/ jueves 31 de diciembre de 2015

28 de mayo, límite para leyes anticorrupción

Nidia Marín / El Sol de México

Segunda y última parte

El Congreso de la Unión tiene el plazo de un año para aprobar y expedir la Ley General que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción. El 28 de mayo de 2016, de acuerdo al Transitorio Segundo es la fecha límite, recuerda el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República.

En los meses por venir (señala el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. IMCO) los legisladores de México deberán expedir dos nuevas leyes generales, emitir o reformar tres leyes orgánicas y adecuar un número indeterminado de leyes federales vinculadas al Sistema Nacional Anticorrupción -incluyendo materias tan delicadas como las leyes que regulan la contratación de adquisiciones y de obra pública, o el otorgamiento de concesiones públicas, entre otras- además de las modificaciones posteriores que deben hacerse en las constituciones y las leyes de los Estados y del Distrito Federal.

El asunto es que la esencia del Sistema Nacional Anticorrupción según algunos especialistas, legisladores y servidores públicos, es prometedora y puede lograr un gran cambio en cuanto al combate de la corrupción, pero insisten en que se debe prestar la atención necesaria, para que pueda trascender y convertirse en la piedra de toque para el buen funcionamiento del Estado mexicano.

Este planteamiento es del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, el cual en su publicación “Mirada Legislativa” número 92 aborda el tema “Reforma Constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción”.

A manera de resumen, señala que actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incluye bases muy generales, y le otorga un gran peso a las leyes secundarias, las cuales pueden ser influenciadas por distintos factores.

“La corrupción es un problema que afecta el correcto funcionamiento del Gobierno. En muchos países la corrupción representa un problema grave y México no es la excepción. En el año 2014, en una lista de países con menos corrupción, México se ubicó en el lugar 103 de 175 países con una puntuación de 35 sobre 100: comparte ubicación en la tabla con Bolivia, Moldavia y Níger. El país mejor evaluado es Dinamarca, con 92 puntos. Corea del Norte y Somalia son los países percibidos como más corruptos. En América Latina, México se encuentra por debajo de sus principales socios y competidores económicos: 82 posiciones por debajo de Chile; 34 lugares por debajo de Brasil. Entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nuestro país se encuentra en la última posición (34 de 34).”, precisa.

Asimismo, ante la problemática de la corrupción en el país, se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, para hacerle frente a este problema; sistema que es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de Gobierno, competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

El objetivo del mismo “es el combate de la corrupción, a través de una coordinación y cooperación sistemática de las autoridades competentes en la materia, mediante el reforzamiento de la competencia y facultades de dichas autoridades”, dice el IBD.

Además, señala, hoy en día, la Constitución incluye bases muy generales, y le otorga un gran peso a las leyes secundarias, las cuales pueden ser influenciadas por distintos factores.

Cinco ciudadanos sobresalientes

El Comité Coordinador del mencionado Sistema Nacional estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del INAI; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.

De acuerdo al trabajo del IBD, dicho Comité contará con las siguientes facultades: Establecer mecanismos de coordinación con los sistemas locales; diseñar y promover políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial acerca de las causas que los generan; determinar los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información; establecer bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades en todos los órdenes de Gobierno para trabajar en materia de fiscalización y control de los recursos públicos; y elaborar un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. Podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades.

Por lo que toca al Comité de Participación Ciudadana, dice el Belisario Domínguez que “solo se menciona que se integrará por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, y que serán designados en los términos que establezca la ley correspondiente”.

A juicio del organismo senatorial, la multicitada reforma plantea principalmente la creación del SNA, pero también modifica diversas disposiciones legales de la Constitución, reformando, adicionando y derogando algunos de sus artículos, con lo cual se generan múltiples cambios. Entre los relevantes están: La Auditoria Superior de la Federación (ASF), es una de las instituciones que más se fortaleció con esta reforma constitucional y con el mencionado decreto se cambia la denominación de Entidad de Fiscalización Superior por la de Auditoría Superior de la Federación, misma que ya se encontraba reconocida en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

“La ASF podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso, se realicen. Deberán referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta Pública. Respecto de los trabajos de planeación de las auditorías, la ASF podrá solicitar información del ejercicio en curso, acerca de procesos concluidos”, explica.

