450 millones de pesos, es decir 112 mdp en promedio por año.
El Sol de México buscó a las cuatro empresas para conocer el monto aportado de manera individual, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Destino
La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) revisó las aportaciones hechas por Uber, Cabify, DiDi y Beat.
En el segundo Informe Parcial de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, la ASCM concluyó que los comprobantes de pago coinciden con los registros tributarios, sin embargo no pudo conocer para qué se gastó el dinero.
Los recursos de este impuesto deben destinarse a la modernización, infraestructura, innovación tecnológica del servicio de transporte de pasajeros público individual y programas de capacitación para los prestadores de éste e implementar acciones para la integración, modernización, y mejora del servicio de transporte de pasajeros público concesionado.
También para realizar estudios e investigaciones para la innovación y mejora del servicio de transporte de pasajeros público; instrumentar acciones, políticas y programas vinculados a la seguridad de peatones y ciclistas; así como instrumentar acciones, políticas y programas para mejorar la movilidad en general en la Ciudad de México.
Al respecto, la Secretaría de Finanzas le explicó a la ASCM que no se asignaron los recursos, mientras que la Semovi no se pronunció al respecto.
“En el análisis de la información proporcionada por la SAF, se determinó que los recursos recaudados durante el ejercicio fiscal 2020, de los aprovechamientos correspondientes al rubro en revisión, no fueron asignados durante 2020 a ninguna Unidad Responsable del Gasto que llevara a cabo actividades o programas vinculados a la mejora de la movilidad, tomando en consideración que, en su caso, la asignación de dichos recursos se debió de llevar a cabo conforme a lo programado y presupuestado por las Unidades Responsables del Gasto y lo autorizado por el Congreso de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021”, concluyó la auditoría local.
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