La víctima será el centro de la operación de la fiscalía general de justicia de la Ciudad de México, cuya transición girará en torno a cinco ejes, de los que destacan el acabar con el ritual de los oficios y agilizar la presentación de denuncias.
Lo anterior fue planteado por Ana Laura Magaloni Kerpel, presidenta del Comité Técnico de Transición para dar ese paso, quien presentó los avances del proceso, en el cual quienes sufran un delito serán los evaluadores del trabajo de los funcionarios a su servicio.
En el Museo de la Ciudad de México, aseguró que se acabará el trato preferencial por influyentismo, amiguismo y otros vicios que actualmente imperan en la procuración de justicia local.
Dijo que actualmente la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina no da explicaciones a la víctima, el problema está en la forma de trabajar porque sus funcionarios se ciñen a cumplir con trámites burocráticos, a tal grado que el 70 por ciento de su tiempo laboral lo dedican a esto; mientras que las carpetas de investigación terminan en el archivo temporal.
Entre los cambios planteados está convertir a la Policía de Investigación en un verdadero cuerpo que indague y que trabaje de la mano con los Servicios Periciales para esclarecer los delitos que se denuncien.
En este sentido, comentó que se terminó con el abuso policial y que se emprenderá una verdadera inteligencia para identificar la forma de operar de los delincuentes, donde actúan y horas, localización de bandas.
Agregó que en adelante se tienen tres retos importantes: Discutir y, en su caso, aprobar la ley orgánica de la nueva institución; nombrar al fiscal que lleve a buen puerto la transformación; y la aplicación gradual de este cambio, que requerirá por lo menos dos años para su instrumentación y otros dos para su profundización.
La presidenta de ese comité expresó que para el país solamente será posible cuando el sistema de procuración de justicia haga su trabajo y se fortalezca el pacto de civilidad.
Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, afirmó que la ciudad tiene un daño estructural en materia de impartición de justicia por diversas causas, el trabajo aislado y desarticulado de la PGJ y el déficit de policías de Investigación.
Se planea que la ley orgánica esté lista a fines de noviembre y entre en funciones el 10 de enero de 2020.