/ lunes 23 de noviembre de 2020

A un año de la declaratoria de Alerta de Género, base de agresores sigue vacía

La fiscal de justicia capitalina explicó que los jueces del Poder Judicial de la Ciudad ya han empezado a emitir órdenes para inscribir a las personas sentenciadas

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo y la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, presumieron ayer los avances tras un año de la declaratoria de la Alerta de la Violencia Contra las Mujeres, pero el Poder Judicial va lento y el Registro Público de Agresores Sexuales sigue vacío por falta de sentencias.

El 20 de marzo se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Decreto por el que se crea el Registro Público. Fue la Secretaría de Gobierno, en colaboración con la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), la que creó el portal donde se pondrá a disposición de la población información de carácter público, declaró la fiscal Ernestina Godoy.

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Pero el registro aún no tiene integrantes pues, según la secretaria de las Mujeres (SeMujeres), Ingrid Gómez, aún tomará tiempo debido a las sentencias. Este proyecto contempla que las personas que sean sentenciadas por los delitos de feminicidio, violación, violación de menores de 12 años, turismo sexual y trata, serán inscritas a la base de datos, una vez cumplida su pena en la cárcel, por un mínimo de 10 y un máximo de 30 años.

“Hemos estado trabajando en todo lo que ha tenido que ver con la plataforma y cómo serían estos registros pero es necesario, tener sentencias ejecutorias para que puedan formar parte de este registro. En esto nos encontramos y, una vez seguramente, ya el tribunal (hoy Poder Judicial) ha estado trabajando ahora sí que a todo vapor porque hubo una limitante sobre todo en la primera fase de la pandemia que podremos ya tener sentencias para nutrir esta plataforma y esta base de datos”, dijo durante la reunión del 30 de septiembre pasado en la que participan distintos actores para atender la violencia de género.

La fiscal de justicia capitalina explicó que los jueces del Poder Judicial de la Ciudad ya han empezado a emitir órdenes para inscribir a las personas sentenciadas, con lo que buscan garantizar el derecho de las víctimas a la no repetición y a una vida libre de violencia.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo y la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, presumieron ayer los avances tras un año de la declaratoria de la Alerta de la Violencia Contra las Mujeres, pero el Poder Judicial va lento y el Registro Público de Agresores Sexuales sigue vacío por falta de sentencias.

El 20 de marzo se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Decreto por el que se crea el Registro Público. Fue la Secretaría de Gobierno, en colaboración con la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), la que creó el portal donde se pondrá a disposición de la población información de carácter público, declaró la fiscal Ernestina Godoy.

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Pero el registro aún no tiene integrantes pues, según la secretaria de las Mujeres (SeMujeres), Ingrid Gómez, aún tomará tiempo debido a las sentencias. Este proyecto contempla que las personas que sean sentenciadas por los delitos de feminicidio, violación, violación de menores de 12 años, turismo sexual y trata, serán inscritas a la base de datos, una vez cumplida su pena en la cárcel, por un mínimo de 10 y un máximo de 30 años.

“Hemos estado trabajando en todo lo que ha tenido que ver con la plataforma y cómo serían estos registros pero es necesario, tener sentencias ejecutorias para que puedan formar parte de este registro. En esto nos encontramos y, una vez seguramente, ya el tribunal (hoy Poder Judicial) ha estado trabajando ahora sí que a todo vapor porque hubo una limitante sobre todo en la primera fase de la pandemia que podremos ya tener sentencias para nutrir esta plataforma y esta base de datos”, dijo durante la reunión del 30 de septiembre pasado en la que participan distintos actores para atender la violencia de género.

La fiscal de justicia capitalina explicó que los jueces del Poder Judicial de la Ciudad ya han empezado a emitir órdenes para inscribir a las personas sentenciadas, con lo que buscan garantizar el derecho de las víctimas a la no repetición y a una vida libre de violencia.

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