Manrique Gandaria / El Sol de México
Ciudad de México.- El Consejo Ciudadano para la SeguridadPública y la Justicia Penal, denunció penalmente por fraude alexombudsman Emilio Álvarez Icaza, por un monto de entre un millón250 mil dólares y dos millones de dólares, en perjuicio de laFederación.
José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo, señalóque el monto del fraude corresponde al dinero que el Gobiernomexicano ha entregado a la CIDH para cubrir los gastos del GrupoInterdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyosintegrantes deberían ayudar al Gobierno de México en lalocalización de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural deAyotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 y en generalsobre la aclaración de los hechos criminales acaecidos en Iguala,Guerrero el día mencionado y el siguiente.
Indicó que el Código Penal Federal en su Artículo 386,tipifica como fraude la conducta antisocial que consiste en quealguien “engañando a uno o aprovechándose del error en queéste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza unlucro indebido”.
Por ello señala como presunto autor del fraude a EmilioÁlvarez Icaza Longoria, quien firmó en representación de la CIDHel addendum del Acuerdo para la Incorporación de la AsistenciaTécnica Internacional desde la perspectiva de los derechos humanosen la investigación de la desaparición forzada de losestudiantes.
Ortega Sánchez explicó que la denuncia presentada ante la PGRconsiste en que el acuerdo entre la CIDH y el Gobierno mexicanoimplicaba que la primera enviaría a México como expertos apersonas probadas , pero los cinco integrantes del GIEI son todo locontrario.
“Ángela Buitrago, como fiscal en Colombia, acusó e hizoencarcelar a personas inocentes con base en pruebas falsas, enparticular al coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien debiópermanecer preso por ocho años y medio hasta que fue absuelto porla Corte Suprema de Justicia de ese país, en diciembre de2015.
Asimismo indica que Claudia Paz y Paz como fiscal general deGuatemala encubrió los actos de corrupción del destituidopresidente Otto Pérez (hoy preso), protegió a grupos violentos ydesató una persecución en contra de la fiscal Gilda Aguilar poractuar contra esos criminales, quienes además intentaronasesinarla. Ante el atentado contra la vida de Gilda Aguilar,Claudia Paz y Paz bloqueó las investigaciones para garantizar laimpunidad de los agresores.
Por lo que hace a Carlos Beristaín, está gravemente implicadoen un juicio fraudulento en contra de la empresa petrolera Chevroncon el cual le han pretendido despojar de nueve mil 500 millonesde dólares. Beristaín fue contratado por el juzgado que llevó elcaso como perito imparcial, pero se coludió con los demandantespara falsear peritajes sobre daños a la salud y el ambiente.
Por otra parte, dice que los “expertos” no han cumplido conlos compromisos que la CIDH adquirió con el Gobierno de México enel citado acuerdo. Los “expertos” no han hecho la más mínimacontribución a la localización de los desaparecidos y alesclarecimiento de los hechos.
Muy por el contrario, han pretendido sin sustento, pero con unaclara intencionalidad ideológica y política, desvirtuar losavances de la investigación de la PGR, basados en evidencia, einsinuar que se trata de un montaje para encubrir a los supuestos“verdaderos” responsables, al señalar sin pruebas la supuestaresponsabilidad en los hechos del Ejército mexicano y a tratar deque más de un centenar de autores materiales e intelectuales delas desapariciones y asesinatos, ya detenidos, queden libres eimpunes.
Además -dice- los “expertos” han malversado los fondospúblicos que les han sido entregados a través de la CIDH, alrealizar actividades que nada tienen que ver con lo establecido enel citado acuerdo y su addendum.
