/ martes 26 de abril de 2022

Víctimas de la L12 demandan a ICA ante corte de Nueva York

Un juzgado en Nueva York admitió una demanda civil en contra de ICA, Alstom y empresas de supervisión

En la búsqueda de reparación del daño para las víctimas del desplome de la Línea 12 del Metro, el despacho Carbino Legal, que representa a 13 familias de las víctimas, iniciará una “segunda batalla legal” para que se incluya a la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA) como una de las responsables del desplome ocurrido el 3 de mayo de 2021, debido a que fue la encargada del diseño de la línea y la presidenta del consorcio constructor.

Con ese objetivo, la firma dirigida por el abogado Cristopher Estupiñán se encuentra en la elaboración de un dictamen pericial enfocado específicamente al diseño, con el fin de reunir los elementos suficientes para que se considere una línea de investigación en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) en contra de ICA.

A la par de la denuncia penal, el despacho comanda una demanda civil en Estados Unidos. Sobre ella, Estupiñán adelantó a El Sol de México que fue interpuesta el 4 de febrero de 2022 en un juzgado de Nueva York, para que ICA, Alstom y empresas de supervisión asuman su responsabilidad en las diversas negligencias detectadas en la construcción. Hoy ofrecerá más detalles en conferencia.

A una semana de que se cumpla un año del desplome de la Línea Dorada, la demanda interpuesta en Estados Unidos se encuentra en proceso de emplazamiento de las partes, es decir que fue admitida y será notificada a los involucrados; además recientemente hubo acercamiento con una de las compañías que participó en la construcción, adelantó el abogado, aunque reservó cuál.

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El objetivo de la demanda en lo civil y de la denuncia en lo penal es lograr una indemnización histórica y justa, donde las empresas se vean gravemente afectadas por sus acciones, como lo estuvieron las familias, y sentar un reconocimiento material de la memoria histórica por parte del Gobierno.

En junio de 2021, integrantes de los despachos de abogados The Webster Law Firm y Carbino Legal manifestaron por primera vez su intención de interponer una demanda civil ante tribunales de Estados Unidos.

En octubre, cuando la FGJCDMX informó sobre las imputaciones, éstas no incluyeron a las empresas. A partir de eso el despacho trabaja en la recopilación de datos para incluir a ICA en la lista de responsables que, hasta el momento, sólo abarca a exfuncionarios de Proyecto Metro.

“Nosotros estamos preparando uno (un dictamen), y actos tendientes a indagar quiénes fueron las partes de ICA, las relacionadas, subcontratadas, declaraciones, etcétera. Lo hemos solicitado, la Fiscalía se ha negado incluso hemos solicitado una audiencia de control al Tribunal Superior de la CDMX, precisamente porque existen elementos en la carpeta de investigación para abrir una línea de investigación concreta en contra de ICA; se desechó la petición y fuimos denunciados por desacato judicial”, mencionó el defensor.

Luego, en febrero de este año, un juez de control en la ciudad rechazó imputar algún delito a las empresas involucradas en la supervisión y construcción de la L12. En ese mes el despacho también recurrió a los juzgados de EU, para lograr la imputación que no consideró el juez capitalino, pero ahora a través de la vía civil.

“En Estados Unidos encontramos una posibilidad de ejercitar acción civil en Nueva York, en contra del consorcio constructor. Hay algo que se le llama punto de contacto, en Estados Unidos, que es un término legal para referir a las circunstancias de hecho que permiten o que dan validez a la competencia, para que un juzgado en una Corte Americana acepte tramitar un asunto.

“Lo estamos proponiendo en sentido de que Alstom tiene una sede en Nueva York; que ICA, que se encargó del diseño, estuvo cotizando en la bolsa durante ese periodo, casualmente dejó de cotizar en la bolsa después de que entrara en operación la Línea 12. Es un tema que la fiscalía se ha negado a investigar”, detalló.

En el camino legal para una justa reparación del daño y el esclarecimiento de los hechos, el despacho de Estupiñán representó a cerca de 26 familias; sin embargo, conforme el Gobierno de la Ciudad de México las convencía para aceptar los apoyos económicos que les ofrecía la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX (Ceavi), desistían de la representación.

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“A día de hoy ostentamos la representación de 13 familias que no han firmado el acuerdo reparatorio y hay 24 familias que suscribieron un compromiso con nosotros y nosotros con ellos. De esas 24, 11 firmaron un acuerdo de reparación desistiendo de nuestra intervención; sin embargo, están muy interesadas de las acciones legales que vamos a emprender en contra de ICA, Alstom y empresas subcontratadas”, aseveró.

