/ miércoles 26 de septiembre de 2018

Violencia e inseguridad reviven debate por autonomía en la UNAM

Expertos señalan que no se ha pedido la intervención de la policía porque el rector mantiene el control de la institución

La inseguridad y venta de drogas afuera y adentro de los campus, así como la reciente agresión de grupos porriles a estudiantes en la explanada de la Rectoría de la UNAM abren de nuevo el debate sobre si la autonomía universitaria impide que estos problemas sean enfrentados por cuerpos policíacos en sus instalaciones.

Esta semana, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, propuso crear una policía universitaria, sin embargo, la UNAM lo rechazó al argumentar que un cuerpo de seguridad armado dentro de sus instalaciones, lejos de ayudar a combatir la inseguridad, la agravaría, en lo que coinciden académicos entrevistados para El Sol de México.

Explican que incluso con los recientes acontecimientos, no se ha pedido la intervención policial a CU porque no hay un escenario de pérdida de gobernabilidad por parte del rector; los programas de prevención seguirán funcionando y las autoridades civiles deben investigar y sancionar delitos fuera del campus. El diálogo y la razón como vía para dirimir conflictos entre los estudiantes seguirán predominando por encima de la represión policíaca, aunque paradójicamente deja en alto grado de vulnerabilidad a la universidad, pues deja la puerta abierta a grupos con intereses ajenos.

“La autonomía universitaria -definida en el artículo 3o de la Constitución y en artículo 2o de la vigente Ley Orgánica de la UNAM desde 1944- surge para preservar la libertad de cátedra, las líneas de investigación, la organización administrativa y el destino de los recursos de manera autónoma sin tener que someterse a factores gubernamentales externos que limiten la capacidad de creación y la libertad de pensamiento”, menciona en una colaboración para este diario Fernando Serrano Migallón, exabogado general de la UNAM.

Sin embargo, “la autonomía universitaria no es extraterritorialidad. Los campus de la UNAM nos son territorios liberados, que no constituyan parte del territorio de las ciudades, de los estados. El asunto es un tanto cuanto de política y de institucionalidad porque la policía ya ha entrado a la universidad”, señaló en entrevista el doctor Armando Alcántara, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE).


SOLICITAR INTERVENCIÓN POLICÍACA, LA DISYUNTIVA

“Para que la policía pueda entrar a Ciudad Universitaria debe ser a petición de las autoridades universitarias. En 1977 hubo una huelga del STUNAM que quería unir a los profesores con los trabajadores y en esa época el rector Guillermo Soberón pidió la intervención de la policía con la autorización del Presidente de la República.

En el año 2000, cuando el Consejo General de Huelga estaba adueñado de las instalaciones; en ese entonces, Juan Ramón de la Fuente realizó una consulta, y resultó positiva a que se recuperaran las instalaciones de la UNAM. La situación ahora es muy diferente, en ese entonces había la ocupación de las instalaciones y ese no es el caso ahora”, explicó el académico.

Los signos de que no se ha perdido el control en la UNAM para pedir que el rector solicite la intervención policíaca es que el mismo Enrique Graue Wiechers “fue a dialogar con los estudiantes del CCH Azcapotzalco para cumplir con sus demandas”, dijo Alcántara.


PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

Existen botones en baños y postes amarillos en situaciones de emergencia para la comunidad universitaria. Lo que está a la mano es reportarlo con la gente de vigilancia, que lo canaliza. Hay líneas telefónicas para denunciar. Siendo víctima de un asalto, se llama a los de vigilancia y los canalizan al Jurídico a levantar el acta en el Ministerio Público. Estudiantes, profesores, trabajadores tienen a su alcance esos medios para denunciar de manera rápida si han sufrido algún delito, incluso si han sufrido acoso sexual.