Dice también que se amplió el espectro de competencia para la ASF, al fiscalizar: de manera directa o, en coordinación con las entidades locales, las participaciones federales; el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los Gobiernos locales. En el caso de los Estados y los municipios, los empréstitos que cuenten con la garantía de la Federación; los recursos federales, los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados, o cualquier otra figura jurídica. Sanción a entidades que incumplan

Por otra parte, el Informe del Resultado de la ASF, a que se refiere el artículo 79 de la Constitución Federal cambia por “Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior”. La ASF, entregará a la Cámara de Diputados, el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente, la presentación de la Cuenta Pública, los informes individuales de auditoría que concluya durante el periodo respectivo. Asimismo y en esta última fecha, entregará el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el cual se someterá a la consideración del Pleno de dicha Cámara.

El Informe General Ejecutivo y los informes individuales –puntualiza el IBD- serán de carácter público y tendrán el contenido que determine la ley; estos últimos incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, un apartado específico con las observaciones de la ASF, así como las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas.

De manera previa a la presentación del Informe General Ejecutivo y de los informes individuales de auditoría, dice, “se darán a conocer a las entidades fiscalizadas, la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten y las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la ASF para la elaboración de los informes individuales de auditoría.

Abunda: El titular de la ASF enviará a las entidades fiscalizadas los informes individuales de auditoría que les corresponda, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que haya sido entregado el informe individual de auditoría respectivo a la Cámara de Diputados, mismos que contendrán las recomendaciones y acciones que correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes.

“En caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior no aplicará a las promociones de responsabilidades ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la Ley”, puntualiza.

En cuanto a las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la ASF las mejoras realizadas, las acciones emprendidas o, en su caso, justificar su improcedencia.

La Auditoría Superior de la Federación deberá entregar a la Cámara de Diputados, los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a cada uno de los informes individuales de auditoría que haya presentado. En dicho informe, el cual tendrá carácter público, la Auditoría incluirá los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, como consecuencia de sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los procedimientos iniciados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

“La ASF deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes individuales de auditoría y el Informe General Ejecutivo a la Cámara de Diputados; la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición. Derivado de sus investigaciones, la ASF promoverá las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos federales, a los servidores públicos de los Estados, municipios, del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, y a los particulares”, agrega.

Asimismo, se faculta al Congreso de la Unión para reformar la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, incorporando las nuevas disposiciones constitucionales, en un plazo no mayor de un año.

Nidia Marín / El Sol de México

Segunda y última parte

El Congreso de la Unión tiene el plazo de un año para aprobar y expedir la Ley General que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción. El 28 de mayo de 2016, de acuerdo al Transitorio Segundo es la fecha límite, recuerda el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República.

En los meses por venir (señala el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. IMCO) los legisladores de México deberán expedir dos nuevas leyes generales, emitir o reformar tres leyes orgánicas y adecuar un número indeterminado de leyes federales vinculadas al Sistema Nacional Anticorrupción -incluyendo materias tan delicadas como las leyes que regulan la contratación de adquisiciones y de obra pública, o el otorgamiento de concesiones públicas, entre otras- además de las modificaciones posteriores que deben hacerse en las constituciones y las leyes de los Estados y del Distrito Federal.

El asunto es que la esencia del Sistema Nacional Anticorrupción según algunos especialistas, legisladores y servidores públicos, es prometedora y puede lograr un gran cambio en cuanto al combate de la corrupción, pero insisten en que se debe prestar la atención necesaria, para que pueda trascender y convertirse en la piedra de toque para el buen funcionamiento del Estado mexicano.

Este planteamiento es del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, el cual en su publicación “Mirada Legislativa” número 92 aborda el tema “Reforma Constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción”.

A manera de resumen, señala que actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incluye bases muy generales, y le otorga un gran peso a las leyes secundarias, las cuales pueden ser influenciadas por distintos factores.

“La corrupción es un problema que afecta el correcto funcionamiento del Gobierno. En muchos países la corrupción representa un problema grave y México no es la excepción. En el año 2014, en una lista de países con menos corrupción, México se ubicó en el lugar 103 de 175 países con una puntuación de 35 sobre 100: comparte ubicación en la tabla con Bolivia, Moldavia y Níger. El país mejor evaluado es Dinamarca, con 92 puntos. Corea del Norte y Somalia son los países percibidos como más corruptos. En América Latina, México se encuentra por debajo de sus principales socios y competidores económicos: 82 posiciones por debajo de Chile; 34 lugares por debajo de Brasil. Entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nuestro país se encuentra en la última posición (34 de 34).”, precisa.

