/ lunes 30 de noviembre de 2020

Empresas amigas compiten por el mismo contrato de Chapultepec

La Sobse adjudicó en seis días un contrato por tres millones 352 mil 400 pesos a la empresa OEC Consultores

Con una invitación restringida a cuando menos tres participantes, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) adjudicó en seis días un contrato por tres millones 352 mil 400 pesos a la empresa OEC Consultores S.C. para la elaboración de un Análisis Costo Beneficio (ACB) y un estudio inmobiliario con cálculo de plusvalía para el Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, uno de los proyectos prioritarios del gobierno federal y local.

Sin embargo, El Sol de México encontró que la empresa ganadora, propiedad de Adriana María Valdés Krieg, ha compartido personal con las otras dos competidoras que la Sobse invitó al procedimiento identificado como IO-909005993-E29-2020 OTIR-DEPOP-F-017-2020: Arq. Antonio H. Aguayo y Asociados S.C. y Centro de Análisis de Programas y Evaluación de Proyectos S.C (C-Evalúa).

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Los nombres de tres personas que firmaron las actas de junta de aclaraciones, presentación de propuestas y fallo por parte de las empresas descalificadas aparecen como parte del equipo de OEC Consultores S.C., según el sitio de internet de la empresa, consultado el 19 de noviembre pasado. A esto se suman otras dos personas que no firmaron, pero cuyos nombres también se interrelacionan.

Este diario buscó a la Sobse y a OEC Consultores S.C. para conocer sus comentarios respecto de esta nota, pero la dependencia declinó a hacerlos y de la empresa no se obtuvo respuesta. De hecho, después de que el reportero pidió los comentarios y visitó las oficinas de OEC Consultores –que comparte con su empresa hermana Mivak- el directorio que mostraba la interrelación con las otras empresas invitadas fue eliminado.

Sin embargo, este diario consultó el 18 de noviembre el portal y encontró que por parte de Arq. Antonio H. Aguayo y Asociados S.C. aparecía en el directorio el nombre de Antonio Héctor Aguayo y de Alba como especialista en infraestructura de OEC Consultores S.C. Hasta el 24 de julio de este año Aguayo fue auxiliar de la Seduvi como Perito en Desarrollo Urbano y también fue tesorero del ICOMOS Mexicano, el capítulo en México del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organización no gubernamental asociada a Unesco.

La empresa del arquitecto Aguayo fue representada en la junta de aclaraciones y presentación de propuestas de la invitación restringida que lanzó Sobse por Luis Antonio Trujillo Martínez, quien ostentó el cargo de coordinador de proyectos, el mismo con el que su nombre aparecía en el equipo que OEC Consultores S.C. daba a conocer en su portal todavía hasta el 26 de noviembre, día en que eliminó los rastros que la relacionaban con las empresas contra las que compitió por el contrato con Sobse.

Del C-Evalúa fueron dos personas las que firmaron las actas: Pablo Isaac Franco Cano las de junta de aclaraciones y presentación de propuestas con el cargo de proyectos, y Marcela Rábago Cuellar la del fallo como coordinadora técnica. En el equipo de OEC Consultores el primero aparecía como coordinador de obra y la segunda en el área de avalúos.

Aunado a esto el director de evaluación de C-Evalúa, Jerónimo Hernández Hernández aparece en el equipo de la empresa de Adriana María Valdés Krieg como economista, análisis costo y beneficio, pero su nombre también fue eliminado. Este diario realizó una búsqueda de los antecedentes registrales de las tres empresas en el Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de Economía, pero no se encontraron datos al respecto.

No obstante se pudo confirmaron que OEC Consultores S.C. es una empresa fundada en 2019, según su RFC, por la arquitecta Adriana María Valdés Krieg, quien es presidenta de la Sociedad de Arquitectos Valuadores A.C. (SAVAC) para el periodo 2020-2021 y forma parte del Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 2020.

Valdés Krieg es también fundadora de la empresa Grupo Mivak S.A. de C.V., que se describe como “formada por profesionales y arquitectos dedicados al desarrollo de avalúos, proyectos y consultoría en temas de inversión inmobiliaria”. De hecho, en su perfil de la red social LinkedIn el arquitecto Pablo Franco reporta trabajar para Grupo Mivak como arquitecto de proyectos y valuador desde 2015 a la fecha.

El portafolio de trabajo de OEC Consultores también fue eliminado el 26 de noviembre, pero El Sol de México constató que hasta antes de esta modificación ya aparecía el Bosque de Chapultepec en su sección de estudios, junto con otros como el de Barrio Chino, Barrio San Juan y 16 de septiembre, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y la Central de Abasto de Oaxaca y el Malecón de Villahermosa.

Vía transparencia este diario confirmó que en mayo de este año OEC Consultores obtuvo un contrato por adjudicación directa, por un millón 658 mil 800 pesos, de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable de Oaxaca para la “elaboración del análisis costo beneficio del proyecto de rehabilitación y modernización de la Central de Abasto Margarita Maza de Juárez”. Sin embargo, dicho contrato no es público.