En la búsqueda de reparación del daño para las víctimas del desplome de la Línea 12 del Metro, el despacho Carbino Legal, que representa a 13 familias de las víctimas, iniciará una “segunda batalla legal” para que se incluya a la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA) como una de las responsables del desplome ocurrido el 3 de mayo de 2021, debido a que fue la encargada del diseño de la línea y la presidenta del consorcio constructor.

Con ese objetivo, la firma dirigida por el abogado Cristopher Estupiñán se encuentra en la elaboración de un dictamen pericial enfocado específicamente al diseño, con el fin de reunir los elementos suficientes para que se considere una línea de investigación en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) en contra de ICA.

A la par de la denuncia penal, el despacho comanda una demanda civil en Estados Unidos. Sobre ella, Estupiñán adelantó a El Sol de México que fue interpuesta el 4 de febrero de 2022 en un juzgado de Nueva York, para que ICA, Alstom y empresas de supervisión asuman su responsabilidad en las diversas negligencias detectadas en la construcción. Hoy ofrecerá más detalles en conferencia.

A una semana de que se cumpla un año del desplome de la Línea Dorada, la demanda interpuesta en Estados Unidos se encuentra en proceso de emplazamiento de las partes, es decir que fue admitida y será notificada a los involucrados; además recientemente hubo acercamiento con una de las compañías que participó en la construcción, adelantó el abogado, aunque reservó cuál.

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El objetivo de la demanda en lo civil y de la denuncia en lo penal es lograr una indemnización histórica y justa, donde las empresas se vean gravemente afectadas por sus acciones, como lo estuvieron las familias, y sentar un reconocimiento material de la memoria histórica por parte del Gobierno.

En junio de 2021, integrantes de los despachos de abogados The Webster Law Firm y Carbino Legal manifestaron por primera vez su intención de interponer una demanda civil ante tribunales de Estados Unidos.

En octubre, cuando la FGJCDMX informó sobre las imputaciones, éstas no incluyeron a las empresas. A partir de eso el despacho trabaja en la recopilación de datos para incluir a ICA en la lista de responsables que, hasta el momento, sólo abarca a exfuncionarios de Proyecto Metro.

“Nosotros estamos preparando uno (un dictamen), y actos tendientes a indagar quiénes fueron las partes de ICA, las relacionadas, subcontratadas, declaraciones, etcétera. Lo hemos solicitado, la Fiscalía se ha negado incluso hemos solicitado una audiencia de control al Tribunal Superior de la CDMX, precisamente porque existen elementos en la carpeta de investigación para abrir una línea de investigación concreta en contra de ICA; se desechó la petición y fuimos denunciados por desacato judicial”, mencionó el defensor.

Luego, en febrero de este año, un juez de control en la ciudad rechazó imputar algún delito a las empresas involucradas en la supervisión y construcción de la L12. En ese mes el despacho también recurrió a los juzgados de EU, para lograr la imputación que no consideró el juez capitalino, pero ahora a través de la vía civil.

“En Estados Unidos encontramos una posibilidad de ejercitar acción civil en Nueva York, en contra del consorcio constructor. Hay algo que se le llama punto de contacto, en Estados Unidos, que es un término legal para referir a las circunstancias de hecho que permiten o que dan validez a la competencia, para que un juzgado en una Corte Americana acepte tramitar un asunto.

“Lo estamos proponiendo en sentido de que Alstom tiene una sede en Nueva York; que ICA, que se encargó del diseño, estuvo cotizando en la bolsa durante ese periodo, casualmente dejó de cotizar en la bolsa después de que entrara en operación la Línea 12. Es un tema que la fiscalía se ha negado a investigar”, detalló.

En el camino legal para una justa reparación del daño y el esclarecimiento de los hechos, el despacho de Estupiñán representó a cerca de 26 familias; sin embargo, conforme el Gobierno de la Ciudad de México las convencía para aceptar los apoyos económicos que les ofrecía la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX (Ceavi), desistían de la representación.

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“A día de hoy ostentamos la representación de 13 familias que no han firmado el acuerdo reparatorio y hay 24 familias que suscribieron un compromiso con nosotros y nosotros con ellos. De esas 24, 11 firmaron un acuerdo de reparación desistiendo de nuestra intervención; sin embargo, están muy interesadas de las acciones legales que vamos a emprender en contra de ICA, Alstom y empresas subcontratadas”, aseveró.

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