Ante la constante violencia política que hay en el país y sobre todo la violencia de género, una propuesta en la Ciudad de México busca que la Declaración 3 de 3 contra la violencia sea una Ley, además de que alguien que fue sancionado por violencia política de género no pueda ocupar un cargo público de alto nivel.
La diputada perredista Gabriela Quiroga Anguiano dijo que con la propuesta busca fortalecer y contribuir a erradicar de manera más puntual la violencia política de género.
También, propuso modificar la figura de la iniciativa preferente para que se obligue a la persona titular de la Jefatura de Gobierno a que, dentro de su periodo constitucional, presente al menos dos iniciativas en donde una sea especialmente para atender la problemática.
Esto, ante las alarmantes cifras de delitos que se registran en contra de los políticos, pues de acuerdo al informe de Violencia Política en México de la consultora Etellekt, más de 1 mil 66 agresiones se reportaron, de las cuales 102 fueron víctimas de homicidio doloso, 36 de ellas aspirantes y candidatos a cargos de elección
Tan solo en la Ciudad de México, se contabilizaron 32 agresiones reportadas en 11 de las 16 demarcaciones territoriales, entre las que se encuentran: Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Coyoacán, Cuauhtémoc, Tláhuac, Iztapalapa, Xochimilco, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa.
Por lo que esta iniciativa tiene como objetivo obligar a que las leyes electorales establezcan mecanismos que garanticen a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, libres de violencia, mediante mecanismos para su prevención, atención, sanción, reparación y erradicación.
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La diputada perredista, explicó que se busca incluir la obligación de que a las mujeres no podrá otorgárseles menos del 40% del financiamiento público con el que cuente cada partido político o coalición para las actividades de campaña y no menos del 10% a los grupos vulnerables como las poblaciones indígenas y la comunidad de la diversidad sexual, denominado “Financiamiento Público Incluyente”.
