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Advierten varios casos de leucemia por contaminación en Guanajuato

  • Jaime Contreras
  • en México

  • También Cofepris y Profepa en la acusación por sus omisiones sanitarias
  • Ya han muerto cinco y hay varios casos de leucemia, advierte la senadora Silvia Garza
  • Entregó a la PGR la documentación que demuestra los daños causados en La Calera
  • De haber culpables, sanciones alcanzarían 9 años de cárcel; deben reparar las pérdidas

Jaime Contreras / El Sol de México

Ciudad de México.- Por la presunta actuación inadecuada e ilegal de funcionarios, la Comisión Nacional del Agua, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y de la Cofepris, en el caso de la población de la Cantera, Guanajuato -donde han muerto cinco personas por agua contaminada, una más tiene cáncer en tratamiento y hay varios casos de leucemia en menores de 15 años-, ayer se interpuso una denuncia penal ante la PGR contra quien o quienes resulten responsables de estos hechos, en donde se exige la inmediata reparación del daño tanto al ambiente como a la salud y patrimonio de los afectados.[ad id=”113700″]

Silvia Garza Galván, secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado, le hace ver a la Procuraduría General de la República que a la fecha la Profepa “aún no ha ejercido su facultad para iniciar con denuncia formal por lo que dicha autoridad ha sido omisa en ejercer sus atribuciones y como tal, debe indagarse la responsabilidad penal contra quien resulte responsable”.

Esta procuraduría, de un lado no ha actuado, y por el otro, la Conagua autorizó el uso del agua de un pozo para consumo humano, que está fuertemente contaminado con radiactividad en ese poblado guanajuatense, municipio de San José Iturbide, lo cual califica la legisladora como “negligencia inexcusable”.

En los ríos circunvecinos -se subraya en la denuncia- se han detectado sustancias de mercurio, plomo, cadmio, níquel, cromo, arsénico, cianuro o tolueno, entre otras.

De acuerdo con el Artículo 416 del Código Penal Federal, aquellos que incumplieron con la ley ambiental en este delicado asunto pudieran hacerse acreedores hasta de nueve años de cárcel y deberán pagar hasta tres mil días de multa, sin menoscabo de que deberán cubrir a los afectados y sus familias el daño físico y patrimonial por este problema, en donde hay mucha gente involucrada.

El caso de la población de La Cantera, como El Sol de México lo ha revelado, se une al de los Estados de Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Durango y Sinaloa, en donde hay fuertes problemas de contaminación y radioactividad en su ríos, pozos, presas y lagunas, donde la misma senadora Garza ha señalado que estudios de la UNAM así lo demuestran.

También expertos en la materia han señalado que este problema se ha acentuado en otras entidades como Tabasco y Chiapas, sin que las autoridades federales y locales hayan hecho su trabajo en todas las instancias respectivas.

Por lo que toca a La Cantera, la también legisladora panista establece que de acuerdo con estudios del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares -hechos a petición de la UNAM- se confirma en el pozo que abastece a esa región de Guanajuato, la presencia de sustancias radiactivas por encima de la norma, “cuatro veces mayor que el límite permitido”.

Cerca de ese poblado hay un antiguo confinamiento de residuos industriales hoy en desuso, con capacidad de almacenar 30 mil metros cúbicos de basura industrial, al que se le atribuye la severa contaminación del señalado pozo, lo que ha afectado “la salud de los habitantes de la población de la Cantera, a tal grado que se tienen muertes por la contaminación radiactiva”.

Ante esto, la Conagua declaró sin presentar documento alguno, que el agua del señalado pozo sí era apta para el consumo humano y lo abrió para la extracción del líquido provocando lesiones a la salud de los habitantes de la localidad.

En esta demanda se hace ver a la PGR que la legislación penal contempla el delito de uso indebido de atribuciones y facultades “para aquellos servidores públicos que indebidamente otorguen concesiones, permisos, licencias o autorizaciones, como sucedió para la realización de obras con el objeto de mejorar el aprovechamiento de las aguas de pozo para consumo humano”.

También se le solicita a esta entidad que la misma Conagua divulgue los estudios o dictámenes que sustentaron la apertura del señalado pozo, así como también “los resultados de los últimos estudios y muestras realizadas en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Derivado de esto, Garza Galván pide a la Procuraduría General de la República “ordene se inicie la averiguación previa correspondiente”, además de realizarse todas y cada una de las diligencias necesarias para “integrar el cuerpo del delito” y la probable responsabilidad”, sin soslayar el ejercicio de la acción penal de quien o quienes resulten responsables.

Por supuesto, la senadora blanquiazul establece la necesidad de que la propia autoridad jurisdiccional federal investigue la contaminación en la zona industrial de la Cantera, “así como el relleno sanitario y su impacto en los ríos subterráneos y mantos acuíferos”.

Cabe señalar que en Guanajuato se encuentran 27 mil de los 80 mil pozos que tiene todo el país, algunos de los cuales son clandestinos y, por ende, no tienen agua de calidad. Con datos oficiales se sabe que en el 2010 esta entidad se encontraba en el lugar 14, en cuanto a casos de cáncer en menores de 18. Actualmente ocupa el cuarto.

Un dato revelador del problema que no es meramente local, se da en el hecho de que en la cuenca Lerma-Santiago-Pacífico –que nace en el Valle de Toluca y termina su cauce en la laguna de Chapala, en Jalisco, el 64 por ciento de las aguas residuales generadas se descargan a los ríos sin tratamiento alguno por la población y las industrias asentadas a lo largo de esta región.

La senadora Garza advierte precisamente en su demanda, que resulta alarmante, que “más de 13 mil millones de metros cúbicos de aguas residuales se vierten anualmente sobre los cuerpos de agua dulce entre ellos ríos, arroyos, lagos y lagunas”.

A lo anterior se debe sumar el hecho de que las llamadas emergencias ambientales como fugas de químicos, derrames e incendios petroleros o de empresas del ramo, entre otros, también contribuyen a la intoxicación de los ríos. Del 2010 a la fecha, “la Profepa ha tenido conocimiento de dos mil 507 percances ambientales”, en donde “se incluye por cierto el derrame del Grupo Minero México en los ríos Sonora y Bacanuchi”, apunta la senadora Garza Galván.

Al cierre de esta edición no se había generado información oficial alguna de este delicado tema por parte de Conagua, Profepa, el ININ ni Cofepris. Funcionarios consultados anticiparon que analizaban las notas para tomar una determinación sobre el particular.

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