/ martes 17 de enero de 2017

5 fórmulas para reducir prerrogativas a partidos nacionales y estatales

*“Achicar” los gastos ordinarios, entre otras, propone Integralia

Ante los graves problemas en la economía mexicana, la danza de los millones y la costumbre de los partidos de vivir en el confort, hay caminos para reducir el financiamiento a los partidos políticos.

Son cinco propuestas: modificar la fórmula de la subvención para actividades ordinarias; transformar el tamaño del padrón; usar el número de votantes de la última elección en lugar del total de empadronados; disminuir los recursos económicos en especie que reciben los partidos a través del tiempo aire gratuito para difundir propaganda mediante spots, y achicar el financiamiento a las instituciones políticas en el ámbito estatal.

Luís Carlos Ugalde, extitular del IFE, analista y politólogo, a través de Integralia Consultores, la empresa que dirige, realiza los planteamientos tras el enojo social por el gasolinazo.

También puedes leer: 

Antes de entrar en materia señala: “Desde una perspectiva técnica y operativa, es muy fácil reducir el financiamiento público de los partidos políticos: simplemente se cambia la fórmula establecida en la Constitución y se modifican las leyes secundarias.

“A diferencia de otros objetivos de política pública, este es sencillo de implementar: basta con que el Instituto Nacional Electoral (INE) -con base en una nueva fórmula- cambie los montos de las ministraciones y reduzca las transferencias mensuales a los partidos. Hay cinco rutas que pueden seguirse”.

Sobre la primera ruta, cambiar la fórmula del financiamiento para actividades ordinarias de los partidos. Recuerda que en la reforma electoral de 2013 se estableció que el monto se obtendría al multiplicar 65 por ciento del salario mínimo por el número de inscritos en el padrón electoral.

“Ese porcentaje se podría reducir, por ejemplo, a 50 o 40 por ciento. Si en 2017 la bolsa para partidos es de tres mil 940 millones de pesos, con un factor de 40 por ciento sería de dos mil 425 millones, eso es, se ahorrarían mil 515 millones de pesos”, explica, al precisar que el senador Francisco Búrquez (PAN) presentó una iniciativa de ley que propone un porcentaje no mayor a 30 por ciento del salario mínimo, con lo cual se ahorrarían dos mil 122 millones, es decir, más de 50 por ciento.

La segunda propuesta, considerada una vía alternativa o complementaria, es modificar la otra variable de la fórmula: el tamaño del padrón. Al respecto señala que el universo de votantes relevante es la lista nominal, compuesta por quienes efectivamente cuentan con credencial para votar (el padrón suma actualmente con poco más de 83 millones de ciudadanos, mientras que la lista nominal registra 81.8 millones). “Si se usase esta última, la reducción sería de 57.9 millones de pesos en 2017”, especifica.

Más información: Se declara SCJN incompetente para revisar amparos vs. gasolinazo

En cuanto a la tercera proposición, usar el número de votantes de la última elección en lugar del total de empadronados, explica:

“Se argumenta que así se incentivaría que los partidos promuevan la participación electoral. En el esquema actual el abstencionismo no castiga a nadie, puesto que los partidos reciben sumas crecientes de dinero año con año al margen del número de votantes que eajercen el sufragio. Si se usase esta modalidad, según la votación total emitida en la elección federal de 2015 (39.87 millones de votos), el financiamiento a partidos nacionales en 2017 sería de mil 893 millones de pesos (en comparación con los tres mil 940 millones actuales), eso es, una reducción de dos mil 047 millones”.

Hace notar que tal modalidad fue recientemente propuesta por Manuel Clouthier y Pedro Kumamoto, ambos diputados “independientes”, uno federal por Sinaloa y el otro local por Jalisco.

Sin embargo…

“Un riesgo de esta modalidad serían los movimientos anti-partidos que usasen el abstencionismo para quitarles dinero y de esa forma iniciar un círculo vicioso que acabase por debilitar al sistema de partidos. La democracia requiere partidos fuertes (claro, que rindan cuentas y que actúen con legalidad), pero un mecanismo que aliente a “no votar”, en lugar de la participar, podría ser un arma letal para la democracia mexicana”, dice.

