/ viernes 22 de abril de 2016

Desaparecen los Consejos de Guerra; cambian a justicia oral

  • El Ejército contará con la Fiscalía General

Patricia  Torres / El Sol de México

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código de Justicia Militar y un nuevo Código Militar de Procedimientos Penales, a fin de transitar hacia el nuevo Sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio.

Con estas reformas se suprimen los consejos de guerra y crea los juzgados militares de control y tribunales militares de juicio oral; y la Procuraduría General de Justicia Militar se transforma en Fiscalía General de Justicia Militar.

Asimismo, el Cuerpo de Defensores de Oficio se convierte en la Defensoría de Oficio Militar, y se crea la Coordinación de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

La discusión y votación del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional que preside el priista Virgilio Daniel Méndez Bazán, se llevó a cabo en medio de acusaciones de Morena de “negociar en lo oscurito el PRI, PAN y PRD modificaciones al dictamen, las cuales se presentaron como una adendum antes de la votación en lo general”.

Esto provocó la molestia de Morena, quien abandonó el salón de plenos antes de la votación en lo general del dictamen, argumentando que ellos no habían sido “invitados” a la reunión de coordinadores que se llevó a cabo en el área conocida “tras banderas” del pleno.

La reforma se aprobó en lo general con 253 votos a favor, 67 en contra (entre ellos los de los diputados de Moreno que no se encontraban en el salón de plenos) y 2 abstenciones. Se turnó al Senado para sus análisis.

El dictamen lo fundamentó el diputado Virgilio Daniel Méndez Bazán del PRI, quien señaló que con dichas modificaciones se impone “al Sistema de Justicia Penal Militar su transformación, en aras de estar debidamente alineados con las reformas transformadoras en la materia y cumplir a cabalidad con una nueva óptica la subsistencia del Fuero de Guerra”.

Agregó que el documento se apega al plazo de ocho años estipulado en el Segundo Transitorio de la Reforma del Artículo 20 Constitucional de 2008, que estipula que “el proceso penal será acusatorio y oral”. El plazo límite prescribe el próximo 18 de junio.

El nuevo Sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio consigna los derechos humanos de las víctimas como sigue: derecho a ser atendido, recibir trato digno, denunciar el delito, ser informado, recibir asistencia, obtener la reparación del daño, ser escuchado, interponer querella, participar en el proceso y a inconformarse.

Desde su curul, el diputado Alfredo Basurto Román (Morena) dijo que su grupo parlamentario no participaba porque no fue convocado a la elaboración de una adenda al dictamen, que facilitaría su aprobación.

Posteriormente, el diputado Jonadab Martínez García (MC) habló a favor del documento, pero también expresó su inconformidad porque tampoco participaron en la elaboración del agregado.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, decretó un receso de 20 minutos con el fin de que se concluyera la redacción de adendum. Poco después de que se reanudó la sesión, se aprobó el agregado.

Durante la discusión de las reservas se registró un acalorado debate en el que diputados de MC y PRD, cuestionaron su contenido, mientras legisladores del PRI refutaron sus señalamientos.

Los diputados de Morena que abandonaron la sesión en rechazo a que se modificó el dictamen que se discutía sobre reformas al Código de Justicia Militar, que expiden el Código Militar de Procedimientos Penales, acusaron al PRI, PAN, PRD y MC de negociaron cambios “con los que no estamos de acuerdo”, indicó en conferencia de prensa, junto con sus compañeros de bancada Alfredo Basurto Román y Mario Juárez Rodríguez.

Insistió en que esos diputados pactaron “tras bambalinas” cambios que violan los derechos humanos.

Basurto Román, secretario de la Comisión de Defensa Nacional, aseguró que “el dictamen que se aprobó en esa comisión, es distinto al que se presentó” y aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados, “y por ello los legisladores de Morena abandonamos la sesión”.

Con los cambios al Código de Justicia Militar se suprimen los Consejos de Guerra y se crean los juzgados militares de control y tribunales militares de juicio oral. Entre las funciones de los jueces de control está garantizar los derechos humanos de las víctimas.

Asimismo, la Procuraduría General de Justicia Militar se transforma en Fiscalía General de Justicia Militar y encabezará la institución del Ministerio Público, responsable de la investigación y persecución de los probables hechos constitutivos de delito, en cuanto a la competencia de los tribunales militares.

