La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a los diputados locales aprobar pronto que el delito por corrupción no prescriba a los tres años, como actualmente lo permite el Código Penal de la Ciudad de México.
Comentó que están por presentarse varias denuncias contra exfuncionarios, ya que en la entrega-recepción con la anterior administración encontraron varios temas irregulares.
“Primero tiene que salir la resolución administrativa y ya después presentan la denuncia”, explicó.
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La mandataria capitalina propuso a los legisladores que se derogue el último párrafo del artículo 256 bis para que las personas servidoras públicas que hayan cometido actos de corrupción se les interrumpa la prescripción.
“Presenté una iniciativa, que espero pronto se apruebe en el Congreso, sobre el planteamiento de que la corrupción no tenga preinscripción; si alguien se robó dinero público, ¿cómo que después de tres años ya no se le persigue? O sea, la prescripción inicia en el momento que se abre la carpeta de investigación, pero no puede haber prescripción, uno de los principales objetivos es acabar con la corrupción”, dijo.
Se esconden corruptos
Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno está haciendo las denuncias, pero el tema es que se esconden los exfuncionarios cuando hay órdenes de aprehensión y que muchos ya salieron del país.
“Si no los ha detenido la Fiscalía General es porque como son culpables pues no quieren presentarse ante la justicia, si fueran inocentes pues ya se hubieran presentado, pues hay órdenes de aprehensión contra varios exfuncionarios públicos y ahí está haciendo la labor la policía de investigación”.
Sobre la red de espionaje que supuestamente realizó Miguel Ángel Mancera cuando fue jefe de Gobierno, dijo no tener pruebas, pero que cuando abría el correo electrónico le llegaban alertas a su cuenta de que una persona trató de entrar a su correo desde otra IP (computadora).
“Eso sí lo recibí durante mucho tiempo y ahí me di cuenta de que alguien quería entrar al correo electrónico”, señaló.
“Para mí es indignante que se utilicen recursos públicos para montar una oficina, para espiar y para colmo para revisar el Registro Público de la Propiedad, para saber qué propiedades están intestadas para hacer un desarrollo inmobiliario, es indignante, le pido a la Fiscalía que llegue a las últimas consecuencias”, manifestó.
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