Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de DerechosHumanos (CIDH) rechazó la "campaña de desprestigio" que, a sujuicio, tiene lugar en México contra el Grupo Interdisciplinariode Expertos Independientes (GIEI) que investiga el caso Ayotzinapay contra su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza.
"La CIDH rechaza de forma contundente la averiguación previainiciada contra Emilio Álvarez Icaza por un presunto delito defraude en prejuicio del Estado mexicano, en relación con eltrabajo del GIEI, tras una denuncia radicada en el contexto de estacampaña de descalificación", apuntó la CIDH en uncomunicado.
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El Gobierno mexicano reiteró que el mandato de los expertos dela Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investiga ladesaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace 18 mesesconcluye a finales de abril.
En declaraciones a Radio Fórmula, el secretario deGobernación, Miguel Ángel Osorio, descartó una nueva prórroga,como han demandado los padres de las víctimas, y pidió al GIEI"acelerar el trabajo que vienen realizando" en el mes que lesqueda.
Por otra parte, José Antonio Ortega Sánchez, presidente delConsejo Ciudadano para la Seguridad Pública, presentó hace casidos semanas una denuncia penal contra Álvarez Icaza queargumenta que los expertos han malversado los fondospúblicos que les han sido entregados a través de la CIDHal realizar actividades que no están vinculadas con lo establecidoen el acuerdo.
En su comunicado, la CIDH aclaró que al firmar el acuerdo decooperación con México, su secretario ejecutivo actuó enrepresentación de la Secretaría General de la Organización deEstados Americanos (OEA), a través de la figura de "delegación defirma".
"Conforme a las reglas de la Organización de Estados Americanos(OEA), la contribución financiera voluntaria del Estado mexicanopara la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente alas cuentas de la Secretaría General de la OEA, por medio de suSecretaría de Administración y Finanzas", explicó la Comisión.La CIDH -subrayó- no administró estosrecursos, por tanto tampoco lo hizo el SecretarioEjecutivo". La CIDH reiteró que "expresa su consternacióny considera inadmisible la apertura de una averiguación previasobre la base de esta denuncia, que por no contener ningún hechoconstitutivo de delito, resulta temeraria e infundada".
La Comisión, que cita la denuncia contra Álvarez Icaza en sucomunicado, insistió en que el acuerdo de asistencia técnica fuefirmado en 2014 por la CIDH, los representantes de los estudiantesdesaparecidos de Ayotzinapa, y el Estado mexicano, representado porla Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría deGobernación y la Procuraduría General de la República (PGR).Fueron estas mismas partes las que expresaronsu acuerdo con la selección de los cinco expertos y expertas queconstituyen el GIEI", añadió. La propuesta de dichoacuerdo, continuó la CIDH, surgió a solicitud del Estado y de losrepresentantes de los estudiantes, y se suscribió en cumplimientode los objetivos de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH araíz de los hechos que tuvieron lugar el 26 y 27 de septiembre de2014 en el estado de Guerrero.
Las partes acordaron "la incorporación de un GrupoInterdisciplinario de Expertos independientes en materia dederechos humanos, para realizar una verificación técnica de lasacciones iniciadas por el Estado mexicano", tras la desapariciónde los 43 estudiantes beneficiarios de las medidas cautelares.
"La Comisión reitera su respaldo al trabajo realizadopor el GIEI en todos sus aspectos" y apoya "en forma categórica elaccionar de su secretario ejecutivo, que en todo momentoactuó de acuerdo a las decisiones e instrucciones de los miembrosde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", subrayó lanota.
De acuerdo con la versión oficial, los 43 normalistas deAyotzinapa fueron detenidos por policías en Iguala, Guerrero, yentregados a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quieneslos asesinaron y quemaron sus restos en un basurero del municipiovecino de Cocula.
Sin embargo, el GIEI concluyó en septiembre pasado que no hayevidencias que apoyen esta hipótesis, y pidieron la apertura denuevas líneas de investigación.
Al cumplirse 18 meses de la tragedia, el vocero de los padres delos 43 estudiantes desaparecidos, Felipe de la Cruz, pidió alGobierno que, al no haberse producido los avances deseados en elcaso, se prorrogue el mandato del GIEI.
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