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En la Ciudad de México se han sumado 44 personas al Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, tan sólo de diciembre a agosto se sumaron 14 de ellas.
Para mejorar esos mecanismos ayer se firmó un convenio de cooperación y colaboración entre el Mecanismo y el C5 con el cual se generarán procesos mucho más complejos de protección, mediante el intercambio de información para dar a conocer la situación que viven estas personas.
Sobre el tema, el coordinador general del C5, Juan Manuel García Ortegón, dijo que se trata de crear una base de datos que permita de una manera más sistemática dar un seguimiento adecuado y fungir como fuente de insumos para identificar personas que pudieran estar en riesgo.
De acuerdo con el Índice Estatal de Libertad de Expresión 2019, la Ciudad de México –centro político, económico y social del país- registra una calificación de 5.1 en una escala de 10, lo cual lo deja en zona de entidades reprobadas, apenas por encima de Chihuahua y Nuevo León y cerca de Coahuila, todas ellas abatidas por la guerra contra el narco.
También habrá más datos sobre los casos que se incorporen y los que tienen medidas de protección urgente, a fin de incrementar el banco de datos que se tiene, informó la directora general del MPI, Tobyanne Ledesma Rivera.
También comentó que integrantes de ambos organismos conformarán un grupo de trabajo que se instalará en los próximos 30 días para intercambiar información sobre la protección de personas defensoras de derechos humanos así como periodistas.
Por su parte, el subsecretario de Gobierno, Arturo Medina, explicó que desde su nombramiento han echado a andar una serie de materias interinstitucionales a fin de atender a quienes están en la ciudad o vienen en busca de protección y refugio.
Es así que el C5 se suma a las sesiones del consejo consultivo ademas de llevarse a cabo trabajos interinstitucionales con las secretarías del Trabajo, Salud y Seguridad Ciudadana y el Instituto de la Juventud en la atención de los solicitantes y de sus familias, a través de los programas sociales que se tienen.
El funcionario explicó que con la SSC verán lo relativo a las medidas cautelares que llegan por parte de la Comisión de Derechos Humanos local, pues no sólo son medidas de un catálogo, sino acciones para defender la libertad de expresión.
