/ jueves 12 de noviembre de 2015

Advierte CNDH violaciones a derechos de michoacanos por autoridades y Autodefensas

México.- El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, informó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó, a través de sus investigaciones de campo, que se advirtieron violaciones a los derechos de la población del estado de Michoacán, a la seguridad y la paz pública, a la vida, libertad, trato digno, seguridad e integridad personales, libertad sexual, propiedad y acceso a la justicia, así como a derechos sociales, como la educación, por parte de autoridades federales y de grupos llamados de autodefensa.

“El Estado y sus instituciones no pueden ser omisos o indiferentes ante la presencia de esos grupos. El deber de proporcionar seguridad a las personas, garantizar la convivencia social pacífica, hacer efectivo el acceso a la justicia y preservar en el marco del derecho el ejercicio legítimo de la fuerza, corresponde única y exclusivamente al Estado”, aseguró.

Para esta Comisión Nacional, dijo, si bien los movimientos de autodefensa evidenciaron el abandono a la población y la desesperación de la sociedad, la CNDH considera que éstos no son una solución a los problemas de inseguridad que aquejan al país.

“Es el Estado quien debe proveer la seguridad, sobre todo cuando se trata de delincuencia organizada. Es necesario que el Estado recobre las funciones que había abandonado”, reiteró.

Mediante su investigación, la CNDH percibió que en un principio el objetivo de los grupos de autodefensa era protege a la población; sin embargo, con el paso del tiempo algunos grupos permitieron el ingreso de miembros de la delincuencia organizada que aprovecharon la causa de la autodefensa para fines ilícitos.

Por ello las autoridades ministeriales deben indagar el origen de las armas y el financiamiento de los grupos de autodefensa, al igual que los señalamientos sobre su pertenencia a grupos de la delincuencia organizada.

Esta Comisión Nacional reconoce que el movimiento de las autodefensas en Michoacán ha encontrado cauces tendentes a su desarme, legalización y reintegración, pero hay pendientes en materias de justicia, verdad y reparación para recobrar plenamente la seguridad en la entidad.

Por ello, la CNDH formuló 55 propuestas dirigidas a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), al gobierno del estado, al Congreso de la entidad, a los ayuntamientos de Michoacán, y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que ya están debidamente notificados.

De las cuales, indicó el ombudsman nacional, 16 están relacionadas con la procuración de justicia, 16 con la seguridad pública, 4 con educación, 11 con programas sociales y culturales, además de 8 con atención a víctimas y reparación del daño.

A la PGR se le formularon 7 propuestas, 5 a la Comisión Nacional de Seguridad, 24 al Gobierno del Estado, 4 al Congreso estatal, 12 a los Ayuntamientos y 3 a la CEAV.

/parg

México.- El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, informó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó, a través de sus investigaciones de campo, que se advirtieron violaciones a los derechos de la población del estado de Michoacán, a la seguridad y la paz pública, a la vida, libertad, trato digno, seguridad e integridad personales, libertad sexual, propiedad y acceso a la justicia, así como a derechos sociales, como la educación, por parte de autoridades federales y de grupos llamados de autodefensa.

“El Estado y sus instituciones no pueden ser omisos o indiferentes ante la presencia de esos grupos. El deber de proporcionar seguridad a las personas, garantizar la convivencia social pacífica, hacer efectivo el acceso a la justicia y preservar en el marco del derecho el ejercicio legítimo de la fuerza, corresponde única y exclusivamente al Estado”, aseguró.

Para esta Comisión Nacional, dijo, si bien los movimientos de autodefensa evidenciaron el abandono a la población y la desesperación de la sociedad, la CNDH considera que éstos no son una solución a los problemas de inseguridad que aquejan al país.

“Es el Estado quien debe proveer la seguridad, sobre todo cuando se trata de delincuencia organizada. Es necesario que el Estado recobre las funciones que había abandonado”, reiteró.

Mediante su investigación, la CNDH percibió que en un principio el objetivo de los grupos de autodefensa era protege a la población; sin embargo, con el paso del tiempo algunos grupos permitieron el ingreso de miembros de la delincuencia organizada que aprovecharon la causa de la autodefensa para fines ilícitos.

Por ello las autoridades ministeriales deben indagar el origen de las armas y el financiamiento de los grupos de autodefensa, al igual que los señalamientos sobre su pertenencia a grupos de la delincuencia organizada.

Esta Comisión Nacional reconoce que el movimiento de las autodefensas en Michoacán ha encontrado cauces tendentes a su desarme, legalización y reintegración, pero hay pendientes en materias de justicia, verdad y reparación para recobrar plenamente la seguridad en la entidad.

Por ello, la CNDH formuló 55 propuestas dirigidas a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), al gobierno del estado, al Congreso de la entidad, a los ayuntamientos de Michoacán, y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que ya están debidamente notificados.

De las cuales, indicó el ombudsman nacional, 16 están relacionadas con la procuración de justicia, 16 con la seguridad pública, 4 con educación, 11 con programas sociales y culturales, además de 8 con atención a víctimas y reparación del daño.

A la PGR se le formularon 7 propuestas, 5 a la Comisión Nacional de Seguridad, 24 al Gobierno del Estado, 4 al Congreso estatal, 12 a los Ayuntamientos y 3 a la CEAV.

/parg