/ miércoles 16 de marzo de 2016

Denuncian a Emilio Álvarez por fraude

Manrique Gandaria / El Sol de México

Ciudad de México.- El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, denunció penalmente por fraude al exombudsman Emilio Álvarez Icaza, por un monto de entre un millón 250 mil dólares y dos millones de dólares, en perjuicio de la Federación.

José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo, señaló que el monto del fraude corresponde al dinero que el Gobierno mexicano ha entregado a la CIDH para cubrir los gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyos integrantes deberían ayudar al Gobierno de México en la localización de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 y en general sobre la aclaración de los hechos criminales acaecidos en Iguala, Guerrero el día mencionado y el siguiente.

Indicó que el Código Penal Federal en su Artículo 386, tipifica como fraude la conducta antisocial que consiste en que alguien “engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido”.

Por ello señala como presunto autor del fraude a Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien firmó en representación de la CIDH el addendum del Acuerdo para la Incorporación de la Asistencia Técnica Internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de los estudiantes.

Ortega Sánchez explicó que la denuncia presentada ante la PGR consiste en que el acuerdo entre la CIDH y el Gobierno mexicano implicaba que la primera enviaría a México como expertos a personas probadas , pero los cinco integrantes del GIEI son todo lo contrario.

“Ángela Buitrago, como fiscal en Colombia, acusó e hizo encarcelar a personas inocentes con base en pruebas falsas, en particular al coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien debió permanecer preso por ocho años y medio hasta que fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia de ese país, en diciembre de 2015.

Asimismo indica que Claudia Paz y Paz como fiscal general de Guatemala encubrió los actos de corrupción del destituido presidente Otto Pérez (hoy preso), protegió a grupos violentos y desató una persecución en contra de la fiscal Gilda Aguilar por actuar contra esos criminales, quienes además intentaron asesinarla. Ante el atentado contra la vida de Gilda Aguilar, Claudia Paz y Paz bloqueó las investigaciones para garantizar la impunidad de los agresores.

Por lo que hace a Carlos Beristaín, está gravemente implicado en un juicio fraudulento en contra de la empresa petrolera Chevron con el cual le han pretendido despojar de  nueve mil 500 millones de dólares. Beristaín fue contratado por el juzgado que llevó el caso como perito imparcial, pero se coludió con los demandantes para falsear peritajes sobre daños a la salud y el ambiente.

Por otra parte, dice que los “expertos” no han cumplido con los compromisos que la CIDH adquirió con el Gobierno de México en el citado acuerdo. Los “expertos” no han hecho la más mínima contribución a la localización de los desaparecidos y al esclarecimiento de los hechos.

Muy por el contrario, han pretendido sin sustento, pero con una clara intencionalidad ideológica y política, desvirtuar los avances de la investigación de la PGR, basados en evidencia, e insinuar que se trata de un montaje para encubrir a los supuestos “verdaderos” responsables, al señalar sin pruebas la supuesta responsabilidad en los hechos del Ejército mexicano y a tratar de que más de un centenar de autores materiales e intelectuales de las desapariciones y asesinatos, ya detenidos, queden libres e impunes.

Además -dice- los “expertos” han malversado los fondos públicos que les han sido entregados a través de la CIDH, al realizar actividades que nada tienen que ver con lo establecido en el citado acuerdo y su addendum.

Manrique Gandaria / El Sol de México

Ciudad de México.- El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, denunció penalmente por fraude al exombudsman Emilio Álvarez Icaza, por un monto de entre un millón 250 mil dólares y dos millones de dólares, en perjuicio de la Federación.

José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo, señaló que el monto del fraude corresponde al dinero que el Gobierno mexicano ha entregado a la CIDH para cubrir los gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyos integrantes deberían ayudar al Gobierno de México en la localización de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 y en general sobre la aclaración de los hechos criminales acaecidos en Iguala, Guerrero el día mencionado y el siguiente.

Indicó que el Código Penal Federal en su Artículo 386, tipifica como fraude la conducta antisocial que consiste en que alguien “engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido”.

Por ello señala como presunto autor del fraude a Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien firmó en representación de la CIDH el addendum del Acuerdo para la Incorporación de la Asistencia Técnica Internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de los estudiantes.

Ortega Sánchez explicó que la denuncia presentada ante la PGR consiste en que el acuerdo entre la CIDH y el Gobierno mexicano implicaba que la primera enviaría a México como expertos a personas probadas , pero los cinco integrantes del GIEI son todo lo contrario.

“Ángela Buitrago, como fiscal en Colombia, acusó e hizo encarcelar a personas inocentes con base en pruebas falsas, en particular al coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien debió permanecer preso por ocho años y medio hasta que fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia de ese país, en diciembre de 2015.

Asimismo indica que Claudia Paz y Paz como fiscal general de Guatemala encubrió los actos de corrupción del destituido presidente Otto Pérez (hoy preso), protegió a grupos violentos y desató una persecución en contra de la fiscal Gilda Aguilar por actuar contra esos criminales, quienes además intentaron asesinarla. Ante el atentado contra la vida de Gilda Aguilar, Claudia Paz y Paz bloqueó las investigaciones para garantizar la impunidad de los agresores.

Por lo que hace a Carlos Beristaín, está gravemente implicado en un juicio fraudulento en contra de la empresa petrolera Chevron con el cual le han pretendido despojar de  nueve mil 500 millones de dólares. Beristaín fue contratado por el juzgado que llevó el caso como perito imparcial, pero se coludió con los demandantes para falsear peritajes sobre daños a la salud y el ambiente.

Por otra parte, dice que los “expertos” no han cumplido con los compromisos que la CIDH adquirió con el Gobierno de México en el citado acuerdo. Los “expertos” no han hecho la más mínima contribución a la localización de los desaparecidos y al esclarecimiento de los hechos.

Muy por el contrario, han pretendido sin sustento, pero con una clara intencionalidad ideológica y política, desvirtuar los avances de la investigación de la PGR, basados en evidencia, e insinuar que se trata de un montaje para encubrir a los supuestos “verdaderos” responsables, al señalar sin pruebas la supuesta responsabilidad en los hechos del Ejército mexicano y a tratar de que más de un centenar de autores materiales e intelectuales de las desapariciones y asesinatos, ya detenidos, queden libres e impunes.

Además -dice- los “expertos” han malversado los fondos públicos que les han sido entregados a través de la CIDH, al realizar actividades que nada tienen que ver con lo establecido en el citado acuerdo y su addendum.