Para Ugalde, una alternativa de disuasión del boicot de corto plazo “sería usar una tasa ponderada de las últimas tres elecciones; otra, estimular premios en lugar de castigos: eso es, establecer una bolsa de financiamiento con base en 40 por ciento de la lista nominal, pero luego aumentarla si la tasa de participación de la última elección supera tal umbral o si es mayor que la elección previa. Si es menor, no hay castigo”.

Acerca de la cuarta modalidad, que es reducir el financiamiento, “en este caso en especie, que reciben los partidos a través del tiempo aire gratuito para difundir propaganda mediante spots (su valor comercial representa decenas de miles de millones de pesos)”, explica:

“Nada hay gratis bajo el sol”, considera, por lo que reducir las asignaciones de tiempo aire ahorraría recursos públicos y dejaría de saturar a los televidentes de la oleada de promocionales que en ocasiones genera más antipatía que información útil para ejercer el voto.

Análisis: Gasolinazo: preocupación legislativa

La quinta propuesta es disminuir el financiamiento de los partidos en el ámbito estatal. Se remite a la reforma electoral de 2013, cuando las entidades tuvieron que homologar sus leyes locales con la federal. “Como en esta se estableció una nueva fórmula para calcular la bolsa (65 por ciento por el número de inscritos en el padrón electoral), las entidades cambiaron sus fórmulas locales y ello significó -según una estimación de Integralia Consultores- un alza de 53 por ciento en el financiamiento a los partidos con registro estatal”.

“Si los partidos -sin justificación política u operativa, salvo un mandato de reforma- aumentaron su financiamiento estatal promedio en 53 por ciento entre 2014 y 2015, ¿acaso no podría revertirse tal esquema para reducir a la mitad dicho financiamiento?”, expone.

Enseguida, menciona los dos caminos para hacer el cambio de dicha fórmula: primero, reformar la Constitución federal y la Ley General de Partidos Políticos y se mandate a los estados replicar la nueva fórmula federal y, segundo, que se deje en libertad a cada entidad para decidir su fórmula de financiamiento y así detonar una discusión local que implique responsabilidad política.

Esa reducción, precisa, redundaría en recuperar la legitimidad de la clase política.

“La percepción de abuso, privilegios y corrupción que existe en la sociedad mexicana respecto a sus gobernantes es un impedimento cada vez mayor para que los ciudadanos acepten de forma voluntaria decisiones de gobierno -por ejemplo, el gasolinazo-. Una nueva gobernabilidad democrática basada en la legalidad y la legitimidad -no en el clientelismo o la hegemonía de un partido político- requiere que la clase gobernante ponga el ejemplo y se ajuste al cinturón igual que los gobernados”.

Advierte que no es un asunto de pesos y centavos frente a la magnitud del dinero que se requeriría para subsidiar la gasolina en 2017: 200 mil millones de pesos, pero enumera un beneficio: fortalecer a los partidos políticos, ya que el exceso de dinero los ha burocratizado “y se han convertido en administradores de “vacas gordas”, según expresión de Jorge Alcocer, después de décadas de haber sobrevivido con poco dinero, pero con mucha convicción, sacrifico y trabajo voluntario”.

Un recorte a los partidos nacionales puede significar, digamos, hasta mil 500 millones de pesos (insignificante frente a la recaudación del IEPS a bebidas azucaradas que en 2016 se estimó en 21 mil millones de pesos).

Y recuerda que en 2015 el costo presupuestario de la democracia electoral mexicana (financiamiento de partidos nacionales y estatales y de autoridades electorales nacionales y estatales) ascendió a 34 mil 505 millones de pesos.

También lee: 

¿Cuánto de ese monto podríamos ahorrar con un nuevo modelo de organización y de financiamiento electoral?, pregunta.

Expone a los partidos antes de lucha que se han burocratizado y viven en el confort del presupuesto, la solución, coincide con “Democracia a Precio Alzado”, no es desaparecer el financiamiento público, sino mantenerlo, pero repensando sus objetivos y recalculando sus montos.

