México.- En el país “privan condicionesgeneralizadas de violencia, pobreza e inequidad” en contra de lasniñas y los niños, situación que se recrudece en los menoresmigrantes y en situación de adopción, alerta Joel Salas,comisionado del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) por loque “es urgente regular la protección de datos personales demenores”.
Al participar en el Foro Académico Protección delos Datos Personales y Privacidad de los Menores Edad, refirió queel Índice de los Derechos de la Niñez, elaborado por el ProgramaUniversitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, señaló queen el país privan condiciones generalizadas de violencia, que serecrudece en los menores migrantes, que recorren el territoriomexicano y en algunos menores en situación de adopción.
Precisó que la Ley General de Protección de DatosPersonales, próxima a ser aprobada en el Senado, deberá atenderde forma cuidadosa, el tema de la protección de datos de menoresde edad.
“Ante la coyuntura que tenemos de la Ley General,consideramos que se abre una oportunidad y desde el INAI tambiéndecimos que es urgente que nosotros mismos y los sujetos obligadosinvolucrados, logremos conformar una agenda de trabajo conjunta,para identificar las problemáticas, entorno a estos temas y, en sumomento, poder ofrecer las normativas al respecto”.
En el panel “Protección de datos personales yprivacidad de migrantes menores de edad y en situación deadopción”, Salas señaló que México, “como país detránsito para menores de edad, procedentes de los paísescentroamericanos y mexicanos, que se dirigen irregularmente aEstados Unidos, ofrece a éstos la posibilidad de gozar de losderechos, que se reconocen en la Constitución, entre ellos, elde la protección a los datos personales.
“Entre los sujetos obligados a cumplir con estasdisposiciones, sin duda están el Instituto Nacional de Migración,la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el propio DIF y sushomólogos estatales, las organizaciones privadas de albergue yayuda a los migrantes, entre otras”.
Sin embargo, el comisionado sostuvo que, “muchasveces, los migrantes no buscan el apoyo de la autoridad, sea por susituación irregular o porque desconfían de ella, al poder estarcoludidas con el crimen organizado y acuden con más frecuencia, alas organizaciones privadas para solicitar apoyo y confiarles susdatos personales”.
Dijo que para el caso de migrantes desaparecidos,“es necesario identificar el fundamento jurídico, que permitatratar datos personales, sin el consentí miento de sus titulares,así como determinar quién ostenta la representación legal deun menor migrante, en territorio nacional, cuando no estáacompañado de su tutor”.
Por otra parte, al referirse al tema de menores deedad en situación de adopción, indicó que “el INAI no cuentacon un diagnóstico institucional, lo que evidencia la ausencia dedatos confiables, sobre la atención de la infancia y laadolescencia de este sector.
“Esta situación puede ocasionar que lasautoridades no tengan control sobre el número de infantes encondición de ser adoptados y, por lo tanto, pone en riesgo suintegridad física.
“Recordemos casos de tráfico de menores de Casitasdel Sur, de donde fueron sustraídos menores de edad ylocalizados años después y, más recientemente, el de la GranFamilia”, de la Mamá Rosa.
Manifestó que el INAI tiene conocimiento, de que elSenado discute una iniciativa de Ley General de Adopciones,presentada el pasado 10 de noviembre, sin embargo, en el documentono se hace referencia a reglas o normas que protejan los datospersonales, en relación con los menores y el régimen deadopciones.
“En la iniciativa se advierte un tema, que seencuentra relacionado con la protección de datos personales demenores de edad, se trata de la creación de un registro nacionalde adopciones.
“El DIF sería el responsable de operar esteregistro, pero se alimentaría con datos que generen los propiossistemas estatales y las propias Procuradurías de ProtecciónIntegral”.
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