La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), documento que en los Centros Preventivos y de Readaptación Social (Ceresos) del Estado de México persisten situaciones apremiantes que son motivo de riesgo para que se presenten actos de tortura o maltrato contra los internos, por lo que recomendó al gobernador, Alfredo del Mazo, subsanar estas deficiencias.
El organismo defensor informó que a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), se analizaron las condiciones que se viven en los Ceresos ubicados en Almoloya de Juárez, Chalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, Otumba, Texcoco, Tlalnepantla de Baz y Valle de Bravo.
En la Recomendación M-6/2017, dirigida al gobernador estatal, Alfredo del Mazo, se establece que las condiciones de autogobierno favorecen diversas clases de abusos por parte de grupos de poder que ejercen el control de los establecimientos, lo que genera un ambiente de violencia al interior de los centros, extorsión, tráfico de sustancias prohibidas y cobro por privilegios y tratos especiales para algunos internos.
La recomendación se desprende de las visitas, informes y diagnósticos emitidos sobre los diversos centros de reclusión, al examinar el trato y condiciones de los internos, y con ello evaluar su correspondencia con los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, respecto del trato humano y digno, la legalidad y la seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal.
La CNDH refiere que las distintas visitas de supervisión a esos centros de internamiento incluyeron entrevistas con servidores públicos y personas recluidas, así como la revisión de expedientes y documentos de registro, además de recorridos por las instalaciones, con el propósito de verificar y constatar el funcionamiento y las condiciones de las distintas áreas.
Del análisis de la información recabada durante las visitas, se advierte que se continúan aplicando disposiciones anteriores a la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que se deben actualizar y adecuar a los principios y derechos consagrados en la Constitución General y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, así como a los más altos estándares contenidos en los instrumentos en materia de protección a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, como las “Reglas Mandela” y las “Reglas de Bangkok”.
Entre las irregularidades detectadas destacan la existencia de sobrepoblación y hacinamiento, condiciones de autogobierno, insuficiencia de personal, deficiencia en servicios médicos, alimentos insuficientes y de mala calidad.
