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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la alcaldesa de Tlalpan, Patricia Elena Aceves Pastrana, por la muerte de 26 menores de edad al interior del colegio Rébsamen en los pasados sismos de septiembre de 2017.
El organismo nacional refiere que la negligencia de las autoridades, falta de supervisión, acciones y omisiones relacionadas con la seguridad estructural del plantel que colapsó, privó de la vida a 26 personas y 23 personas más lesionadas, entre ellas niñas, niños y adolescentes y personal que allí laboraba.
Entre las irregularidades encontradas están las autorizaciones para funcionar como escuela, construcción de la misma e irregularidades en la supervisión y verificación en materia de construcciones y protección civil, así como por las acciones y omisiones posteriores, consistentes en la falta de coordinación entre autoridades en las labores de búsqueda y rescate y la deficiente comunicación a los familiares de las víctimas y público en general.
Además, identifico diversos indicios que deberán ser investigados como actos de corrupción, tales como correos electrónicos respecto de los avances y autorizaciones que la demarcación territorial concedía al colegio para la realización y continuación de las obras en un cuarto piso; anomalías en la autorización de la SEP para que impartiera los niveles de preescolar, primaria y secundaria sin cubrir con la totalidad de los requisitos como el uso de suelo.
También hubo inconsistencias de los programas de Protección Civil para la escuela primaria y la escuela secundaria, ya que no contaba con Programa Interno de Protección Civil desde que inició su funcionamiento, información y evidencias que acreditan la responsabilidad por violaciones a los derechos humanos por actos y omisiones por personal de la SEP.
Señala que el Gobierno de la Ciudad de México por conducto de la SEDUVI, la Secretaría de Protección Civil y de la entonces Delegación Tlalpan, a través de la Dirección de Protección Civil, Dirección de Desarrollo Urbano, Subdirección de Permisos, Manifestaciones y Licencias y la Jefatura de la Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias de Construcción, de la demarcación territorial Tlalpan, como autoridades que incumplieron obligaciones legales.
“Para la CNDH, en las investigaciones penales y administrativas se debe considerar toda la cadena de mando dentro de la demarcación territorial Tlalpan en las diferentes fechas que se identificaron en la presente Recomendación, a efecto de identificar a los mandos y personas servidoras públicas, que fungían como responsables en las áreas encargadas de los trámites en las que hubo gestiones, autorizaciones, omisiones y visitas de inspección respecto al citado Colegio, y se investiguen sus posibles responsabilidades”.
Una de las vertientes de la falta de un adecuado manejo de información fue el asunto mediático de la supuesta niña “Frida Sofía”, quien aparentemente se encontraba con vida entre los escombros del Colegio, lo cual derivó del rumor que hizo suyo una autoridad y lo transmitió a los medios de comunicación, lo que ocasionó movilización para llevar a cabo las labores de rescate de la supuesta víctima.
