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México.- La magistrada María del Carmen Alanis Figueroaimpartió una conferencia magistral sobre la protección judicialante la violencia política. Esto, en el marco del Seminario“Violencia Política: la transgresión de los derechos políticosde las mujeres” convocado por el Tribunal Electoral del PoderJudicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, elInstituto Nacional de las Mujeres y la Fiscalía Especializada parala Atención de Delitos Electorales.
En su conferencia magistral, la magistrada planteó el marcoconceptual de la violencia política hacia las mujeres y destacólos elementos necesarios para reconocer cuándo la violencia tienecomponentes de género. Posteriormente, especificó cuáles son lasobligaciones del Estado frente a este tipo de violencia y cuálespodrían ser los recursos judiciales más adecuados, entre ellos,analizó las órdenes de protección.
La magistrada destacó que la violencia contra las mujerescontribuye a mantenerlas subordinadas, a que accedan a un nivelinferior de educación y oportunidades y a que tengan escasaparticipación política. En consecuencia, las autoridades tienenel deber de conducirse con debida diligencia, de adoptar unadecuado marco jurídico de protección, políticas de prevencióny prácticas que permitan actuar de manera eficaz frente a lasdenuncias respectivas.
Destacó que este tema genera interés a nivel internacional yaque es parte de la agenda de la duodécima reunión del Comité deExpertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belémdo Pará, así como de la sexta conferencia de Estados Partes quetendrán lugar esta semana y en las que participará en su calidadde experta por México.
Para concluir, señaló que la violencia política puedemanifestarse de muchas maneras y que, por ello, sus implicaciones yabordajes no pueden acotarse al ámbito jurídico –incluso,dentro del ámbito jurídico, no podrían ni deberían resolverseúnicamente en términos penales. En todo caso, señaló, larespuesta –judicial o administrativa- tiene que ser estructural ytener una vocación transformadora de las condiciones quepermitieron que la violencia tuviera lugar.
Esta es la labor actual del Estado de Derecho: diseñarsoluciones jurídicas con visión estructural y de largo plazo quese correspondan con un de proyecto de país y de democracia, acordea los derechos humanos y a la lucha contra la impunidad. Elloderivará en respuestas integrales para las víctimas, que lespermitan retomar sus proyectos de vida.
