/ domingo 12 de mayo de 2019

PGJ imputa homicidio calificado a directora del Colegio Rébsamen

El delito de homicidio calificado esta tipificado como grave, lo que no permitiría a la Miss Mónica llevar su proceso en libertad

El próximo jueves la juez de control, Esperanza Medrano Ortiz, determinará si somete o no a juicio a Mónica García Villegas, exdirectora del Colegio Enrique Rébsamen, quien está acusada de homicidio culposo en contra de 26 personas -19 menores de edad y siete adultos- durante el terremoto del 19 de septiembre de 2017.

En lo que se decide la suerte legal, García Villegas deberá permanecer encarcelada en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, aunque en esta audiencia inicial se declaró inocente. Además de ese delito, la profesora tiene pendiente otra carpeta de investigación por falsedad de documentos.

Asesorada por su defensa, la exdirectora del Colegio Rébasamen solicitó la ampliación del término constitucional, de 72 a 144 horas, a fin de reunir más elementos jurídicos para responder a la acusación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México.

A su vez, dicha institución informó que ofreció a la jueza pruebas contundentes para que la acusada permaneciera en prisión preventiva.

Mientras se realizaba esta audiencia, familiares de los estudiantes fallecidos en dicho colegio protestaron afuera del juzgado y exigieron justica para las víctimas.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazó algún tipo de negociación en la captura de García Villegas. Y es que el pasado sábado el despacho jurídico Coello Trejo y Asociados S.C. a través de su titular Javier Coello Trejo afirmó que García Villegas se entregó a las autoridades derivado de las negociaciones que tuvieron con un Subsecretario de Gobierno de la Ciudad de Mexico y un diputado local, sin que se dieran a conocer los nombres de ambos funcionarios.

La funcionaria aseguró que después que el 30 de abril, cuando se ofreció una recompensa de cinco millones de pesos a quien diera indicios para aprehenderla, muchas personas se presentaron a declarar ante la PGJ. También advirtió que se cumplirá la ley de parte de la Procuraduría capitalina.

-¿Usted irá a declarar en este caso?, se le preguntó, a lo que la funcionaria respondió con una sonrisa que no existen razones que le demanden acudir.

“Lo que siempre he dicho es que siempre vamos a estar del lado de las víctimas y de la justicia, aquí no se negoció nada y se tiene que hacer justicia”, aseguró.

Finalmente, el próximo jueves la jueza también fijará un plazo para dar por terminada la investigación y luego vendrá la sentencia.

LA GENTE NOS AYUDÓ OTRA VEZ

La empatía de la sociedad civil hacia los damnificados del 19 de septiembre demostró otra vez que unidos se puede lograr aprender, avanzar y ayudar. “Una vez más el apoyo de la gente nos ayudó, a todos muchas gracias”, dijo Miriam Guise madre del pequeño José Eduardo, víctima del derrumbe de este colegio.

En entrevista para El Sol de México confesó que la promesa que le hizo a su hijo se cumplió pues el objetivo era hacer lo correcto. “Él es mi motor, le prometí que iba a dar lo mejor de mi”.

Sobre la detención de Villegas consideró que es triste ver que no existió la voluntad de la directora por asumir el caso. “No me gusta desearle el mal a nadie, me hubiera gustado que hiciera lo correcto, es triste ver que no tuvo la humanidad para entregarse”.

Miriam no asistió a la audiencia inicial aunque otro grupo de padres sí estuvo presente. “Justicia, justicia, justicia”, exclamaron familiares de las víctimas.

El tío de Santiago Flores Mora comentó que las familias de las víctimas no buscan una reparación económica del daño, ya que no hay cantidad que pueda devolver a sus seres queridos. Agregó que lo único que se busca, es que las autoridades de la Ciudad de México hagan justicia e ingresen a un centro de reinserción social a la propietaria y directora que estuvo prófuga de la justicia por más de 20 meses.