Requiere, remata, que los principales beneficiarios de la danza de los millones se ajusten el cinturón.

*“Achicar” los gastos ordinarios, entre otras, propone Integralia

Ante los graves problemas en la economía mexicana, la danza de los millones y la costumbre de los partidos de vivir en el confort, hay caminos para reducir el financiamiento a los partidos políticos.

Son cinco propuestas: modificar la fórmula de la subvención para actividades ordinarias; transformar el tamaño del padrón; usar el número de votantes de la última elección en lugar del total de empadronados; disminuir los recursos económicos en especie que reciben los partidos a través del tiempo aire gratuito para difundir propaganda mediante spots, y achicar el financiamiento a las instituciones políticas en el ámbito estatal.

Luís Carlos Ugalde, extitular del IFE, analista y politólogo, a través de Integralia Consultores, la empresa que dirige, realiza los planteamientos tras el enojo social por el gasolinazo.

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Antes de entrar en materia señala: “Desde una perspectiva técnica y operativa, es muy fácil reducir el financiamiento público de los partidos políticos: simplemente se cambia la fórmula establecida en la Constitución y se modifican las leyes secundarias.

“A diferencia de otros objetivos de política pública, este es sencillo de implementar: basta con que el Instituto Nacional Electoral (INE) -con base en una nueva fórmula- cambie los montos de las ministraciones y reduzca las transferencias mensuales a los partidos. Hay cinco rutas que pueden seguirse”.

Sobre la primera ruta, cambiar la fórmula del financiamiento para actividades ordinarias de los partidos. Recuerda que en la reforma electoral de 2013 se estableció que el monto se obtendría al multiplicar 65 por ciento del salario mínimo por el número de inscritos en el padrón electoral.

“Ese porcentaje se podría reducir, por ejemplo, a 50 o 40 por ciento. Si en 2017 la bolsa para partidos es de tres mil 940 millones de pesos, con un factor de 40 por ciento sería de dos mil 425 millones, eso es, se ahorrarían mil 515 millones de pesos”, explica, al precisar que el senador Francisco Búrquez (PAN) presentó una iniciativa de ley que propone un porcentaje no mayor a 30 por ciento del salario mínimo, con lo cual se ahorrarían dos mil 122 millones, es decir, más de 50 por ciento.

La segunda propuesta, considerada una vía alternativa o complementaria, es modificar la otra variable de la fórmula: el tamaño del padrón. Al respecto señala que el universo de votantes relevante es la lista nominal, compuesta por quienes efectivamente cuentan con credencial para votar (el padrón suma actualmente con poco más de 83 millones de ciudadanos, mientras que la lista nominal registra 81.8 millones). “Si se usase esta última, la reducción sería de 57.9 millones de pesos en 2017”, especifica.

Más información: Se declara SCJN incompetente para revisar amparos vs. gasolinazo

En cuanto a la tercera proposición, usar el número de votantes de la última elección en lugar del total de empadronados, explica:

“Se argumenta que así se incentivaría que los partidos promuevan la participación electoral. En el esquema actual el abstencionismo no castiga a nadie, puesto que los partidos reciben sumas crecientes de dinero año con año al margen del número de votantes que eajercen el sufragio. Si se usase esta modalidad, según la votación total emitida en la elección federal de 2015 (39.87 millones de votos), el financiamiento a partidos nacionales en 2017 sería de mil 893 millones de pesos (en comparación con los tres mil 940 millones actuales), eso es, una reducción de dos mil 047 millones”.

Hace notar que tal modalidad fue recientemente propuesta por Manuel Clouthier y Pedro Kumamoto, ambos diputados “independientes”, uno federal por Sinaloa y el otro local por Jalisco.

Sin embargo…

“Un riesgo de esta modalidad serían los movimientos anti-partidos que usasen el abstencionismo para quitarles dinero y de esa forma iniciar un círculo vicioso que acabase por debilitar al sistema de partidos. La democracia requiere partidos fuertes (claro, que rindan cuentas y que actúen con legalidad), pero un mecanismo que aliente a “no votar”, en lugar de la participar, podría ser un arma letal para la democracia mexicana”, dice.