Asimismo, ante la problemática de la corrupción en el país, se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, para hacerle frente a este problema; sistema que es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de Gobierno, competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

El objetivo del mismo “es el combate de la corrupción, a través de una coordinación y cooperación sistemática de las autoridades competentes en la materia, mediante el reforzamiento de la competencia y facultades de dichas autoridades”, dice el IBD.

Además, señala, hoy en día, la Constitución incluye bases muy generales, y le otorga un gran peso a las leyes secundarias, las cuales pueden ser influenciadas por distintos factores.

Cinco ciudadanos sobresalientes

El Comité Coordinador del mencionado Sistema Nacional estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del INAI; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.

De acuerdo al trabajo del IBD, dicho Comité contará con las siguientes facultades: Establecer mecanismos de coordinación con los sistemas locales; diseñar y promover políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial acerca de las causas que los generan; determinar los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información; establecer bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades en todos los órdenes de Gobierno para trabajar en materia de fiscalización y control de los recursos públicos; y elaborar un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. Podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades.

Por lo que toca al Comité de Participación Ciudadana, dice el Belisario Domínguez que “solo se menciona que se integrará por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, y que serán designados en los términos que establezca la ley correspondiente”.

A juicio del organismo senatorial, la multicitada reforma plantea principalmente la creación del SNA, pero también modifica diversas disposiciones legales de la Constitución, reformando, adicionando y derogando algunos de sus artículos, con lo cual se generan múltiples cambios. Entre los relevantes están: La Auditoria Superior de la Federación (ASF), es una de las instituciones que más se fortaleció con esta reforma constitucional y con el mencionado decreto se cambia la denominación de Entidad de Fiscalización Superior por la de Auditoría Superior de la Federación, misma que ya se encontraba reconocida en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

“La ASF podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso, se realicen. Deberán referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta Pública. Respecto de los trabajos de planeación de las auditorías, la ASF podrá solicitar información del ejercicio en curso, acerca de procesos concluidos”, explica.

Dice también que se amplió el espectro de competencia para la ASF, al fiscalizar: de manera directa o, en coordinación con las entidades locales, las participaciones federales; el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los Gobiernos locales. En el caso de los Estados y los municipios, los empréstitos que cuenten con la garantía de la Federación; los recursos federales, los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados, o cualquier otra figura jurídica. Sanción a entidades que incumplan

Por otra parte, el Informe del Resultado de la ASF, a que se refiere el artículo 79 de la Constitución Federal cambia por “Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior”. La ASF, entregará a la Cámara de Diputados, el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente, la presentación de la Cuenta Pública, los informes individuales de auditoría que concluya durante el periodo respectivo. Asimismo y en esta última fecha, entregará el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el cual se someterá a la consideración del Pleno de dicha Cámara.

El Informe General Ejecutivo y los informes individuales –puntualiza el IBD- serán de carácter público y tendrán el contenido que determine la ley; estos últimos incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, un apartado específico con las observaciones de la ASF, así como las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas.

De manera previa a la presentación del Informe General Ejecutivo y de los informes individuales de auditoría, dice, “se darán a conocer a las entidades fiscalizadas, la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten y las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la ASF para la elaboración de los informes individuales de auditoría.

Abunda: El titular de la ASF enviará a las entidades fiscalizadas los informes individuales de auditoría que les corresponda, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que haya sido entregado el informe individual de auditoría respectivo a la Cámara de Diputados, mismos que contendrán las recomendaciones y acciones que correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes.

“En caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior no aplicará a las promociones de responsabilidades ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la Ley”, puntualiza.

En cuanto a las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la ASF las mejoras realizadas, las acciones emprendidas o, en su caso, justificar su improcedencia.

La Auditoría Superior de la Federación deberá entregar a la Cámara de Diputados, los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a cada uno de los informes individuales de auditoría que haya presentado. En dicho informe, el cual tendrá carácter público, la Auditoría incluirá los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, como consecuencia de sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los procedimientos iniciados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

“La ASF deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes individuales de auditoría y el Informe General Ejecutivo a la Cámara de Diputados; la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición. Derivado de sus investigaciones, la ASF promoverá las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos federales, a los servidores públicos de los Estados, municipios, del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, y a los particulares”, agrega.

Asimismo, se faculta al Congreso de la Unión para reformar la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, incorporando las nuevas disposiciones constitucionales, en un plazo no mayor de un año.