ZUMPANGO, Méx. El anuncio de la habilitación de la base militar de Santa Lucía como aeropuerto civil, pero sobre todo el de la compra de mil 284 hectáreas aledañas impulsó la compraventa especulativa. Antes, el valor del metro cuadrado en la zona rondaba los 400 o 500 pesos, hoy está entre 800 y mil 500 pesos.
En la región son pocos los terrenos dedicados al cultivo, la mayoría son predios cuyos propietarios los tenían abandonados, pero ahora, debido a la cercanía del nuevo aeropuerto se encuentran en venta.
La Sedena invertirá tres mil 30 millones de pesos para comprar 12 millones 840 mil metros cuadrados. Es decir, unos 240 pesos por metro cuadrado, en promedio.
En un recorrido por las comunidades de los municipios de Tecámac, Zumpango y Nextlalpan colindantes con la base aérea, los vecinos optaron por el hermetismo. Es por la inseguridad en la zona, justificaron algunos.
Los pocos que se atrevieron a hablar bajo el anonimato señalaron el aumento en el valor de los predios.
“Compré hace dos años un terreno a pocos metros de la autopista México- Pachuca, en San Jerónimo, a 10 minutos de donde estarán las pistas, claro antes de saber que el NAIM sería cancelado en Texcoco y el precio fue de 550 pesos el metro cuadrado, ahora en la misma zona su valor es de mil 500 pesos”, dijo en entrevista un vecino de la zona.
Refirió que conocidos que pertenecen a los grupos ejidales, cuyos terrenos están considerados para el proyecto fueron visitados por personal militar y civil, con quienes pactaron la venta, pero les pidieron discreción.
El Proyecto “Construcción de un aeropuerto mixto civil/militar con capacidad internacional en la base aérea militar No. 1 (Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y reubicación de instalaciones militares” da cuenta de las negociaciones entre la Sedena y los propietarios y ejidatarios.
En esas reuniones participa personal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, del Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para agilizar los trámites. Precisa el caso de la comunidad San Miguel Xaltocán, en donde a través de una asamblea ejidal ya se acordó establecer mesas de negociación.