A la salida de la audiencia, la hija de la directora del colegio fue perseguida por familiares quienes lanzaron consigas y la acusaron de ser cómplice en la tragedia. Mientras era escoltada hasta una camioneta de lujo, los manifestantes le gritaron: “asesina; cómplice de la tragedia” además de exigir que también fuera sancionada por su presunta complicidad.

“Toda la familia es corrupta; Mónica es solo la punta del iceberg” y “¿Cómo te sientes con todas las vidas que quitaste?”, gritaban los presentes en exigencia a las autoridades para que exista justicia en este caso.

El próximo jueves la juez de control, Esperanza Medrano Ortiz, determinará si somete o no a juicio a Mónica García Villegas, exdirectora del Colegio Enrique Rébsamen, quien está acusada de homicidio culposo en contra de 26 personas -19 menores de edad y siete adultos- durante el terremoto del 19 de septiembre de 2017.

En lo que se decide la suerte legal, García Villegas deberá permanecer encarcelada en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, aunque en esta audiencia inicial se declaró inocente. Además de ese delito, la profesora tiene pendiente otra carpeta de investigación por falsedad de documentos.

Asesorada por su defensa, la exdirectora del Colegio Rébasamen solicitó la ampliación del término constitucional, de 72 a 144 horas, a fin de reunir más elementos jurídicos para responder a la acusación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México.

A su vez, dicha institución informó que ofreció a la jueza pruebas contundentes para que la acusada permaneciera en prisión preventiva.

Mientras se realizaba esta audiencia, familiares de los estudiantes fallecidos en dicho colegio protestaron afuera del juzgado y exigieron justica para las víctimas.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazó algún tipo de negociación en la captura de García Villegas. Y es que el pasado sábado el despacho jurídico Coello Trejo y Asociados S.C. a través de su titular Javier Coello Trejo afirmó que García Villegas se entregó a las autoridades derivado de las negociaciones que tuvieron con un Subsecretario de Gobierno de la Ciudad de Mexico y un diputado local, sin que se dieran a conocer los nombres de ambos funcionarios.

La funcionaria aseguró que después que el 30 de abril, cuando se ofreció una recompensa de cinco millones de pesos a quien diera indicios para aprehenderla, muchas personas se presentaron a declarar ante la PGJ. También advirtió que se cumplirá la ley de parte de la Procuraduría capitalina.

-¿Usted irá a declarar en este caso?, se le preguntó, a lo que la funcionaria respondió con una sonrisa que no existen razones que le demanden acudir.

“Lo que siempre he dicho es que siempre vamos a estar del lado de las víctimas y de la justicia, aquí no se negoció nada y se tiene que hacer justicia”, aseguró.

Finalmente, el próximo jueves la jueza también fijará un plazo para dar por terminada la investigación y luego vendrá la sentencia.

LA GENTE NOS AYUDÓ OTRA VEZ

La empatía de la sociedad civil hacia los damnificados del 19 de septiembre demostró otra vez que unidos se puede lograr aprender, avanzar y ayudar. “Una vez más el apoyo de la gente nos ayudó, a todos muchas gracias”, dijo Miriam Guise madre del pequeño José Eduardo, víctima del derrumbe de este colegio.

En entrevista para El Sol de México confesó que la promesa que le hizo a su hijo se cumplió pues el objetivo era hacer lo correcto. “Él es mi motor, le prometí que iba a dar lo mejor de mi”.

Sobre la detención de Villegas consideró que es triste ver que no existió la voluntad de la directora por asumir el caso. “No me gusta desearle el mal a nadie, me hubiera gustado que hiciera lo correcto, es triste ver que no tuvo la humanidad para entregarse”.

Miriam no asistió a la audiencia inicial aunque otro grupo de padres sí estuvo presente. “Justicia, justicia, justicia”, exclamaron familiares de las víctimas.

El tío de Santiago Flores Mora comentó que las familias de las víctimas no buscan una reparación económica del daño, ya que no hay cantidad que pueda devolver a sus seres queridos. Agregó que lo único que se busca, es que las autoridades de la Ciudad de México hagan justicia e ingresen a un centro de reinserción social a la propietaria y directora que estuvo prófuga de la justicia por más de 20 meses.

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