VULNERABILIDAD

Para el doctor Romualdo López Zarate, del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco, “las universidades son espacios de la cultura y la razón... esto nos ha llevado a tener una vulnerabilidad muy alta porque cualquier grupo podría parar como lo han hecho grupos muy pequeños (30 o 40) a decenas de miles, somos muy vulnerables a eso, pero no porque existan, se debe usar el aparato represivo para sacarlos.

La mejor enseñanza es que los tenemos que convencer de que su actuar resulta inadecuado”, señaló.


La inseguridad y venta de drogas afuera y adentro de los campus, así como la reciente agresión de grupos porriles a estudiantes en la explanada de la Rectoría de la UNAM abren de nuevo el debate sobre si la autonomía universitaria impide que estos problemas sean enfrentados por cuerpos policíacos en sus instalaciones.

Esta semana, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, propuso crear una policía universitaria, sin embargo, la UNAM lo rechazó al argumentar que un cuerpo de seguridad armado dentro de sus instalaciones, lejos de ayudar a combatir la inseguridad, la agravaría, en lo que coinciden académicos entrevistados para El Sol de México.

Explican que incluso con los recientes acontecimientos, no se ha pedido la intervención policial a CU porque no hay un escenario de pérdida de gobernabilidad por parte del rector; los programas de prevención seguirán funcionando y las autoridades civiles deben investigar y sancionar delitos fuera del campus. El diálogo y la razón como vía para dirimir conflictos entre los estudiantes seguirán predominando por encima de la represión policíaca, aunque paradójicamente deja en alto grado de vulnerabilidad a la universidad, pues deja la puerta abierta a grupos con intereses ajenos.

“La autonomía universitaria -definida en el artículo 3o de la Constitución y en artículo 2o de la vigente Ley Orgánica de la UNAM desde 1944- surge para preservar la libertad de cátedra, las líneas de investigación, la organización administrativa y el destino de los recursos de manera autónoma sin tener que someterse a factores gubernamentales externos que limiten la capacidad de creación y la libertad de pensamiento”, menciona en una colaboración para este diario Fernando Serrano Migallón, exabogado general de la UNAM.

Sin embargo, “la autonomía universitaria no es extraterritorialidad. Los campus de la UNAM nos son territorios liberados, que no constituyan parte del territorio de las ciudades, de los estados. El asunto es un tanto cuanto de política y de institucionalidad porque la policía ya ha entrado a la universidad”, señaló en entrevista el doctor Armando Alcántara, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE).


SOLICITAR INTERVENCIÓN POLICÍACA, LA DISYUNTIVA

“Para que la policía pueda entrar a Ciudad Universitaria debe ser a petición de las autoridades universitarias. En 1977 hubo una huelga del STUNAM que quería unir a los profesores con los trabajadores y en esa época el rector Guillermo Soberón pidió la intervención de la policía con la autorización del Presidente de la República.

En el año 2000, cuando el Consejo General de Huelga estaba adueñado de las instalaciones; en ese entonces, Juan Ramón de la Fuente realizó una consulta, y resultó positiva a que se recuperaran las instalaciones de la UNAM. La situación ahora es muy diferente, en ese entonces había la ocupación de las instalaciones y ese no es el caso ahora”, explicó el académico.

Los signos de que no se ha perdido el control en la UNAM para pedir que el rector solicite la intervención policíaca es que el mismo Enrique Graue Wiechers “fue a dialogar con los estudiantes del CCH Azcapotzalco para cumplir con sus demandas”, dijo Alcántara.


PROTOCOLOS DE EMERGENCIA

Existen botones en baños y postes amarillos en situaciones de emergencia para la comunidad universitaria. Lo que está a la mano es reportarlo con la gente de vigilancia, que lo canaliza. Hay líneas telefónicas para denunciar. Siendo víctima de un asalto, se llama a los de vigilancia y los canalizan al Jurídico a levantar el acta en el Ministerio Público. Estudiantes, profesores, trabajadores tienen a su alcance esos medios para denunciar de manera rápida si han sufrido algún delito, incluso si han sufrido acoso sexual.


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