/ martes 14 de julio de 2020

Una Ley Inquilinaria pone en riesgo la propiedad privada, advierten

La ombudsperson capitalina llamó a abordar este tema con el afán de dar certidumbre y conciliar intereses

La necesidad de avanzar en la elaboración de una ley inquilinaria, fue de las coincidencias planteadas ayer por los participantes en el Foro Vivienda y Arrendamiento en los Tiempos del Covid-19, que organizó la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México.

Durante el encuentro virtual, académicos, notarios, ciudadanos y legisladores dieron una primera opinión sobre la propuesta de un grupo de ciudadanos, respaldada por diputadas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sobre la conveniencia de que arrendatarios y arrendadores lleguen a un acuerdo en estos momentos sobre el pago de la renta.

De un lado, se formaron panistas y desarrolladores inmobiliarios, quienes advirtieron que está en riesgo la propiedad privada con una legislación de ese tipo; en contra, los legisladores de Morena y los ciudadanos, que impulsaron la propuesta, precisaron que no se vulnera dicho principio.

Al final, Eduardo Santillán, presidente de esa comisión, dejó en claro que cualquier cambio legal garantizará el derecho a la propiedad privada; y que las relaciones entre esas partes deben regirse por la equidad y la justicia.

Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, llamó a abordar el tema con el afán de dar certidumbre y conciliar intereses, porque mientras que el promedio nacional de renta de vivienda es de 15% del total, en la capital es del 25 por ciento, es decir, 700 mil casas habitación aproximadamente.

A su vez, Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia local, manifestó su respeto por la decisión que tomen los diputados capitalinos, pero puso a disposición de propietarios e inquilinos el Centro de Justicia Alternativa, en el que a través de la mediación pueden llegar a acuerdos para resolver sus problemas y diferencias.

Recordó que desde el 29 de junio de este año, el Poder Judicial de la Ciudad de México ofrece ese servicio en forma virtual y subrayó que la mediación es la mejor solución.

María José Fernández, presidenta de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, señaló que los organismos empresariales que representa no se oponen a la revisión de las normas que regulan el arrendamiento. Pero consideró que la iniciativa de reformas al Código Civil “no es precisamente una medida para enfrentar la contingencia que se vive, porque no puede aplicarse de manera retroactiva a los contratos de arrendamiento que fueron suscritos al amparo de las normas vigentes”.

Sergio González, representante de la organización vecinal 06600 de la colonia Juárez, explicó que la iniciativa cuestionada fue elaborada por inquilinos, académicos y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de enfrentar la situación crítica económica actual derivada de la pandemia de Covid-19, que ha llevado a habitantes de viviendas a no poder pagar sus rentas.

Sin embargo, dejó en claro que la iniciativa no pretende atentar contra la propiedad privada de los dueños de los inmuebles, por lo que se pronunció en contra de quienes alzan fantasmas mediáticos, que señalan que se quieren robar los departamentos.

En respuesta, Salvador Sacal, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, calificó a la propuesta de violatoria del derecho y que el propietario de la vivienda y quien la renta, por esta situación excepcional, pueden llegar a acuerdos, sin que sea necesaria una modificación al Código Civil de la Ciudad de México.

Finalmente, advirtió que si esta legislación es aprobada provocará, entre otras cosas, que los ofertantes de ese tipo de departamentos emigren al Estado de México, porque en la capital esa actividad dejará de ser negocio y generará incertidumbre económica.

La necesidad de avanzar en la elaboración de una ley inquilinaria, fue de las coincidencias planteadas ayer por los participantes en el Foro Vivienda y Arrendamiento en los Tiempos del Covid-19, que organizó la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México.

Durante el encuentro virtual, académicos, notarios, ciudadanos y legisladores dieron una primera opinión sobre la propuesta de un grupo de ciudadanos, respaldada por diputadas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sobre la conveniencia de que arrendatarios y arrendadores lleguen a un acuerdo en estos momentos sobre el pago de la renta.

De un lado, se formaron panistas y desarrolladores inmobiliarios, quienes advirtieron que está en riesgo la propiedad privada con una legislación de ese tipo; en contra, los legisladores de Morena y los ciudadanos, que impulsaron la propuesta, precisaron que no se vulnera dicho principio.

Al final, Eduardo Santillán, presidente de esa comisión, dejó en claro que cualquier cambio legal garantizará el derecho a la propiedad privada; y que las relaciones entre esas partes deben regirse por la equidad y la justicia.

Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, llamó a abordar el tema con el afán de dar certidumbre y conciliar intereses, porque mientras que el promedio nacional de renta de vivienda es de 15% del total, en la capital es del 25 por ciento, es decir, 700 mil casas habitación aproximadamente.

A su vez, Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia local, manifestó su respeto por la decisión que tomen los diputados capitalinos, pero puso a disposición de propietarios e inquilinos el Centro de Justicia Alternativa, en el que a través de la mediación pueden llegar a acuerdos para resolver sus problemas y diferencias.

Recordó que desde el 29 de junio de este año, el Poder Judicial de la Ciudad de México ofrece ese servicio en forma virtual y subrayó que la mediación es la mejor solución.

María José Fernández, presidenta de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, señaló que los organismos empresariales que representa no se oponen a la revisión de las normas que regulan el arrendamiento. Pero consideró que la iniciativa de reformas al Código Civil “no es precisamente una medida para enfrentar la contingencia que se vive, porque no puede aplicarse de manera retroactiva a los contratos de arrendamiento que fueron suscritos al amparo de las normas vigentes”.

Sergio González, representante de la organización vecinal 06600 de la colonia Juárez, explicó que la iniciativa cuestionada fue elaborada por inquilinos, académicos y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de enfrentar la situación crítica económica actual derivada de la pandemia de Covid-19, que ha llevado a habitantes de viviendas a no poder pagar sus rentas.

Sin embargo, dejó en claro que la iniciativa no pretende atentar contra la propiedad privada de los dueños de los inmuebles, por lo que se pronunció en contra de quienes alzan fantasmas mediáticos, que señalan que se quieren robar los departamentos.

En respuesta, Salvador Sacal, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, calificó a la propuesta de violatoria del derecho y que el propietario de la vivienda y quien la renta, por esta situación excepcional, pueden llegar a acuerdos, sin que sea necesaria una modificación al Código Civil de la Ciudad de México.

Finalmente, advirtió que si esta legislación es aprobada provocará, entre otras cosas, que los ofertantes de ese tipo de departamentos emigren al Estado de México, porque en la capital esa actividad dejará de ser negocio y generará incertidumbre económica.

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