/ lunes 6 de mayo de 2019

Perfilan multa de 50 mdp a Mítikah por tala árboles en la Benito Juárez

La secretaria del Medio Ambiente de la CDMX, Marina Robles, explicó que dicha irregularidad es el resultado de un desorden proveniente de la administración anterior

La empresa Mítikah podría hacerse acreedora a una sanción de entre siete millones y 50 millones de pesos, así como la revocación de un Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) que tenía, por el derribo arbitrario de árboles en la calle de Real de Mayorazgo.

En conferencia de prensa, la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles García, explicó que dicha irregularidad es el resultado de un desorden proveniente de la administración anterior sobre la forma de desarrollo que la ciudad debe y puede seguir.

Manifestó su preocupación por el hecho de que en esta obra se tenía una mesa de diálogo con la empresa para ir avanzando en las labores; sin embargo, con esta acción se rompió el protocolo que se estaba llevando a cabo y que implicaba la tala de árboles con un permiso condicionado.

Aclaró que tras recibir la denuncia, como autoridades acudieron al lugar de los hechos, pero debido a que las labores de poda se realizaban de manera rápida, cuando llegaron no encontraron al personal trabajando para determinar el delito en flagrancia.

Por ello tuvieron que regresar al día siguiente para encontrar al personal laborando, por lo que fue hasta entonces que pudieron efectuar el proceso administrativo para detener la obra.

Al dar los pormenores de los hechos, la directora General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), Andrée Lilián Guigue Pérez, dijo que la empresa Mítikah lleva a cabo diversas obras como parte de este proyecto desde 2009.

En el caso particular del deprimido que se pretendía construir en la calle de Real de Mayorazgo, desde avenida Universidad, explicó que se contaba con un Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) para utilizar un espacio público y en el cual se incluía el derribo de árboles.

Dicho proyecto, que implica una superficie de cuatro mil 799 metros cuadrados y construcción de tres mil 269 metros cuadrados, incluía un deprimido que ingresaba sobre avenida Universidad a la altura de la calle de Real de Mayorazgo.

En ese sentido, reveló que se encontró un documento con fecha del 15 de noviembre de 2018 y que señalaba que tras una evaluación, se requería de la tala de 80 árboles por considerarse que impedían la ejecución de parte del proyecto.

Por lo mismo, se otorgaba el permiso condicionado temporal para llevar acabo dicha acción, "siempre y cuando se contara con el visto bueno de la Semovi y la Secretaría de Seguridad Pública en ese entonces".

Sin embargo, la empresa procedió este fin de semana a llevar a cabo dicha tala sin el respectivo ni el visto bueno, lo que implicó la ruptura del diálogo que mantenía con la actual administración para la continuidad de esa obra.

Como resultado de ello, se derribaron 54 árboles y se afectó siete trasplantes, por lo que se están llevando a cabo los análisis para determinar la sanción económica, así como la revocación del PATR, y la posible detención de los responsables.

Aclaró que la sanción administrativa que iría de siete millones a 50 millones de pesos, es independiente al procedimiento judicial que se está llevando en la Fiscalía Especial de Delitos Ambientales y Protección Urbana.

La empresa Mítikah podría hacerse acreedora a una sanción de entre siete millones y 50 millones de pesos, así como la revocación de un Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) que tenía, por el derribo arbitrario de árboles en la calle de Real de Mayorazgo.

En conferencia de prensa, la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles García, explicó que dicha irregularidad es el resultado de un desorden proveniente de la administración anterior sobre la forma de desarrollo que la ciudad debe y puede seguir.

Manifestó su preocupación por el hecho de que en esta obra se tenía una mesa de diálogo con la empresa para ir avanzando en las labores; sin embargo, con esta acción se rompió el protocolo que se estaba llevando a cabo y que implicaba la tala de árboles con un permiso condicionado.

Aclaró que tras recibir la denuncia, como autoridades acudieron al lugar de los hechos, pero debido a que las labores de poda se realizaban de manera rápida, cuando llegaron no encontraron al personal trabajando para determinar el delito en flagrancia.

Por ello tuvieron que regresar al día siguiente para encontrar al personal laborando, por lo que fue hasta entonces que pudieron efectuar el proceso administrativo para detener la obra.

Al dar los pormenores de los hechos, la directora General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), Andrée Lilián Guigue Pérez, dijo que la empresa Mítikah lleva a cabo diversas obras como parte de este proyecto desde 2009.

En el caso particular del deprimido que se pretendía construir en la calle de Real de Mayorazgo, desde avenida Universidad, explicó que se contaba con un Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) para utilizar un espacio público y en el cual se incluía el derribo de árboles.

Dicho proyecto, que implica una superficie de cuatro mil 799 metros cuadrados y construcción de tres mil 269 metros cuadrados, incluía un deprimido que ingresaba sobre avenida Universidad a la altura de la calle de Real de Mayorazgo.

En ese sentido, reveló que se encontró un documento con fecha del 15 de noviembre de 2018 y que señalaba que tras una evaluación, se requería de la tala de 80 árboles por considerarse que impedían la ejecución de parte del proyecto.

Por lo mismo, se otorgaba el permiso condicionado temporal para llevar acabo dicha acción, "siempre y cuando se contara con el visto bueno de la Semovi y la Secretaría de Seguridad Pública en ese entonces".

Sin embargo, la empresa procedió este fin de semana a llevar a cabo dicha tala sin el respectivo ni el visto bueno, lo que implicó la ruptura del diálogo que mantenía con la actual administración para la continuidad de esa obra.

Como resultado de ello, se derribaron 54 árboles y se afectó siete trasplantes, por lo que se están llevando a cabo los análisis para determinar la sanción económica, así como la revocación del PATR, y la posible detención de los responsables.

Aclaró que la sanción administrativa que iría de siete millones a 50 millones de pesos, es independiente al procedimiento judicial que se está llevando en la Fiscalía Especial de Delitos Ambientales y Protección Urbana.

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