Focos rojos

Para el coordinador Anticorrupción de Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Pablo Montes, hay motivos para preocuparse en esta contratación, pues se encienden focos rojos de presunta colusión como que las empresas que participaron en la invitación restringida hayan compartido personal, que no hayan realizado preguntas en la junta de aclaraciones y que ninguna haya rebasado el monto presupuestado para el contrato.

En entrevista con El Sol de México consideró “no importa que el contrato sea grande o chico en cuestiones de riesgos de corrupción, (lo importante) es cómo se están asignando tres millones de pesos del dinero de los contribuyentes, eso ya es algo relevante. Más cuando se trata de un proyecto tan grande (como el Complejo Cultural Bosque de Chapultepec) y cuando se trata del análisis costo beneficio, que es algo fundamental para cualquier proyecto”.

Un ACB evalúa si los beneficios sociales de un proyecto serán más altos que su costo económico, es decir, determina si hay motivos suficientes para realizar las inversiones, por lo que el documento reviste gran importancia para el proyecto prioritario de los gobiernos federal y local que es la inversión de 10 mil millones de pesos para final del sexenio en proyectos ambientales y culturales para el Bosque de Chapultepec.

“Una problemática que hay en el país, desde administraciones pasadas, es la falta de planeación en la obra pública, y que proyectos chicos y grandes necesitan de una serie de pasos importantes para decidir si es la mejor manera de invertir los recursos públicos, en este caso el ACB es fundamental, si sería de esperarse que al menos lo contenido en este ACB primero fuera realizado para después hacer la obra grande”, comentó Montes.

Sobre la invitación restringida que lanzó la Sobse para le contratación del ACB y un estudio inmobiliario sobre el Complejo Cultural Chapultepec, el coordinador anticorrupción del IMCO apuntó que “el hecho de que haya una relación entre las empresas, estrictamente hablando no representa una violación a la ley, (pero) pudiera ser un indicio de que las empresas pudieran tener una relación entre sí y se pudiera estar simulando una competencia”.

“Cuando se hace una invitación restringida, por sí misma se está limitando a las empresas que pueden competir, entonces entender cuáles fueron las causas por las cuáles se decidió invitar a esas empresas en específico sería lo interesante. Porque si se decidió invitar a empresas que tienen una relación estamos hablando que hubo simulación de competencia desde el mismo gobierno”, añadió.

Y subrayó que este caso “comparte muchas características de simulación de competencia, digamos que todavía hace falta más información para afirmar completamente que estamos ante uno de esos casos, pero sí resulta muy extraño que las empresas a las que se decidió invitar comparten personal, que dos de las empresas no hayan cumplido con las condiciones económicas y que no presentaron preguntas”.


Con una invitación restringida a cuando menos tres participantes, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) adjudicó en seis días un contrato por tres millones 352 mil 400 pesos a la empresa OEC Consultores S.C. para la elaboración de un Análisis Costo Beneficio (ACB) y un estudio inmobiliario con cálculo de plusvalía para el Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, uno de los proyectos prioritarios del gobierno federal y local.

Sin embargo, El Sol de México encontró que la empresa ganadora, propiedad de Adriana María Valdés Krieg, ha compartido personal con las otras dos competidoras que la Sobse invitó al procedimiento identificado como IO-909005993-E29-2020 OTIR-DEPOP-F-017-2020: Arq. Antonio H. Aguayo y Asociados S.C. y Centro de Análisis de Programas y Evaluación de Proyectos S.C (C-Evalúa).

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Los nombres de tres personas que firmaron las actas de junta de aclaraciones, presentación de propuestas y fallo por parte de las empresas descalificadas aparecen como parte del equipo de OEC Consultores S.C., según el sitio de internet de la empresa, consultado el 19 de noviembre pasado. A esto se suman otras dos personas que no firmaron, pero cuyos nombres también se interrelacionan.

Este diario buscó a la Sobse y a OEC Consultores S.C. para conocer sus comentarios respecto de esta nota, pero la dependencia declinó a hacerlos y de la empresa no se obtuvo respuesta. De hecho, después de que el reportero pidió los comentarios y visitó las oficinas de OEC Consultores –que comparte con su empresa hermana Mivak- el directorio que mostraba la interrelación con las otras empresas invitadas fue eliminado.

Sin embargo, este diario consultó el 18 de noviembre el portal y encontró que por parte de Arq. Antonio H. Aguayo y Asociados S.C. aparecía en el directorio el nombre de Antonio Héctor Aguayo y de Alba como especialista en infraestructura de OEC Consultores S.C. Hasta el 24 de julio de este año Aguayo fue auxiliar de la Seduvi como Perito en Desarrollo Urbano y también fue tesorero del ICOMOS Mexicano, el capítulo en México del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organización no gubernamental asociada a Unesco.

La empresa del arquitecto Aguayo fue representada en la junta de aclaraciones y presentación de propuestas de la invitación restringida que lanzó Sobse por Luis Antonio Trujillo Martínez, quien ostentó el cargo de coordinador de proyectos, el mismo con el que su nombre aparecía en el equipo que OEC Consultores S.C. daba a conocer en su portal todavía hasta el 26 de noviembre, día en que eliminó los rastros que la relacionaban con las empresas contra las que compitió por el contrato con Sobse.

