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A partir de junio, la administración de Claudia Sheinbaum tomará el control del cobro de los más de 26 mil kilómetros de red de agua potable y de drenaje que hay en la Ciudad de México, donde cuatro empresas han tenido la concesión durante 27 años: Agua de México, y a las multinacionales francesas Veolia, Iacmex y Tecsa.
De acuerdo con información en poder de este diario, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) ya notificó a las cuatro compañías el fin de los contratos que se firmaron desde 1993 y que renovó en mayo de 2004 Andrés Manuel López Obrador, cuando era jefe de Gobierno de la capital, y la propia Sheinbaum, como secretaria de Medio Ambiente. Los contratos ya se habían prorrogado en cinco ocasiones.
Las concesiones, según consta en los títulos firmados por Sheinbaum, otorgaron la facultad a las empresas privadas para realizar, en sus zonas asignadas, actividades como medición y cobro del consumo de agua, determinación y cobro de multas, gestión del padrón de usuarios e instalación, mantenimiento y reparación de medidores. Tales responsabilidades recaerán ahora en el Sacmex y la Secretaría de Finanzas, directamente.
Las cuatro empresas se habían encargado hasta ahora, además, de la instalación de nuevas conexiones de agua potable y drenaje, rehabilitación de la red secundaria de agua potable, detección y supresión de fugas no visibles, así como tratamiento y reúso de aguas residuales y protección del acuífero.
Consultada al respecto, Veolia confirmó a El Sol de México “que se ha cerrado un ciclo positivo gracias a la confianza y colaboración del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, así como del gobierno local”, con quienes fueron aliados estratégicos por más de dos décadas.
No es el primer proyecto que el gobierno de Sheinbaum cancela a la transnacional francesa. Este consorcio también estaría a cargo de la construcción de la planta de termovalorización El Sarape, que serviría para convertir basura inorgánica en energía para nutrir el Sistema de Transporte Colectivo Metro. La jefa de Gobierno decidió no continuar con el proyecto autorizado durante la administración de Miguel Ángel Mancera.
En su respuesta a este medio, Veolia afirmó que le “entusiasma la posibilidad de iniciar una nueva fase, actualizada a una ciudad innovadora y comprometida con la población”.
Sin embargo, dejó en claro que “si bien las políticas para la prestación del servicio público deben estar a cargo de los gobiernos, es recomendable que una vez establecidas las condiciones de operación se delegue a operadores, expertos en la materia con la capacidad de administrar el servicio a menor costo, de manera eficiente y con servicios de calidad para la población, como lo ha hecho Veolia durante más de 25 años en la Ciudad".
Menos optimista, Agua de México manifestó su preocupación por la decisión y el futuro de más de 500 trabajadores -entre las cuatro empresas- cuyo destino ahora es incierto.
Además, advirtió sobre el riesgo de que el cambio provoque una disminución en la recaudación monetaria que, junto con las otras tres compañías, hacían cada bimestre, ya que éstas también brindaban las oficinas de atención al público en las que los usuarios solían pagar el consumo.
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La empresa reveló que entre las justificaciones que el gobierno capitalino les dio para no extender la concesión está cumplir con una política de austeridad y terminar con la subcontratación.
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