La Ciudad de México postergó el regreso al semáforo rojo con la intención de no parar la economía por segunda vez en el año. Para ello pidió a la ciudadanía quedarse en casa, no hacer fiestas, posadas ni reuniones con familiares o amigos, no acudir a lugares concurridos y reducir su movilidad, pero no fue suficiente.
Este viernes la capital regresó al semáforo rojo. Ya rebasó las hospitalizaciones registradas en el pico de la pandemia alcanzado en mayo –al día de hoy casi el 80 por ciento de las camas de hospital están ocupadas– y como resultado se decretó el cierre de las actividades no esenciales del 19 de diciembre al 10 de enero, lo que afectará a casi un millón de empleados que laboran en más de 120 mil unidades económicas.
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El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud federal, Hugo López-Gatell, informó que las actividades que sí estarán permitidas en ese periodo, por ser consideradas esenciales son: venta de alimentos sin preparar y preparados, pero exclusivamente para entrega a domicilio o para llevar.
También los sectores de energía, transporte, manufactura, salud, los servicios funerarios, de construcción, financieros, de telecomunicaciones, venta y fabricación de medicamentos, tanto en venta final como cadena de proveeduría, talleres de reparaciones y refacciones. En el gobierno sigue el servicio tributario, de seguridad, obra pública, agua y servicios necesarios para su operación.
Sin embargo, no proporcionó detalles sobre las actividades que sí deberán permanecer cerradas del 19 de diciembre al 10 de enero del próximo año. Al respecto se limitó a decir que “todas las demás (actividades no esenciales) deberán mantenerse sin actividad”.
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Los detalles sobre las actividades esenciales que podrán seguir operando se darán a conocer a través de una publicación extemporánea en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y del Estado de México.
De acuerdo con el Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad, del gobierno de la Ciudad de México, son 121 mil 410 establecimientos aproximadamente que deberán cerrar, en los que laboran 968 mil 736 personas, por ser consideradas como no esenciales y estar contemplada su operación sólo a partir del semáforo naranja.
Uno de los sectores más afectados es el del comercio de productos no esenciales en micronegocios y pequeños negocios, que suman 78 mil 96 establecimientos que emplean a 413 mil 173 personas.
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Este sector incluye el comercio al por mayor de textiles y calzado, de artículos de perfumería, cosméticos y joyería, de discos, juguetes y artículos deportivos, papelería libros y periódicos, bisutería, accesorios de vestir y calzado, esparcimientos y artículos de uso personal, ferretería, tlapalería y vidrios y comercio al por menor a través de internet, catálogos impresos, televisión y similares.
El sector de los servicios profesionales, científicos y técnicos es el segundo que más empleados aglutina y que también se verán afectadas con el retroceso al semáforo rojo. Se trata de 12 mil 33 unidades económicas que emplean a 231 mil 292 personas.
Este sector engloba actividades como servicios legales, de contabilidad y auditoría, de arquitectura e ingeniería, de diseño especializado, de sistemas de cómputo, de consultoría administrativa, científica y técnica, de investigación científica y desarrollo, servicios de publicidad, de investigación de mercado y encuestas de opinión pública, de fotografía y videograbación, entre otros.
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De acuerdo con el Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad, las actividades que operen durante el semáforo rojo deben hacer obligatorio el uso de equipo de protección personal, en la medida de lo posible fomentar el uso del transporte privado con chofer para el traslado del personal, filtros sanitarios con control de temperatura y desinfección.
También deben promover los horarios escalonados de entrada y salida del personal, las funciones no básicas y que no requieren de tener presencia física en planta asignarlas desde casa; los equipos de funciones críticas deben alternar entre trabajar entre su casa y la oficina, deben prohibir las reuniones de más de cinco personas y cuarentena obligatoria de 15 días en caso de que una persona de la plantilla se considere como caso sospechoso de Covid-19 o positiva confirmada con prueba.
