/ jueves 27 de septiembre de 2018

Ola de violencia en Tepito: sin freno el yugo de los delincuentes

Vecinos y comerciantes del Centro Histórico se encuentran entre el fuego cruzado de narcomenudistas

La batalla que libran La Unión y la Fuerza Antiunión –que ha desatado una ola de violencia sin precedente- tiene en medio del fuego cruzado a vecinos y comerciantes del Centro Histórico, la zona más concurrida de la capital con dos millones de visitantes diarios.

Ser comerciante, cliente o vecino de calles como Manuel Doblado, Peña y Peña, Berriozábal, República de Costa Rica, Lecumberri o José Joaquín de Herrera, en la franja norte del Centro Histórico, significa lidiar a diario contra el yugo de estos grupos delictivos.

Los empresarios son víctimas de secuestros exprés en sus propios locales y obligados a pagar un rescate de hasta un millón de pesos; el cobro de piso a los establecimientos puede ir de cinco a 50 mil pesos mensuales dependiendo del giro del local. Este dinero sirve a La Unión para financiar sus actividades.

Locatarios –quienes pidieron el anonimato por motivos de seguridad- relataron a El Sol de México que los locales están cerrando para evitar ser víctimas de la extorsión, los empresarios dejan de acudir a sus establecimientos por miedo a los secuestros y los clientes dejan de visitar la zona por temor a los robos y balaceras.

El comercio ambulante también se ha visto afectado, pues los líderes son intimidados y obligados a ceder sus puestos en la calle para que La Unión pueda instalarse y colocar a jóvenes de entre 15 y 17 años armados para que funjan como halcones.

Incluso los vecinos ven vulnerada su vida ya que un grupo que se hace llamar La Empresa se dedica a exigir un pago de 50 pesos para que puedan ingresar a la calle en donde se encuentra su domicilio.

También personas que se identifican como miembros de La Unión llegan a invadir predios desde donde instalan centros de operaciones o cobran rentas de tres mil a cinco mil pesos a quienes deciden permanecer viviendo ahí.

Todo esto se da ante los ojos de la policía que, cuentan las fuentes consultadas, no hacen nada o por miedo o por un pacto de impunidad. Además, pese a los operativos y detenciones de personas en posesión de armas o droga, acusan, nada cambia, sólo los nombres de quienes los extorsionan.

El ataque en la Plaza de Garibaldi (el 14 de septiembre) es parte de esta guerra, ya que sicarios de La Unión atentaron contra un local; en la balacera perdieron la vida la esposa y cuñada de Víctor Barajas, quien era jefe de plaza de Antiunión y fue asesinado en otra agresión directa.


La batalla que libran La Unión y la Fuerza Antiunión –que ha desatado una ola de violencia sin precedente- tiene en medio del fuego cruzado a vecinos y comerciantes del Centro Histórico, la zona más concurrida de la capital con dos millones de visitantes diarios.

Ser comerciante, cliente o vecino de calles como Manuel Doblado, Peña y Peña, Berriozábal, República de Costa Rica, Lecumberri o José Joaquín de Herrera, en la franja norte del Centro Histórico, significa lidiar a diario contra el yugo de estos grupos delictivos.

Los empresarios son víctimas de secuestros exprés en sus propios locales y obligados a pagar un rescate de hasta un millón de pesos; el cobro de piso a los establecimientos puede ir de cinco a 50 mil pesos mensuales dependiendo del giro del local. Este dinero sirve a La Unión para financiar sus actividades.

Locatarios –quienes pidieron el anonimato por motivos de seguridad- relataron a El Sol de México que los locales están cerrando para evitar ser víctimas de la extorsión, los empresarios dejan de acudir a sus establecimientos por miedo a los secuestros y los clientes dejan de visitar la zona por temor a los robos y balaceras.

El comercio ambulante también se ha visto afectado, pues los líderes son intimidados y obligados a ceder sus puestos en la calle para que La Unión pueda instalarse y colocar a jóvenes de entre 15 y 17 años armados para que funjan como halcones.

Incluso los vecinos ven vulnerada su vida ya que un grupo que se hace llamar La Empresa se dedica a exigir un pago de 50 pesos para que puedan ingresar a la calle en donde se encuentra su domicilio.

También personas que se identifican como miembros de La Unión llegan a invadir predios desde donde instalan centros de operaciones o cobran rentas de tres mil a cinco mil pesos a quienes deciden permanecer viviendo ahí.

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