"El caso de los deslaves no es una catástrofe fortuita, pues la zona está manchada de rojo debido al alto riesgo de remoción de masas, por lo que se tienen que fincar responsabilidades, pero no sólo del Gobierno, pues se tiene que saber cómo se permitió la formalización de algunos asentamientos”, indicó en entrevista Rosalba González, experta en vivienda.
Señaló que los permisos para habitar una zona se miden a partir de las características del suelo, el lugar y el nivel de inclinación, así como tener en cuenta la temporada de lluvias y el nivel de metros cúbicos de agua que caerá; sin embargo, esto no siempre se toma en cuenta cuando se formalizan ciertos asentamientos.
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Si están regularizados los predios, los ciudadanos tienen el derecho de un asentamiento, de una vivienda; "sin embargo, si no están permitidos, (los invasores de tierras) también cuentan con mecanismos de defensa en derechos humanos que los protegen, pues no pueden dejarlos así, sin un lugar donde vivir".
“Los formales (los ciudadanos que pagan predial) tienen derecho de exigir, tanto al Gobierno de la Ciudad de México como al del Estado de México ser reubicados”, indicó la experta en urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Recordó que en América Latina crecieron los permisos para habitar ciertas zonas gracias a la regularización de tierras, ya que en muchas áreas la gente ya había edificado viviendas en esos lugares, por lo que se legalizó el asentamiento a través del otorgamiento de títulos de propiedad y acceso a servicios, que en muchas ocasiones se dio por medio de una compra de votos realizada en los últimos años, a pesar de que en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México la zona aparece con “alta susceptibilidad de laderas”.
De acuerdo con el Atlas de Riesgos elaborado por la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, la zona de Rubén Darío, Ampliación Castillo Grande, Ampliación Benito Juárez, La Pastora y hasta la Avenida del Trabajo, están pintadas de rojo debido a que son inestables.