La Contraloría del Gobierno capitalino ha emprendido hasta el momento 13 juicios para recuperar ocho millones de pesos obtenidos por actos de corrupción, informó ayer su titular, Eduardo Rovelo Pico.
Al dar continuidad al programa “Juntos contra la corrupción”, afirmó que son temas sensibles de esta materia los que tienen que ver con corralones, reparto de fichas para recibir atención médica en los hospitales, verificaciones y en las delegaciones todos los trámites y servicios que proporcionan
Anunció que a partir de ayer se trabaja en la identificación de los 10 trámites que generan mayor molestia a los ciudadanos, los cuales se darán conocer en un micrositio que se abrirá en 15 días para difundir un primer corte.
Los primeros datos para este top-ten de trámites engorrosos y que son ventanas para la corrupción, explicó, se tomaron de las sanciones aplicadas hasta el momento a servidores públicos, pero hay una cifra negra, porque muchas veces los actos ilegales no se denuncian.
Sobre cuánto le cuesta al gobierno local la corrupción, el funcionario reconoció que no se tiene un instrumento de medición, el cual está en proceso de construcción para saber cuál es el costo de afectación con base en los expedientes que tiene la contraloría durante la administración.
En el caso de los juicios, precisó que se llaman resarcitorios, son llevados por la Procuraduría Fiscal y tienen que ver con hacer exigible, a través del proceso correspondiente, el pago económico del servidor público por los recursos que tomó ilegalmente de las arcas del gobierno de la ciudad.
Por lo que toca a las sanciones, José Ramón Amieva, encargado del despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, apuntó que se puede llegar hasta el embargo de los bienes para cubrir el crédito fiscal, el cual se calcula que por cada peso de daño patrimonial la sanción es tres veces más.
Al hablar del programa, el contralor explicó que el principal objetivo es mejorar el funcionamiento de la administración pública, por eso se recopilará de viva voz la experiencia que tengan los ciudadanos de los trámites del gobierno capitalino, a fin de detectar en dónde están generando una molestia.
“Se ha hecho un catálogo, hemos calificado el top-ten de los trámites, de los requisitos que son más engorrosos y que puedan generar una ventana de oportunidad para cometer un acto irregular”, expresó Rovelo Pico.
La primera etapa del programa ya se aplica con visitas aleatorias y cuestionarios en las dependencias con más quejas, entre las que están la Procuraduría General de Justicia, las secretarías del Medio Ambiente, la de Salud y la de Seguridad Pública, así como las 16 delegaciones.
