/ jueves 21 de noviembre de 2019

Urgen ambulantes regular su actividad

Piden a los diputados locales apoyar su trabajo para darles seguridad y reconciliarlos con los capitalinos

Comerciantes ambulantes de la Ciudad de México llamaron ayer enérgicamente a los diputados locales a discutir la iniciativa ciudadana Chambeando Ando, que regula su actividad, para no pasar a la historia como quienes dieron luz verde a la represión.

Diana Barrios, dirigente de ese sector, expresó lo anterior durante una conferencia de prensa, en la que dio un voto de confianza a los legisladores capitalinos para que discutan esa propuesta, que busca reordenar el comercio semifijo y reconciliarlo con los vecinos.

Afirmó que el planteamiento cumple con los requisitos para ser considerada como iniciativa preferente, según la Ley de Participación Ciudadana y la Constitución de la Ciudad de México; y también fue avalada por los institutos electorales local y nacional, cuyas autoridades revisaron las 32 mil 949 firmas que respaldaron la iniciativa y no encontraron ninguna falsa.

Citó el artículo 25 apartado B, numeral 3, de la Constitución capitalina que estipula que los diputados deberán resolver la procedencia de la solicitud en un plazo no mayor de 15 días hábiles y fija procedimientos para que los proponentes se incorporen a la discusión de los proyectos legislativos, “por lo que la ley Chambeando Ando tendrá que ser dictaminada primero por la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el diputado Norberto Nazario”.

Subrayó que el congreso local está obligado a respetar la ley, cumplir con la deuda histórica y dictaminar la propuesta en el periodo mencionado. Informó que la iniciativa plantea crear un consejo integrado por vecinos, ambulantes y autoridades, a fin de ordenar la actividad del comercio semifijo en las alcaldías, con horarios y sitios definidos, para evitar la criminalización del ambulantaje.

Diana Barrios propuso transparentar el uso de los recursos que los ambulantes paguen por ejercer su oficio y que el dinero sirva para mejorar las colonias donde operen, porque actualmente nadie sabe a dónde va a parar ni en qué se emplea.

EXHIBEN CUOTAS Y AGRESIONES

A pesar de exigir una cuota de entre 200 y mil 500 pesos diarios a los más de 5 mil comerciantes establecidos en calles de la alcaldía, las autoridades ocultan el destino de esos recursos, indicaron los afectados.

Denunciaron que los funcionarios los extorsionan sin descanso a los vendedores, quienes si no le entran, las autoridades de la alcaldía mandan a su grupo de choque integrado por miembros de la Unión de Tepito .

Al respecto, los comerciantes revelaron que desde la llegada de Néstor Núñez a la alcaldía, los funcionarios de Vía Pública se han dedicado a extorsionarlos, pero ahora denuncian que la nueva modalidad es que ante la negativa de los vendedores, la alcaldía envía a grupo que amenazan a quienes se niegan a pagar.

“Para esta temporada de fin de año, las autoridades nos están exigiendo un pago de 2 mil 500 pesos para poder instalarnos en Correo Mayor, donde somos unos 3 mil comerciantes, pero si no los entregamos, además de impedirnos trabajar, nos amenazan gente armada”, reveló María.

Para evitar ese tipo de extorsión, los trabajadores en el espacio público exigieron que se le debe aprobar cuanto antes un marco jurídico que determine la cuota, las obligaciones y los derechos de los trabajadores no asalariados.

Barrios añadió que, de ser necesario, se realizarán algunas manifestaciones para que el Congreso haga su trabajo.

Comerciantes ambulantes de la Ciudad de México llamaron ayer enérgicamente a los diputados locales a discutir la iniciativa ciudadana Chambeando Ando, que regula su actividad, para no pasar a la historia como quienes dieron luz verde a la represión.

Diana Barrios, dirigente de ese sector, expresó lo anterior durante una conferencia de prensa, en la que dio un voto de confianza a los legisladores capitalinos para que discutan esa propuesta, que busca reordenar el comercio semifijo y reconciliarlo con los vecinos.

Afirmó que el planteamiento cumple con los requisitos para ser considerada como iniciativa preferente, según la Ley de Participación Ciudadana y la Constitución de la Ciudad de México; y también fue avalada por los institutos electorales local y nacional, cuyas autoridades revisaron las 32 mil 949 firmas que respaldaron la iniciativa y no encontraron ninguna falsa.

Citó el artículo 25 apartado B, numeral 3, de la Constitución capitalina que estipula que los diputados deberán resolver la procedencia de la solicitud en un plazo no mayor de 15 días hábiles y fija procedimientos para que los proponentes se incorporen a la discusión de los proyectos legislativos, “por lo que la ley Chambeando Ando tendrá que ser dictaminada primero por la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el diputado Norberto Nazario”.

Subrayó que el congreso local está obligado a respetar la ley, cumplir con la deuda histórica y dictaminar la propuesta en el periodo mencionado. Informó que la iniciativa plantea crear un consejo integrado por vecinos, ambulantes y autoridades, a fin de ordenar la actividad del comercio semifijo en las alcaldías, con horarios y sitios definidos, para evitar la criminalización del ambulantaje.

Diana Barrios propuso transparentar el uso de los recursos que los ambulantes paguen por ejercer su oficio y que el dinero sirva para mejorar las colonias donde operen, porque actualmente nadie sabe a dónde va a parar ni en qué se emplea.

EXHIBEN CUOTAS Y AGRESIONES

A pesar de exigir una cuota de entre 200 y mil 500 pesos diarios a los más de 5 mil comerciantes establecidos en calles de la alcaldía, las autoridades ocultan el destino de esos recursos, indicaron los afectados.

Denunciaron que los funcionarios los extorsionan sin descanso a los vendedores, quienes si no le entran, las autoridades de la alcaldía mandan a su grupo de choque integrado por miembros de la Unión de Tepito .

Al respecto, los comerciantes revelaron que desde la llegada de Néstor Núñez a la alcaldía, los funcionarios de Vía Pública se han dedicado a extorsionarlos, pero ahora denuncian que la nueva modalidad es que ante la negativa de los vendedores, la alcaldía envía a grupo que amenazan a quienes se niegan a pagar.

“Para esta temporada de fin de año, las autoridades nos están exigiendo un pago de 2 mil 500 pesos para poder instalarnos en Correo Mayor, donde somos unos 3 mil comerciantes, pero si no los entregamos, además de impedirnos trabajar, nos amenazan gente armada”, reveló María.

Para evitar ese tipo de extorsión, los trabajadores en el espacio público exigieron que se le debe aprobar cuanto antes un marco jurídico que determine la cuota, las obligaciones y los derechos de los trabajadores no asalariados.

Barrios añadió que, de ser necesario, se realizarán algunas manifestaciones para que el Congreso haga su trabajo.

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