/ jueves 29 de junio de 2017

Arely Gómez defiende uso de Pegasus, fue conforme a derecho

La ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Muñoz defendió el uso legal de programas y herramientas de inteligencia, tras la denuncia de que periodistas y activistas fueron espiados por el Gobierno mexicano.

Gómez, ahora secretaria de la Función Pública apuntó que la PGR, al igual que cualquier fiscalía del mundo, cuenta con "sistemas y herramientas de inteligencia que se deben usar siempre dentro del marco jurídico".

Durante una reunión de contralores en San Luis Potosí, Gómez señaló que bajo su cargo como titular de la PGR, entre febrero de 2015 y octubre de 2016, el uso de estos programas se hizo siempre conforme a derecho.

Entérate:

Durante mi mandato siempre fueron apegadas dentro del marco jurídico, lo que la ley nos da para poder combatir a la delincuencia organizada", dijo Gómez. La prensa mexicana divulgó el miércoles que la PGR compró el programa malicioso "Pegasus" cuando su titular era Jesús Murillo Karam (diciembre de 2012 a febrero de 2015) y el mismo fue usado bajo el mandato de Muñoz.

El diario estadounidense The New York Times divulgó el 19 de junio que periodistas, defensores de derechos humanos y activistas fueron espiados a través de sus teléfonos móviles con dicho programa informático, vendido exclusivamente a Gobiernos.

Según la información, recibieron mensajes de este tipo activistas del Centro Prodh, como su director Mario Patrón, su subdirector Santiago Aguirre y su coordinadora del área internacional, Stephanie Brewer.

Lee también:

También los periodistas Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui y su hijo Emilio, además de Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

"Es una forma de crimen organizado"

Este jueves, el Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, confirmó que tres integrantes del conservador Partido Acción Nacional (PAN) recibieron mensajes de texto para que su teléfono fuera infectado con "Pegasus".

A través de un comunicado, el senador Roberto Gil Zuarth, confirmó lo dicho por Citizen Lab. El ataque supone una violación a mi privacidad, a mis derechos como individuo y como mexicano. Sin embargo, reviste particular importancia que el intento de espionaje se perpetró entre el 15 y el 17 de junio del 2016, cuando ocupaba la Presidencia del Senado de la República; uno de los tres poderes de la Unión y de uno de los poderes públicos de la democracia mexicana. Momentos en los que discutíamos en la Cámara Alta, entre otras cosas, el sistema anticorrupción. Gil Zuarth afirmó que nada justifica que un gobierno federal o local, hubiese tenido acceso de manera ilegal a cualquier sistema de espionaje, pretenda o tenga el poder de vigilar a un persona. Es una forma de crimen organizado. Es un delito grave y debe ser castigado con prisión. Como senador de la República exige que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional tome en sus manos el caso y solicite información puntual sobre la adquisición y uso del sistema, así como de la información que pudo haberse obtenido de la ilegal intervención.

||Con información de EFE||

/dec

La ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Muñoz defendió el uso legal de programas y herramientas de inteligencia, tras la denuncia de que periodistas y activistas fueron espiados por el Gobierno mexicano.

Gómez, ahora secretaria de la Función Pública apuntó que la PGR, al igual que cualquier fiscalía del mundo, cuenta con "sistemas y herramientas de inteligencia que se deben usar siempre dentro del marco jurídico".

Durante una reunión de contralores en San Luis Potosí, Gómez señaló que bajo su cargo como titular de la PGR, entre febrero de 2015 y octubre de 2016, el uso de estos programas se hizo siempre conforme a derecho.

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Durante mi mandato siempre fueron apegadas dentro del marco jurídico, lo que la ley nos da para poder combatir a la delincuencia organizada", dijo Gómez. La prensa mexicana divulgó el miércoles que la PGR compró el programa malicioso "Pegasus" cuando su titular era Jesús Murillo Karam (diciembre de 2012 a febrero de 2015) y el mismo fue usado bajo el mandato de Muñoz.

El diario estadounidense The New York Times divulgó el 19 de junio que periodistas, defensores de derechos humanos y activistas fueron espiados a través de sus teléfonos móviles con dicho programa informático, vendido exclusivamente a Gobiernos.

Según la información, recibieron mensajes de este tipo activistas del Centro Prodh, como su director Mario Patrón, su subdirector Santiago Aguirre y su coordinadora del área internacional, Stephanie Brewer.

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También los periodistas Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui y su hijo Emilio, además de Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

"Es una forma de crimen organizado"

Este jueves, el Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, confirmó que tres integrantes del conservador Partido Acción Nacional (PAN) recibieron mensajes de texto para que su teléfono fuera infectado con "Pegasus".

A través de un comunicado, el senador Roberto Gil Zuarth, confirmó lo dicho por Citizen Lab. El ataque supone una violación a mi privacidad, a mis derechos como individuo y como mexicano. Sin embargo, reviste particular importancia que el intento de espionaje se perpetró entre el 15 y el 17 de junio del 2016, cuando ocupaba la Presidencia del Senado de la República; uno de los tres poderes de la Unión y de uno de los poderes públicos de la democracia mexicana. Momentos en los que discutíamos en la Cámara Alta, entre otras cosas, el sistema anticorrupción. Gil Zuarth afirmó que nada justifica que un gobierno federal o local, hubiese tenido acceso de manera ilegal a cualquier sistema de espionaje, pretenda o tenga el poder de vigilar a un persona. Es una forma de crimen organizado. Es un delito grave y debe ser castigado con prisión. Como senador de la República exige que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional tome en sus manos el caso y solicite información puntual sobre la adquisición y uso del sistema, así como de la información que pudo haberse obtenido de la ilegal intervención.

||Con información de EFE||

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