Para Ugalde, una alternativa de disuasión del boicot de corto plazo “sería usar una tasa ponderada de las últimas tres elecciones; otra, estimular premios en lugar de castigos: eso es, establecer una bolsa de financiamiento con base en 40 por ciento de la lista nominal, pero luego aumentarla si la tasa de participación de la última elección supera tal umbral o si es mayor que la elección previa. Si es menor, no hay castigo”.

Acerca de la cuarta modalidad, que es reducir el financiamiento, “en este caso en especie, que reciben los partidos a través del tiempo aire gratuito para difundir propaganda mediante spots (su valor comercial representa decenas de miles de millones de pesos)”, explica:

“Nada hay gratis bajo el sol”, considera, por lo que reducir las asignaciones de tiempo aire ahorraría recursos públicos y dejaría de saturar a los televidentes de la oleada de promocionales que en ocasiones genera más antipatía que información útil para ejercer el voto.

Análisis: Gasolinazo: preocupación legislativa

La quinta propuesta es disminuir el financiamiento de los partidos en el ámbito estatal. Se remite a la reforma electoral de 2013, cuando las entidades tuvieron que homologar sus leyes locales con la federal. “Como en esta se estableció una nueva fórmula para calcular la bolsa (65 por ciento por el número de inscritos en el padrón electoral), las entidades cambiaron sus fórmulas locales y ello significó -según una estimación de Integralia Consultores- un alza de 53 por ciento en el financiamiento a los partidos con registro estatal”.

“Si los partidos -sin justificación política u operativa, salvo un mandato de reforma- aumentaron su financiamiento estatal promedio en 53 por ciento entre 2014 y 2015, ¿acaso no podría revertirse tal esquema para reducir a la mitad dicho financiamiento?”, expone.

Enseguida, menciona los dos caminos para hacer el cambio de dicha fórmula: primero, reformar la Constitución federal y la Ley General de Partidos Políticos y se mandate a los estados replicar la nueva fórmula federal y, segundo, que se deje en libertad a cada entidad para decidir su fórmula de financiamiento y así detonar una discusión local que implique responsabilidad política.

Esa reducción, precisa, redundaría en recuperar la legitimidad de la clase política.

“La percepción de abuso, privilegios y corrupción que existe en la sociedad mexicana respecto a sus gobernantes es un impedimento cada vez mayor para que los ciudadanos acepten de forma voluntaria decisiones de gobierno -por ejemplo, el gasolinazo-. Una nueva gobernabilidad democrática basada en la legalidad y la legitimidad -no en el clientelismo o la hegemonía de un partido político- requiere que la clase gobernante ponga el ejemplo y se ajuste al cinturón igual que los gobernados”.

Advierte que no es un asunto de pesos y centavos frente a la magnitud del dinero que se requeriría para subsidiar la gasolina en 2017: 200 mil millones de pesos, pero enumera un beneficio: fortalecer a los partidos políticos, ya que el exceso de dinero los ha burocratizado “y se han convertido en administradores de “vacas gordas”, según expresión de Jorge Alcocer, después de décadas de haber sobrevivido con poco dinero, pero con mucha convicción, sacrifico y trabajo voluntario”.

Un recorte a los partidos nacionales puede significar, digamos, hasta mil 500 millones de pesos (insignificante frente a la recaudación del IEPS a bebidas azucaradas que en 2016 se estimó en 21 mil millones de pesos).

Y recuerda que en 2015 el costo presupuestario de la democracia electoral mexicana (financiamiento de partidos nacionales y estatales y de autoridades electorales nacionales y estatales) ascendió a 34 mil 505 millones de pesos.

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¿Cuánto de ese monto podríamos ahorrar con un nuevo modelo de organización y de financiamiento electoral?, pregunta.

Expone a los partidos antes de lucha que se han burocratizado y viven en el confort del presupuesto, la solución, coincide con “Democracia a Precio Alzado”, no es desaparecer el financiamiento público, sino mantenerlo, pero repensando sus objetivos y recalculando sus montos.

Requiere, remata, que los principales beneficiarios de la danza de los millones se ajusten el cinturón.