Del C-Evalúa fueron dos personas las que firmaron las actas: Pablo Isaac Franco Cano las de junta de aclaraciones y presentación de propuestas con el cargo de proyectos, y Marcela Rábago Cuellar la del fallo como coordinadora técnica. En el equipo de OEC Consultores el primero aparecía como coordinador de obra y la segunda en el área de avalúos.

Aunado a esto el director de evaluación de C-Evalúa, Jerónimo Hernández Hernández aparece en el equipo de la empresa de Adriana María Valdés Krieg como economista, análisis costo y beneficio, pero su nombre también fue eliminado. Este diario realizó una búsqueda de los antecedentes registrales de las tres empresas en el Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de Economía, pero no se encontraron datos al respecto.

No obstante se pudo confirmaron que OEC Consultores S.C. es una empresa fundada en 2019, según su RFC, por la arquitecta Adriana María Valdés Krieg, quien es presidenta de la Sociedad de Arquitectos Valuadores A.C. (SAVAC) para el periodo 2020-2021 y forma parte del Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 2020.

Valdés Krieg es también fundadora de la empresa Grupo Mivak S.A. de C.V., que se describe como “formada por profesionales y arquitectos dedicados al desarrollo de avalúos, proyectos y consultoría en temas de inversión inmobiliaria”. De hecho, en su perfil de la red social LinkedIn el arquitecto Pablo Franco reporta trabajar para Grupo Mivak como arquitecto de proyectos y valuador desde 2015 a la fecha.

El portafolio de trabajo de OEC Consultores también fue eliminado el 26 de noviembre, pero El Sol de México constató que hasta antes de esta modificación ya aparecía el Bosque de Chapultepec en su sección de estudios, junto con otros como el de Barrio Chino, Barrio San Juan y 16 de septiembre, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y la Central de Abasto de Oaxaca y el Malecón de Villahermosa.

Vía transparencia este diario confirmó que en mayo de este año OEC Consultores obtuvo un contrato por adjudicación directa, por un millón 658 mil 800 pesos, de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable de Oaxaca para la “elaboración del análisis costo beneficio del proyecto de rehabilitación y modernización de la Central de Abasto Margarita Maza de Juárez”. Sin embargo, dicho contrato no es público.

Focos rojos

Para el coordinador Anticorrupción de Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Pablo Montes, hay motivos para preocuparse en esta contratación, pues se encienden focos rojos de presunta colusión como que las empresas que participaron en la invitación restringida hayan compartido personal, que no hayan realizado preguntas en la junta de aclaraciones y que ninguna haya rebasado el monto presupuestado para el contrato.

En entrevista con El Sol de México consideró “no importa que el contrato sea grande o chico en cuestiones de riesgos de corrupción, (lo importante) es cómo se están asignando tres millones de pesos del dinero de los contribuyentes, eso ya es algo relevante. Más cuando se trata de un proyecto tan grande (como el Complejo Cultural Bosque de Chapultepec) y cuando se trata del análisis costo beneficio, que es algo fundamental para cualquier proyecto”.

Un ACB evalúa si los beneficios sociales de un proyecto serán más altos que su costo económico, es decir, determina si hay motivos suficientes para realizar las inversiones, por lo que el documento reviste gran importancia para el proyecto prioritario de los gobiernos federal y local que es la inversión de 10 mil millones de pesos para final del sexenio en proyectos ambientales y culturales para el Bosque de Chapultepec.

“Una problemática que hay en el país, desde administraciones pasadas, es la falta de planeación en la obra pública, y que proyectos chicos y grandes necesitan de una serie de pasos importantes para decidir si es la mejor manera de invertir los recursos públicos, en este caso el ACB es fundamental, si sería de esperarse que al menos lo contenido en este ACB primero fuera realizado para después hacer la obra grande”, comentó Montes.

Sobre la invitación restringida que lanzó la Sobse para le contratación del ACB y un estudio inmobiliario sobre el Complejo Cultural Chapultepec, el coordinador anticorrupción del IMCO apuntó que “el hecho de que haya una relación entre las empresas, estrictamente hablando no representa una violación a la ley, (pero) pudiera ser un indicio de que las empresas pudieran tener una relación entre sí y se pudiera estar simulando una competencia”.

“Cuando se hace una invitación restringida, por sí misma se está limitando a las empresas que pueden competir, entonces entender cuáles fueron las causas por las cuáles se decidió invitar a esas empresas en específico sería lo interesante. Porque si se decidió invitar a empresas que tienen una relación estamos hablando que hubo simulación de competencia desde el mismo gobierno”, añadió.

Y subrayó que este caso “comparte muchas características de simulación de competencia, digamos que todavía hace falta más información para afirmar completamente que estamos ante uno de esos casos, pero sí resulta muy extraño que las empresas a las que se decidió invitar comparten personal, que dos de las empresas no hayan cumplido con las condiciones económicas y que no presentaron preguntas”.


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