Con la extinción de la Procuraduría General de Justicia Militar, se suprime la función de ejercer como consejero jurídico de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Se transforma el Cuerpo de Defensores de Oficio en Defensoría de Oficio Militar, para garantizar la obligación del Estado de proporcionar una defensa técnica de calidad a los imputados por delitos de la competencia del fuero militar.

También se crea la Coordinación de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, con el objeto de otorgar servicios periciales tanto al Ministerio Público como a la defensa, materializando el principio constitucional de igualdad de las partes, delimitándose los deberes a cargo de los peritos militares; con ello se cumple, además con el derecho a recibir asistencia.

Con la Reforma, se armoniza la redacción y se precisan las funciones de los operadores del sistema con el Código Militar de Procedimientos Penales en la figura del juez de control.

Se derogan las disposiciones contenidas en el Libro Tercero denominado “Del procedimiento”, cuyos supuestos jurídicos se desvinculan del Código de Justicia Militar y se incorporan junto con otras nuevas hipótesis para expedir el Código Militar de Procedimientos Penales.

Por lo que respecta al nuevo Código Militar de Procedimientos Penales, se fijan las normas para la investigación, procesamiento y sanción de los delitos en un marco de respeto a los derechos humanos.

Se establece que el proceso penal, en la jurisdicción militar, será acusatorio y oral, en cuyos trabajos se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, es decir, bajo los mismos principios que la reforma constitucional de 2008.

Garantiza que las partes reciban el mismo trato, con las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa, y un principio preponderante es que todo militar se presume inocente, y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad.

En abono a lo anterior, se garantiza la defensa como un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado, el cual podrá ejercerlo con la asistencia de su Defensor que deberá ser licenciado en derecho o abogado, con cédula profesional.

Plantea que la participación de miembros de pueblos y comunidades indígenas en procedimientos penales en la jurisdicción militar, será exclusivamente con el carácter de testigo, a quienes se les nombrará un intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura, dando certeza a su intervención.

Respecto de menores que participen como testigos en un proceso penal en la jurisdicción militar, para garantizar sus derechos y prerrogativas, se sujetará a las disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La víctima u ofendido tendrá derecho a contar con un asesor jurídico militar gratuito si lo hubiere o ser asesorado por el Ministerio Público en cualquier etapa del procedimiento; o bien, podrá contar con asesor jurídico particular en caso de que lo decida.

  • El Ejército contará con la Fiscalía General

Patricia  Torres / El Sol de México

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código de Justicia Militar y un nuevo Código Militar de Procedimientos Penales, a fin de transitar hacia el nuevo Sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio.

Con estas reformas se suprimen los consejos de guerra y crea los juzgados militares de control y tribunales militares de juicio oral; y la Procuraduría General de Justicia Militar se transforma en Fiscalía General de Justicia Militar.

Asimismo, el Cuerpo de Defensores de Oficio se convierte en la Defensoría de Oficio Militar, y se crea la Coordinación de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

La discusión y votación del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional que preside el priista Virgilio Daniel Méndez Bazán, se llevó a cabo en medio de acusaciones de Morena de “negociar en lo oscurito el PRI, PAN y PRD modificaciones al dictamen, las cuales se presentaron como una adendum antes de la votación en lo general”.

Esto provocó la molestia de Morena, quien abandonó el salón de plenos antes de la votación en lo general del dictamen, argumentando que ellos no habían sido “invitados” a la reunión de coordinadores que se llevó a cabo en el área conocida “tras banderas” del pleno.

La reforma se aprobó en lo general con 253 votos a favor, 67 en contra (entre ellos los de los diputados de Moreno que no se encontraban en el salón de plenos) y 2 abstenciones. Se turnó al Senado para sus análisis.

El dictamen lo fundamentó el diputado Virgilio Daniel Méndez Bazán del PRI, quien señaló que con dichas modificaciones se impone “al Sistema de Justicia Penal Militar su transformación, en aras de estar debidamente alineados con las reformas transformadoras en la materia y cumplir a cabalidad con una nueva óptica la subsistencia del Fuero de Guerra”.

Agregó que el documento se apega al plazo de ocho años estipulado en el Segundo Transitorio de la Reforma del Artículo 20 Constitucional de 2008, que estipula que “el proceso penal será acusatorio y oral”. El plazo límite prescribe el próximo 18 de junio.

El nuevo Sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio consigna los derechos humanos de las víctimas como sigue: derecho a ser atendido, recibir trato digno, denunciar el delito, ser informado, recibir asistencia, obtener la reparación del daño, ser escuchado, interponer querella, participar en el proceso y a inconformarse.

