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Sólo cuatro jueces analizan las preliberaciones de las personas privadas de su libertad pero el Poder Judicial de la Ciudad de México cuenta con al menos 16 jueces de ejecución de sanciones que pueden estudiar las solicitudes presentadas por el Sistema Penitenciario, por lo que es necesario que en medio de la emergencia sanitaria del Covid-19, también se le dé celeridad con más personal para que se excarcele inmediatamente, exhortan asociaciones civiles.
Nohemi Juárez Gil, abogada e integrante del área de acompañamiento jurídico de Documenta Análisis y Acción para la Justicia Social A.C., misma asociación que logró el análisis de las preliberaciones en la capital mexicana, declaró que estos 16 jueces de ejecución de sanciones pueden estudiar las solicitudes de beneficio preliberacional atendiendo las circunstancias particulares de cada caso, y con todas las medidas de seguridad para prevenir los contagios del Covid-19.
"Por el momento los cuatro jueces que conocen de personas sentenciadas ya van a retomar actividades para resolver y el resto de jueces de ejecución de sistema acusatorio también podrían emitir las resoluciones relativas a las solicitudes de beneficio que se les hayan hecho o se les puedan hacer", expuso.
Hizo un llamado a que se acelere este procedimiento y que el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México deberá entender hasta dónde resulta necesario incrementar el número de jueces.
"Dependiendo de la demanda que haya en solicitudes en trámite y de las que van a entrar, y esas estadísticas del número de personas que alcanzan estos beneficios de preliberación no las ha publicado el gobierno de la Ciudad de México entonces no tengo certeza de cuántos jueces se necesitan y nosotros estamos en la incertidumbre de cuántos se necesitan", señaló.
Desde la Asociación Civil AsiLegal, el director José Luis Gutiérrez, declaró que en la capital mexicana hay alrededor de 5 mil personas privadas de su libertad, que están un 50 % arriba de su pena, por lo que se encuentran en el supuesto de alcanzar la libertad anticipada o condicional.
Dijo que la Ciudad de México debe de tener un mínimo de 30 jueces de ejecución penal y por eso, la propuesta de AsiLegal también es que se atienda con emergencia la excarcelación.
"Porque si en el sector salud se está diciendo que quienes atienden esta pandemia son los anestesiólogo, urgenciólogos, intensivistas y están llamando a los médicos generales para que se sumen a este trabajo ¿por qué no llamamos a los jueces de adolescentes, a los jueces penales a otro tipo de jueces para que ayuden a la ejecución penal", cuestionó.
Agregó: "Si bien es cierto que la ejecución penal requiere de jueces especializados pero es evidente que eso no se ha cumplido, los jueces de ejecución que existen no están especializados porque si lo estuvieran no se hubieran ido tranquilamente a pasar la cuarentena dejando prácticamente en el Sistema Penitenciario a su suerte a las personas privadas de su libertad cuando ellos son garante de estas personas".
Declaró que los jueces de ejecución tienen bases de datos donde seguramente saben quienes ya cumplen el 50 % para el beneficio de la libertad condicionada o quienes cumplen el 70 % para el beneficio de libertad anticipada, o, mejor aun, quienes se encuentran bajo algún supuesto del artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal para que el sistema penitenciario las proponga por un tema de preliberación por política penitenciaria, pues ésta aplica cuando el sistema penitenciario identifica que tiene un gran número de personas postradas y que todas ellas pueden ser beneficiadas si y sólo sí cumplen ciertos requisitos que están regulados en el artículo mencionado.
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"La Ley es muy clara, no se pide que se regale libertad a nadie, la ley tiene regímenes de excepción, hay delitos con los que no aplica ninguno de los beneficios preliberacionales como delincuencia organizada, trata de personas y secuestro", aclaró.
Exhortó al Poder Judicial programar las audiencias que tienen pendiente para que las personas privadas de su libertad puedan tener sus beneficios con prioridad y que pidan a los directores de los 13 Centros Penitenciarios los expedientes de libertad anticipada y condicionada, y al mismo tiempo que dejen por un lado la formalidad durante la pandemia.
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