Desde su curul, el diputado Alfredo Basurto Román (Morena) dijo que su grupo parlamentario no participaba porque no fue convocado a la elaboración de una adenda al dictamen, que facilitaría su aprobación.

Posteriormente, el diputado Jonadab Martínez García (MC) habló a favor del documento, pero también expresó su inconformidad porque tampoco participaron en la elaboración del agregado.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, decretó un receso de 20 minutos con el fin de que se concluyera la redacción de adendum. Poco después de que se reanudó la sesión, se aprobó el agregado.

Durante la discusión de las reservas se registró un acalorado debate en el que diputados de MC y PRD, cuestionaron su contenido, mientras legisladores del PRI refutaron sus señalamientos.

Los diputados de Morena que abandonaron la sesión en rechazo a que se modificó el dictamen que se discutía sobre reformas al Código de Justicia Militar, que expiden el Código Militar de Procedimientos Penales, acusaron al PRI, PAN, PRD y MC de negociaron cambios “con los que no estamos de acuerdo”, indicó en conferencia de prensa, junto con sus compañeros de bancada Alfredo Basurto Román y Mario Juárez Rodríguez.

Insistió en que esos diputados pactaron “tras bambalinas” cambios que violan los derechos humanos.

Basurto Román, secretario de la Comisión de Defensa Nacional, aseguró que “el dictamen que se aprobó en esa comisión, es distinto al que se presentó” y aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados, “y por ello los legisladores de Morena abandonamos la sesión”.

Con los cambios al Código de Justicia Militar se suprimen los Consejos de Guerra y se crean los juzgados militares de control y tribunales militares de juicio oral. Entre las funciones de los jueces de control está garantizar los derechos humanos de las víctimas.

Asimismo, la Procuraduría General de Justicia Militar se transforma en Fiscalía General de Justicia Militar y encabezará la institución del Ministerio Público, responsable de la investigación y persecución de los probables hechos constitutivos de delito, en cuanto a la competencia de los tribunales militares.

Con la extinción de la Procuraduría General de Justicia Militar, se suprime la función de ejercer como consejero jurídico de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Se transforma el Cuerpo de Defensores de Oficio en Defensoría de Oficio Militar, para garantizar la obligación del Estado de proporcionar una defensa técnica de calidad a los imputados por delitos de la competencia del fuero militar.

También se crea la Coordinación de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, con el objeto de otorgar servicios periciales tanto al Ministerio Público como a la defensa, materializando el principio constitucional de igualdad de las partes, delimitándose los deberes a cargo de los peritos militares; con ello se cumple, además con el derecho a recibir asistencia.

Con la Reforma, se armoniza la redacción y se precisan las funciones de los operadores del sistema con el Código Militar de Procedimientos Penales en la figura del juez de control.

Se derogan las disposiciones contenidas en el Libro Tercero denominado “Del procedimiento”, cuyos supuestos jurídicos se desvinculan del Código de Justicia Militar y se incorporan junto con otras nuevas hipótesis para expedir el Código Militar de Procedimientos Penales.

Por lo que respecta al nuevo Código Militar de Procedimientos Penales, se fijan las normas para la investigación, procesamiento y sanción de los delitos en un marco de respeto a los derechos humanos.

Se establece que el proceso penal, en la jurisdicción militar, será acusatorio y oral, en cuyos trabajos se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, es decir, bajo los mismos principios que la reforma constitucional de 2008.

Garantiza que las partes reciban el mismo trato, con las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa, y un principio preponderante es que todo militar se presume inocente, y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad.

En abono a lo anterior, se garantiza la defensa como un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado, el cual podrá ejercerlo con la asistencia de su Defensor que deberá ser licenciado en derecho o abogado, con cédula profesional.

Plantea que la participación de miembros de pueblos y comunidades indígenas en procedimientos penales en la jurisdicción militar, será exclusivamente con el carácter de testigo, a quienes se les nombrará un intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura, dando certeza a su intervención.

Respecto de menores que participen como testigos en un proceso penal en la jurisdicción militar, para garantizar sus derechos y prerrogativas, se sujetará a las disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La víctima u ofendido tendrá derecho a contar con un asesor jurídico militar gratuito si lo hubiere o ser asesorado por el Ministerio Público en cualquier etapa del procedimiento; o bien, podrá contar con asesor jurídico particular en caso de que lo decida.